Hace pocas semanas la Corte Suprema de Justicia desestimó el amparo presentado por la Cooperativa Integral. La medida fue presentada en 2017 para evitar que los servicios de saneamiento cloacal, agua potable y gas de Villa Carlos Paz fueran a parar a manos privadas.

El nuevo avance privatizador, aunque encubierto, se desarrolla de la mano del recién elegido intendente del municipio, el radical Daniel Gómez Gesteira quien a su vez tomó el relevo de Esteban Avilés, de abierta filiación macrista que ya intentara avanzar sobre la Cooperativa en 2017. Claramente la ofensiva contra la Coopi viene de larga data.

Son en total 57 los años de gestión cooperativa de servicios que abastecen de agua potable, cloacas y gas a los 120.000 vecinos que viven en Carlos Paz. Además de garantizar los insumos básicos para vivir dignamente y sin ánimo de lucro, la Coopi emplea y garantiza el sustento de 400 familias. Ante el empuje "normalizador" del intendente, peligran más de la mitad de esos empleos y existen pocas o ninguna garantía para el resto ya que, de efectivizarse el traspaso de servicios "sólo se empleará al personal necesario" según declaró Gesteira en Via Córdoba.

Desde el Sindicato de Personal de Obras Sanitarias y el de Luz y Fuerza emitieron sendos comunicados solidarizándose con las medidas de lucha de la Cooperativa Integral y rechazando la intentona privatizadora "Los trabajadores de servicios públicos debemos defender en unidad los puestos de trabajo, así como el acceso a los servicios esenciales y a los recursos vitales para todos los cordobeses. El agua, como la Energía, son Derechos Humanos" apuntaron.