El movimiento de mujeres y disidencias aglomerado en la extensa red que son los feminismos ha logrado dentro de la reivindicación de sus derechos que se reconozca la violencia de género como un ejercicio de dominación y poder del hombre-cis-heterosexual. Esta violencia puede ser ejercida de diferentes maneras, todas enlazadas entre sí: estructural, cultural, institucional, física y simbólica.

Si bien consiguieron que se reconozcan esas violencias como una especificidad de la dominación de un género por sobre otro y que la justicia lo nombre como femicidios, los casos de asesinatos y abusos cometidos por varones no han dejado de incrementarse desde 2020, pidiendo incluso un amparo legal de emergencia nacional. Sin embargo, sólo en pocas provincias o localidades se concretó como ordenanza municipal. La localidad de Pilar en Córdoba es uno de ellos.

Allí vivía Luana Ludueña, quien tenía 26 años cuándo decidió quitarse la vida, meses después de haber sufrido abuso sexual y psicológico por parte del ex director Provincial de Protección Civil, Diego Concha. Actualmente, Concha está imputado y detenido en la cárcel de Bouwer y a la espera del juicio que se llevará a cabo el próximo lunes 5 de agosto en la Cámara 3° del Crimen de Tribunales II-, Fructuosa Rivera 720, Ciudad de Córdoba.

Para conocer cuáles son los pedidos de justicia por parte de amigos y familiares, cómo fue el seguimiento de la causa desde el 2022 y la complicidad que hay detrás de la jerarquía del poder patriarcal, el medio estuvo en diálogo con Romina Corbalán, parte del Colectivo de Mujeres y Disidencias de Pilar.

“Cada vez que hay una violación y un femicidio, la justicia y los medios ponen el foco en la víctima y nunca nos preguntamos quienes eran los agresores, que hacían y por qué pudieron hacer lo que hicieron”, comenta Romina.

Complicidad y poder patriarcal

Previo a ser imputado por sumar tres causas por violencia de género, dos por parte de su ex pareja y la última realizada por la madre de Luana al enterarse que su hija fue abusada, Diego Concha fue jefe del Cuerpo de Bomberos de Icho Cruz por 25 años. Incluso presentó un proyecto en la legislatura Unicameral para que el cuartel lleve su nombre.

“Su buen desempeño” lo llevó a ocupar durante diez años el cargo de Director Provincial de Protección Civil, designado por los ex gobernadores, Juan Manuel De La Sota en su tercer mandato y Juan Schiaretti. Desde allí articuló acciones con la cúpula de la policía provincial. Asimismo, ese “accionar ejemplar” fue puesto en duda en más de una ocasión por su negligencia ante situaciones críticas como los incendios forestales entre el 2020 y 2021, donde se quemaron más de 400 mil hectáreas o en la búsqueda de personas desaparecidas como Mariela Natalí y Cecilia Basaldúa, quienes finalmente aparecieron muertas.

Ya en una carta abierta en el 2022 por parte del grupo de brigadista forestales comunitarias “Las Fuegas”, se preguntaron, “¿qué tienen en común las causas de género con las ambientales? Sus agresores”, ante la indiferencia del cuerpo de bomberos y del Estado.

Una vez imputado y apartado de su cargo, Concha continuó haciendo abuso del poder, enviando a Emiliano Conti -ex pareja de Luana y bombero encargado del Equipo Táctico de Acción en Catástrofes (ETAC)- para extorsionarla y que así diera de baja su testimonio.

Sólo la persona que toma la decisión de cometer un suicidio sabe realmente el por qué. Sin embargo la presión, el hostigamiento y la complicidad del pacto machista, fue un caldo de cultivo para que Luana le dijera en más de una ocasión a su madre que quería que se acabara su sufrimiento.

“La demora del juicio se dió así porque había que cambiar la carátula de la causa por ‘homicidio en ocasión de abuso sexual’. Fue importante el cambio porque al principio se lo tomó como un suicidio. El abogado -Carlos Nayi- expuso que Luana fue inducida a tomar la decisión por el hostigamiento que tuvo, desde que denunció hasta que se quitó la vida”, comenta Romina.

El antecedente del que se valió el abogado querellante fue el falló histórico en el 2021, año previo al suceso por el que se lo inculpó a Concha en el caso Sathya Insaurralde, cuyo padre, Walter Emanuel Insaurralde, fue condenado a prisión perpetua por similar figura penal.

Hasta el momento el acusado negó los cargos que se alzaron en su contra y en una entrevista para Canal 13 remarcó que irá “hasta las últimas consecuencias para que se sepa la verdad”. Por su parte el abogado defensor Carlos Hairabedian -por quien se pospuso el inicio del juicio debido a un accidente doméstico- comentó que fue “víctima del fundamentalismo feminista de Tribunales”. Ante ello y tras negar la apelación del recurso de oposición, el abogado Nayi remarcó que “Concha es víctima del fundamentalismo de la prueba, que es contundente”.

Si se puede apelar con tanta liviandad de que las causas por las que se lo imputa es resultado de un “fundamentalismo feminista”, es gracias a una red de complicidad patriarcal que les permite ocupar cargos de poder sin ningún tipo de consecuencia, ya que la condena penal tampoco es una solución a la complejidad que significa transformar una cultura cada vez más cristalizada.

“Tenemos un femicidio cada treinta horas y abusos sexuales que no son denunciados a causa del abuso de poder. Nos resulta injusto, nos da bronca pero también nos da la fuerza de seguir luchando. Por eso seguimos exigiendo que se investigue a todo el entorno y que haya un cambio significativo para modificar la estructura, porque está hecha para que él pueda hacer lo que hizo”, comenta Romina.

Los cuerpos nos son territorio de conquista

Reconocer y prevenir la violencia implicar acompañar a la víctima sin revictimizarla pidiéndole que reviva lo sucedido. Entender que, la situación traumática, no le permite elaborarlo como parte de su historia. Todo se dificulta cuando el abusador también es el jefe, la pareja o el compañero de trabajo de la persona.

“Queremos que las compañeras que están todavía en la institución puedan tener las garantías de que van a ser cuidadas, de que puedan contar si pasan una situación de abuso. Tenemos el impulso de seguir luchando pidiendo justicia por Luana y por las que están sufriendo violencia”, insiste Romina.

Estas violencias se enmarcan dentro de espacios institucionales que en su mayoría están conformados por lógicas patriarcales. Por tanto, la ley 26.485 de Erradicación de la Violencia Contra la Mujer lo define como aquella que es “realizada por las/los funcionarias/os, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública, que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta ley”.

Se repite a la usanza que “la justicia tiene sus tiempos”. También se sabe que “el tiempo es oro”, por lo que se podría deducir que detrás de los espacios de poder hay intereses en juego donde se ven implicados, no ya sólo derechos, si no capitales políticos, económicos y simbólicos que sostienen toda una estructura representativa, vigente al día de hoy.

“Diego Concha no es un sujeto aislado. No fue un gran funcionario público que se equivocó en su vida privada. Es fruto de una cultura patriarcal, que ejerce el poder brutalmente en todos los ámbitos. Es parte de un sistema político que nos mata. En la vida privada y en la vida pública”, comparten Las Fuegas.

El grupo de Las Fuegas es parte de las que estarán recordando el principio de que: “ni los montes ni los cuerpos son territorios de conquista”, cuando el lunes aparezca Diego Concha en Tribunales y comience el juicio para que el crimen de Luana no quede impune.

Foto de portada: Julio Pereyra (ET)