En marzo de este año, Suri de 4 años de edad, luego de haberse mudado con su madre a un monoambiente -que tiene pérdidas de agua, humedad y sin calefacción- por motivos de violencia de género, decide contar que su progenitor habría abusado de él.

Su madre, según revelaron las fuentes que se acercaron a Enfant, solicitó el botón antipánico y una restricción cautelar, renovada dos veces. La primera dura tres meses, por cada renovación se acorta a dos. En el plazo de seis meses, aproximadamente, el agresor habría roto la perimetral en más de una ocasión, llegando a perseguir con el auto a la madre y al niño, lo que alertó a los vecinos.

“La problemática real comienza en enero de 2025 cuando el padre amenaza a la madre con llevarse al niño y quitarle la tenencia. Ella hace la denuncia por violencia de género teniendo que declarar la amenaza y los intentos de femicidios, violencia psicológica y económica”, describe la fuente.

La denuncia quedó truncada, ya que la justicia en lugar de llamar a indagatoria al agresor, terminó por revictimizar a la mujer, dejándola expuesta no sólo a la voluntad del padre de respetar la cautelar, sino que además quedó sin ningún tipo de respaldo judicial. La gota que rebalsó el vaso fue el relato de abuso por parte de Suri.

“La familia intentó ampliar la denuncia y no se lo permitieron. En medio de la alteración, shock y trauma de la noticia, la policía al contrario de calmar y acompañar, la culpó por no denunciar antes”, comparte.

Restricción judicial y escasez de personal

La preocupación de las organizaciones que están acompañando desde Córdoba: Asamblea Ni Una Menos, coro Luna Verde, es por el entorpecimiento judicial y la escasez de personal capacitado para realizar el acompañamiento. Ejemplo de ello fue la respuesta que le dieron a la madre, desde el Polo de la Mujer, al decir que no cuentan con profesionales de salud mental para realizar las pericias psicológicas a Suri, debido al colapso del sistema. La psicóloga y la asistente social están desde diciembre sin percibir el salario.

Para tomar magnitud de la problemática, la Guía y Orientaciones frente al abuso sexual de NNyA de la Provincia de Córdoba, describe que en el país no hay un registro oficial, aunque se estima que 1 de cada 5 NNyA padece abuso sexual antes de cumplir los 18 años; entre el 70 y 80% de los casos de abuso ocurren dentro del hogar; y, cada 1000 casos, sólo 100 se denuncian y apenas 1 recibe condena.

En medio de las discusiones por el proyecto para agravar las penas por motivos de “falsas denuncias”, el desfinanciamiento en materia de género y el desmantelamiento del ex Ministerio de la Mujer y diversidades, casos como el descrito demuestran, una vez más, que la desprotección no es ideológica, más bien vulneran la presunción de derecho del NNyA; quitando el velo a un entramado institucional que no cuenta con recursos, ni preparación preventiva para cuidar a niñeces que padecen persecución y abuso por parte del progenitor.

“En la escuela es muy difícil porque el sistema educativo no entiende mucho la situación, no están ni de un lado ni del otro, solo que se lo cuide al niño. Desde ese lado hay mucha presión por parte de la madre porque es una madre soltera que hace todas funciones de crianza de manera monoparental”, declara la fuente.

Resguardo colectivo

La situación de vulnerabilidad de Suri limitó su tránsito por el espacio público, yendo de la casa a la escuela y de la escuela a la casa; privando de la autonomía a la madre, a la familia y amigos.

“El agresor vive a 3km de la casa. Suri y la madre están con protocolo, gente acompañando, no se pueden exponer a la calle… Es un contexto de salud mental muy delicado donde la madre está prácticamente sola, acompañada por la red de contención de las organizaciones feministas. La red de Capital es fundamental y es cada vez más grande. Necesitamos algo similar en Traslasierra.”, concluye.

Fotografía de portada: Paloma Cerna