Desde el Equipo de Investigación de la Fundación El Llano y la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales de América Latina (CEPSAL) elaboraron 'La Foto Revelada', un informe sobre la situación social, los conflictos y las medidas gubernamentales que se han tomado desde el inicio del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) en la Provincia de Córdoba.

En referencia al contexto actual, atravesado por la crisis de la deuda, el sistema económico global basado en el consumo y la aparición del Covid-19 con su rápido esparcimiento por todos los continentes, "se ha transparentado la desigual arquitectura del capitalismo neoliberal y sus estructuras institucionales y estatales", expresa el Equipo El Llano.

Con respecto a Latinoamérica y la vigencia del modelo hegemónico, en los últimos 30 años se "propició el robustecimiento del mercado y el sector privado, con enormes transferencias de riquezas y cesión de actividades y recursos para su exclusiva explotación". Según el equipo, se ha constituido "una elite que se ha enriquecido de forma exponencial, mientras que las mayorías revisten condiciones alarmantes de fragilidad laboral, sanitaria, habitacional, económica y educativa".

Para poder abarcar la complejidad del contexto y sus problemáticas, el equipo se organizó en cinco ejes (trabajo, pobreza, tierra y vivienda, violencias, ambiente) tomando investigaciones de la Universidad Católica de Córdoba, la Universidad Nacional de Córdoba y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

Escenario de multi-emergencia

La actual crisis en Córdoba no es una cuestión coyuntural y trasciende lo que se ha nombrado como "crisis sanitaria" en este último tiempo. Nos encontramos ante una multi-emergencia, donde "la gravedad y urgencia de las situaciones que vive la población es laboral, habitacional, alimentaria y de alta violencia y vulnerabilidad ambiental" expresan en el informe.

En relación a la situación laboral, desde abril del 2020 los niveles del empleo privado ya registraban 21 meses de caída en la Provincia. Detallan que: "Durante el primer trimestre de 2020 la tasa de desocupación se ubicó en 10,8 por ciento en el Gran Córdoba" siendo estos valores superiores en la franja de jóvenes de hasta 29 años de edad. Sumado a esto, en marzo de 2020, la informalidad representa el 55% de la fuerza laboral del Gran Córdoba. Entre el inicio del ASPO y julio de 2020, cerca de 48.500 personas habían sido despedidas, suspendidas o sus salarios habían sido recortados.

Con respecto a la pobreza, en abril de 2020 los niveles alcanzan el 37,4% de la población de Gran Córdoba, habiendo 4 de cada 10 personas que viven en la Capital y alrededores que no pueden pagar sus gastos básicos con sus ingresos mensuales. La emergencia alimentaria se expresa a través de que "frutas y verduras es el grupo de alimentos que más aumentos sufrió", viéndose afectada la calidad de alimentación de quienes no puede acceder a estos bienes. En este eje, el sector más afectado son las infancias, según el informe: "En el segundo semestre de 2019, la pobreza afectaba al 53 por ciento y podría escalar al 58,6 por ciento hacia fines del 2020".

La situación habitacional en la Provincia es preocupante, ya que "el 48 por ciento de la población provincial sufre déficit habitacional" ligado a "un patrón y modelo de ciudad profundamente excluyente y empresarial" explica el informe. Sumado a esto, con respecto a marzo, en abril de 2020 se registró un aumento del 33,3% de personas en situación de calle que buscan alojamiento en albergues municipales, lo cuales no alcanzan a cubrir la demanda. Tampoco han habido políticas que aporten soluciones y por el contrario, se realizaron recortes en este ámbito. En este eje, los sectores populares, en general, y las mujeres y el colectivo LGTTTBIQ en particular, son los más vulnerados. En la Provincia, el 94,85% de los 194 barrios populares registrados no tiene acceso formal a la red de agua potable ni a la red cloacal y más de la mitad tienen conexión eléctrica irregular o clandestina. Por otro lado, más de la mitad de las piezas de inquilinatos, hoteles, pensiones, cuartos construidos como habitaciones, están ocupadas por hogares a cargo de mujeres, en su mayoría madres solteras, mujeres migrantes, adultas mayores y personas trans. Tampoco hay registros oficiales en Córdoba sobre la situación de extrema vulnerabilidad que atraviesa la comunidad trans/travesti.

