Las elecciones municipales se llevarán a cabo el domingo 23 de julio y participarán once espacios políticos.
Ayer en la Plaza San Martín se realizó una ronda-marcha de compromiso con los DDHH con la participación de candidatas y candidatos a gobernar la Ciudad de Córdoba, quienes recibieron la invitación a participar por parte del Foro por la Libertad, la Democracia y los Derechos Humanos de Córdoba.
La actividad estuvo enmarcada en sintonía y en adhesión a la marcha de Madres de Plaza de Mayo que se realiza todos los jueves en Plaza de Mayo, Capital Federal.
La actividad consistió en la firma por parte de las y los candidatos de un compromiso y reafirmación pública a favor de los DD.HH. de la cual participaron Eduardo Gonzáles Olguin (Partido Humanista Vamos), Humberto Spaccesi (Córdoba de Todos), Romina Anahí Giménez (Unión Popular Federal) y también aspirantes a la vice intendencia Sylvia Peñaloza (Córdoba de Todos) y Luis Aubrit (Partido Humanista – Vamos) junto a candidatos a concejales de las distintas listas.
Posteriormente se realizó la marcha-ronda bajo el lema “Ni un paso atrás. Memoria, Verdad, Justicia”.
Quienes no asistieron fueron los principales candidatos a gobernar la Ciudad y desde el Foro, afirmaron que en el caso de Hacemos Unidos por Córdoba, Daniel Passerini no podía asistir, pero sí lo haría el candidato a vice, Javier Pretto, aunque finalmente no se hizo presente. Desde Juntos por el Cambio no respondieron la invitación a la convocatoria.
Tri Heredia, integrante del Foro, expresó que la convocatoria “obedeció a que es imprescindible que las y los candidatos de la democracia, a 40 años de su recuperación, manifiesten su compromiso por el respeto irrestricto de los DDHH, con las políticas de Verdad, Memoria y Justicia”.
En la previa del segundo gran paro general contra el Gobierno Nacional y los gobiernos provinciales aliados, el Bloque Piquetero Nacional -conformado por UTEP, Polo Obrero y el FOL- realizó cortes y movilizaciones en 500 puntos del país.
Organizaciones y referentas feministas y de la comunidad LGBT hicieron hincapié en el contexto vigente, donde los discursos de odio se han convertido en política pública por parte del Gobierno Nacional.
Dirigentes sociales se encuentran imputados por participar de una protesta social contra el hambre en Argentina. ATE cuestionó la causa calificándola de “armada” y apuntó al fiscal De Aragón, el juez Fernández López y la Cámara de Comercio.
