Por Alejandra Boccardo para Enfant Terrible

El pasado 14 de abril, el gobierno de la Provincia de Córdoba dejó sin efecto los cinco programas de empleo que estaban a cargo del Ministerio de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar. La decisión dejó sin trabajo a más de 4000 personas, resultando incoherente con el DNU emitido por el gobierno nacional  que prohíbe despidos y suspensiones. 

Después de casi dos años de haberse recibido de Técnica Superior en Diagnostico por Imagenes, Laura consiguió trabajo a 10 kilómetros de su pueblo en una clínica privada. Era la única radióloga allí y logró ingresar gracias a uno de los programas de empleo de la Provincia, el Programa de Inserción Profesional (PIP). 

Con los $6500 que cobraba por mes apenas le alcanzaba para cubrir sus necesidades básicas y no tener que depender de su familia para ello. No era mucho, pero ella estaba conforme con disfrutar de esa independencia que le otorgaba su primer trabajo formal en su profesión. La clínica también ponía su parte para cubrir los viáticos, porque tan sólo en transporte hubiese gastado $4000 mensuales. 

Cuando el avance del coronavirus comenzó a ser cada vez más preocupante en el país y Alberto Fernández declaró el aislamiento social, preventivo y obligatorio, Laura siguió asistiendo a su trabajo por estar dentro de las profesiones esenciales. “Yo me estaba ajustando para poder ir al trabajo. No había colectivos que me llevaran, entonces me tomaba un remis o usaba la bicicleta para hacer los 10 kilómetros y llegar a la clínica”, cuenta ella. 

A Laura la pandemia no la detuvo. Lo que la detuvo fue Schiaretti y su gobierno que suspendieron los programas de empleo en ejecución y dejaron a más de 4000 cordobeses sin ese ingreso fijo. Laura tuvo que dejar de ir a trabajar, generando así una baja en el sistema de salud y dejando a una clínica sin radióloga. “Yo estaba ayudando al sistema de salud en esta crisis. Estaba cumpliendo mi tarea y estaba dando una mano. Ahora, esa mano no está. Es un profesional de la salud menos que puede ejercer su profesión y que además puede ayudar cuando tanta falta hacen en estos momentos”. 

La noticia de que les habían dejado sin trabajo ni siquiera llegó de manera oficial y tampoco les llegó a todes. Fue apenas un mensaje de texto recibido por algunes de les beneficiaries en el que se leía: «Min de Empleo informa: se suspende el PIP y la asignación estímulo hasta el reinicio de las prácticas detenidas por el aislamiento. Gobierno Cba». Llegó exactamente seis días antes del cobro mensual y del mismo número que los había invitado a inscribirse al Ingreso Familiar de Emergencia. 

Así, la Provincia desoyó al gobierno nacional e hizo caso omiso del Decreto Nacional de Urgencia que prohíbe despidos y suspensiones hasta fines de mayo. 

Les beneficiaries del PIP se autoconvocaron para exigir explicaciones porque en medio de una pandemia les abandonaron, les dejaron sin un sustento económico y con la incertidumbre de no saber si van a cobrar el último mes trabajado. En un comunicado que difundieron a través de las redes sociales, escribieron: “Repudiamos totalmente el actuar del Ministerio de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar de la provincia de Córdoba, que no nos brinda información certera, sometiendonos a una enorme incertidumbre que se suma a los malestares propios de la situación crítica en la que vivimos”.

 Por esa presión, al día siguiente, el Gobierno Provincial emitió un comunicado en su página web en el que dieron muy pocas respuestas: «se hace necesaria la postergación hasta que las condiciones de capacitación se puedan realizar sin riesgo sanitario». Lo que no tuvieron en cuenta fue que muchos de los trabajadores del PIP continuaban realizando tareas desde sus casas, amoldándose a la situación actual.

En la cuenta de Instagram que crearon les beneficiaries para dar cuenta de la situación, se leen testimonios de jóvenes graduades que estaban haciendo su aporte en el medio de esta crisis. Camila, psicóloga que ayudaba a personas con discapacidad y cuyo único ingreso provenía del PIP. Constanza, trabajaba en una agencia de viajes desde su casa para repatriar a los pasajeros que quedaron varados en el exterior. 

  Por su parte, Lucía, licenciada en Comunicación Social, estaba trabajando en una importante juguetería de la ciudad de Córdoba a través del programa. En su caso, le ayudó a comenzar a tener experiencia en el campo de la comunicación institucional. “Empezas a tener relación con el empleador, empiezas a tener contacto con otra gente, empiezas a tener experiencia. Es mucho lo que uno gana por ese lado”, cuenta. A pesar de la cuarentena, ella también siguió trabajando desde su casa y ahora se pregunta cuándo les van a reincorporar, si es que les van a reincorporar, cómo les van a pagar, si es que les van a pagar. “Afecta y mucho. Anímicamente y todo por la situación pandemia, donde todo es más crítico y más sensible”.

Para ella, la situación es muy preocupante porque “todo es muy incierto y muy informal”. “Parece un chiste. Dicen que somos una pasantía y no somos una pasantía. Somos trabajadores, estamos en la planta permanente con un contrato de un año”.

Los casos mencionados son tan solo algunos y pertenecen a uno de los tantos programas que se estaban llevando a cabo. Los otros programas de empleo son PPP, para estudiantes; PILA, para varones desempleados; XMí para mujeres desempleadas y CLIP, enfocado en la capacitación en tecnologías. En muchos casos, les beneficiaries sólo contaban con ese ingreso. 

Hasta el dia de hoy, se presentaron dos acciones legales. Por un lado, la legisladora del MST, Luciana Echevarría, presentó un amparo para que se restablezca de inmediato los programas de empleo, ya que se trata de un medida “ilegal e inconstitucional”, tal como expresó a El Resaltador. 

Por otra parte, según informa Hablando Claro, un abogado de la localidad de Obispo Trejo, Fernando Mansilla, presentó una acción colectiva de amparo ante la Cámara Contencioso-administrativa de la Provincia de Córdoba. Se trata de llegar a un proceso judicial que tenga una causa común y afecte a una clase determinada, en esta ocasión, a todo los beneficiarios de dichos programas de empleo provinciales que se ven perjudicados. 

Mientras tanto, quienes percibían estos beneficios deben seguir a la espera de una solución efectiva que les garantice un poco de calma en medio de un contexto tan incierto.