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La política, lo político y el fuego

La política, lo político y el fuego

En cincos días se quemaron unas 20mil hectáreas en Córdoba. Ese monte nativo que se quemó ahora se encuentra a merced de los negocios que el schiarettismo no deja de beneficiar. La responsabilidad política busca esconderse tras una responsabilidad individual inculpando jóvenes "perejiles", un modus operandi ya conocido de la fiscal Paula Kelm. La tendencia creciente de la organización comunitaria evidencia una necesidad: que el ecocidio cese hoy.

Redacción Enfant Terrible Córdoba

12/09/2022

Foto: Natalia Roca/Brigada Inchin. Alias: brigada.inchin

Después de casi cinco días de fuego en distintos puntos de la provincia de Córdoba, con gravedad en el caso del incendio iniciado en el basural de Huerta Grande y terminó expandiéndose hasta quemarse 3.700 hectáreas en las Sierras, se puede decir que todos los incendios han sido controlados. Un nuevo episodio que angustió hasta en la ciudad capital, donde llegaron las cenizas y el humo que taparon las sierras.

Aproximadamente 20mil hectáreas quemadas en menos de una semana, evidenciaron -otra vez- la ineficacia o nula voluntad política del Gobierno Provincial para prevenir estos desastres, la mayoría de las veces intencionales, a pesar de la creación de nuevos cuerpos como los ETAC en 2021 .

La situación de los incendios en Córdoba revela que por un lado, el Gobierno no sólo ha demostrado déficit en un Plan Provincial de Manejo contra el Fuego que prevenga los incendios, sino que los fondos de dicho plan vienen siendo recortados y redireccionados. Esto lo refleja un informe de la La Luna con Gatillo, donde los colegas plantean que hay una brecha entre los presupuestado y lo ejecutado: “Los números que maneja el presente portal calculan un total de 28 millones de dólares que desde el 2004 la Provincia no utilizó para equipar a los bomberos, sino que los envío a ahorro corriente para solventar obra pública. Eso es el equivalente a todo lo emitido en su totalidad en los últimos cinco años, de 2021 a 2017”.

Córdoba Capital cierta de cenizas por los incendios el pasado miércoles 07/09/2022. Foto: Juan Cristian Castro para Enfant Terrible

¿Qué política ambiental?

Este avance del fuego cada vez redefine más lo que se disputa políticamente. Tanto una cuestión presupuestaria-ejecutiva como legislativa, cuya hegemonía el Gobierno de Juan Schiaretti aprovecha para imponer. En este sentido, cabe destacar el avance en la Unicameral sobre la modificación de la Ley de Política Ambiental (LPA - 10.208).

Tanto Schiaretti y su cartera extractivista que es la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, junto a legisladores oficialistas, eliminaron las exigencias para la presentación obligatoria de Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y convocatorias a Audiencias Públicas. Estos puntos claves de la LPA impactan en la transparencia de la presentación de los proyectos extractivistas (comunicacionales, inmobiliarios, ganaderos y mineros), así como la participación de las comunidades o sectores de la sociedad potencialmente afectados por los mismos.

De esta manera, el Gobierno ha oficializado una ley que muchas veces sirvió a las organizaciones y asambleas que defienden el ambiente como argumento para exponer las ilegalidades e irregularidades, en instancias como las Audiencias Públicas, como las realizadas en torno a las autovías de Punilla y Paravachasca, con EIA precarios y rechazos ciudadanos del 90% a las obras. De esta manera, el Gobierno inscribe en lo legislativo su "política ambiental", tal como lo hace con los incendios.

Justicia es una cosa, Poder Judicial otra

Con una problemática tan instalada en Córdoba como son los incendios, con índices superadores a nivel mundial de hectáreas quemadas, sumado a la crisis hídrica que atraviesa la provincia, ante la que el Gobierno actúa construyendo un acueducto para traer agua contaminada del Río Paraná, con desprecio hacia las fuentes de agua locales, implicaría mirar la responsabilidad política desde una perspectiva de lo que es la Justicia Ambiental con otros enfoques, más serios, más integrales.

La Justicia Ambiental como rama del Derecho viene impregnando los viejos textos eurocéntricos y antropocéntricos en materia judicial. Hay una tendencia ética y política de regir los hechos y sancionar los delitos más allá que actos individuales aislados.

En la ocasión del incendio en Huerta Grande la semana pasada, el cual se inició en el basural de dicho localidad. La lectura debería complejizarse, pero el intendente schiarettista de Huerta Grande, Matías Montoto, avaló la versión de que dos menores iniciaron los incendios en el basural, apostado en medio del monte. Este señalamiento implicó el despliegue jurídico para investigar y penalizar a los jóvenes, con ausencia total de autocrítica sobre la responsabilidad política en los hechos.

En diálogo con Radio Panamericana de Huerta Grande, la madre de uno de los adolescentes acusados explicó que: “Mi hijo se levantó al mediodía, el otro chico, hay cámaras que se lo ve que está trabajando. A mi hijo los están nombrando en todos lados, va a quedar marcado. Que aparezca el nombre de la persona que vio a mi hijo (...) es algo muy injusto lo que están haciendo, no pueden marcar a alguien y agarrar perejiles para cubrir cosas, que cada uno se haga responsable de lo que hizo, no voy a parar hasta llegar hasta las últimas consecuencias”.

Tal como sucedió en el caso de Cecilia Basaldúa, la misma fiscal a cargo de investigar el femicidio de la joven, Paula Kelm, quien avaló la versión de los policías para inculpar a un "perejil" en el crimen, ahora vuelve a pararse sobre una versión oficializada y ya ordenó el allanamiento de los hogares de los adolescentes. De esta manera, lo que se ve es un Poder Judicial cómplice con el ecocidio.

El abogado de uno de los jóvenes, Luis Galli, dijo a Portal de Opinión, que en el lugar donde inició el incendio en Huerta Grande se montó un depósito clandestino de basura y que por las noches se prende fuego a podas y otros elementos para hacer más lugar: “Hay basurales clandestinos porque hay una falta de política concreta para definir dónde tiramos la basura”. Con respecto a los jóvenes y en consonancia con el discurso de la madre expuesto más arriba, dijo: “Puedo probar que ellos no estuvieron en el lugar del hecho en el momento en que se lo sindican”.

Organización comunitaria: guardia solidaria con el monte

En medio de este triste escenario, alimentado por la angustia de una crisis que afecta el día a día en distintos sectores de la sociedad -salvo en los beneficiados del desastre- las brigadas forestales comunitarias indican que no todo está entregado a la suerte de las llamas y las especulaciones.

Cada vez es mayor el grado de organización y conciencia que despiertan brigadistas, instando a la acción vecinal y ciudadana, creando cierta legitimidad sobre el cuidado del territorio, que las instituciones han perdido. De esta manera, también crecen los aportes a los CBU para el financiamiento autogestivo de estos cuerpos comunitarios, a pesar de la invisibilidad que los medios hegemónicos de comunicación y los reportes oficiales hacen pesar sobre ellos.

El fuego en el monte se ha convertido en un auténtico campo de batalla. Las personas exponen su vida en eso, están en primera línea. Ese accionar es todo para demostrar que el monte no sobra, que hay que defenderlo para defender la vida, la biodiversidad. Pero esto no puede romantizarse, ni mucho menos naturalizarse, los recursos de las brigadas son muy escasos a comparación de los presupuestos del Gobierno. Nos encontramos ante un punto límite, esto tiene que cambiar, el ecocidio tiene que parar.