La emergencia por violencia(s) es otro tema que se trata en el informe. Si bien la Policía Barrial de la provincia actualmente cuenta con 22.000 efectivos, es decir, alrededor de 625 agentes por cada 10.000 habitantes, los delitos contra la propiedad y la tasa de homicidios han aumentado durante el primer semestre de 2019. Como se viene evidenciando, desde el inicio del ASPO las fuerzas de seguridad han recrudecido su accionar violento. Explican que desde que inició el ASPO, se registran prácticas de hostigamiento policial hacia jóvenes de sectores populares y, por otro lado, prácticas de alta discrecionalidad en las decisiones de quienes pueden circular o no. Desde el 83' hasta 2019, 463 personas murieron a manos de agentes de fuerzas de seguridad. Casi la mitad son casos de gatillo fácil, mientras que el 35% corresponde a muertes en contextos de encierro. Además, el 54% de quienes son asesinados por el aparato represivo estatal son menores de 25 años. La situación en las cárceles y centros de detención también ha empeorado en relación a la insalubridad, el hacinamiento y la falta de alimentos.

La emergencia por violencia de género(s) continúa agravándose desde 2015 y Córdoba es la cuarta provincia que registra mayor cantidad de femicidios con 9 casos en lo que va del 2020. Desde el inicio del ASPO se registró un aumento significativo de denuncias por violencia de género, abuso sexual y violencia familiar, y el equipo explica que "el 75% de los femicidios ocurrieron en el domicilio de la víctima" (...) "Agravada en situación de confinamiento, la situación habitacional de mujeres y disidencias no está siendo atendida con medidas específicas". Si bien entre 2018 y 2019 hubo un aumento nominal de la financiación para instituciones y programas exclusivos de género, éstos montos actualmente están estancados y quedaron por debajo de la inflación. A nivel provincial, no existe ningún organismo especializado en políticas públicas destinadas al colectivo LGBTTTIQ+.

El otro eje alarmante está ligado a la emergencia ambiental. Con respecto a la deforestación explican que: "Entre 2001 y 2019, Córdoba perdió 97.8 mil hectáreas de cobertura arbórea" siendo la urbanización y el feudo inmobiliario las principales causas. Las fumigaciones en el territorio provincial son aplicadas en un total de 6.500.000 hectáreas de soja y de maíz y suman más de 97 millones de litros de agrotóxicos por año. Al ser considerada 'esencial', la actividad agroindustrial adquirió un rol central en la compensación en la caída del ritmo de actividad económica general durante el ASPO. "En Córdoba, la industria láctea y la maquinaria agrícola fueron los pocos sectores que crecieron entre abril y junio" explican.

La irrupción de sujetxs colectivxs

El escenario no es neutral, ni pasivo. Nos encontramos por una realidad disputada en todas estas áreas en crisis. La actividad de los sujetxs colectivxs, organizaciones sociales, sindicatos, asambleas, entre otros, evidencia el carácter estructural -no coyuntural- de la crisis civilizatoria.

"Reducida, ralentizada, incómoda o escurridiza, la acción política aun tiene pulso y ello resulta central en una sociedad que quiera mantener viva la práctica y la ética democrática" describe el Equipo de El Llano a la actividad organizada.

Si bien bien disminuyeron con gran intensidad las movilizaciones en las calles, "la organización y la lucha reapareció en otras acciones como ollas populares, redes de distribución y acopio de alimentos y elementos de higiene, usinas de propuestas para reorientar las polìticas públicas y en otras acciones orientadas a sostener la vida". Además, por respetar las medidas sanitarias y apostar al cuidado, los colectivos y organizaciones han innovado en el uso de las tecnologías, aprendiendo a utilizar dispositivos y plataformas para continuar encontrándose o coordinar nuevas formas de visibilización más allá de los textos o comunicados.

Según sostiene el Equipo: "La salida o la continuidad de esta crisis es, en sí mismo, un campo de batalla entre intereses frecuentemente antagónicos que transportan distintos proyectos de lo que consideran debe ser la vida en común. Es que a la luz de la pandemia, estos reclamos y demandas han recordado la impostergable discusión pública de las injusticias sistémicas del capitalismo".

Estado de insuficiencia

Las respuestas tomadas por el Estado para hacer frente a la multi-emergencia, aún son insuficientes, fragmentadas o contradictorias, aunque "la descripción detallada de decisiones de política pública tomadas desde el inicio del ASPO permite advertir la importante presencia estatal en la regulación de las crisis", exponen. Sin embargo, no se limitan a las políticas de erogación de recursos, sino también a la acción legislativa y medidas represivas o de control poblacional.

En este contexto, "la masa de políticas tomadas durante ASPO se presenta como un conjunto fragmentado, a veces contradictorio, extremadamente focalizado y, en la mayoría de los casos, insuficiente".

"Este escenario crítico de multi-emergencia no nació en marzo de 2020: se
viene mostrando evidente y con alta nitidez desde hace al menos 5 años. Con ello, la llegada de la pandemia a nuestro país y las medidas tomadas en consecuencia no son sus principales causas u orígenes; son, en todo caso, los principales ingredientes de un novedoso y brutal principio activo que revela lo que ya existía" sostienen desde el Equipo El Llano.