Como cada año desde hace casi una década en Córdoba, el colectivo organizador y la Coordinadora de Familiares de Víctimas Contra el Gatillo Fácil convoca a una nueva Marcha Nacional Contra el Gatillo Fácil (MNCGF). La movilización será el próximo 26/08 a las 17 horas en las calles Colón y General Paz, para visibilizar y repudiar la violencia que el brazo armado del Estado ejerce, sobre todo, en los barrios populares de Córdoba y Argentina.

Con la pandemia del Covid-19 se ha dado vuelta el tablero global, profundizando las consecuencias de la crisis socioeconómica a nivel local y por ende los índices de pobreza y desempleo o empleos sumamente precarios. Esta situación dificulta los procesos socioeducativos, afectando sobre todo a las femineidades y las juventudes que perciben menores ingresos, que terminan por buscar su subsistencia en las calles (changas, cartoneo, recolección, etc.) donde encuentran mayor exposición a episodios represivos. Es decir, además de tener un trabajo informal y cuyos ingresos no alcanzan la canasta básica, no hay seguro de vida que contemple la violencia que las fuerzas represivas aplican.

Una estructura represiva

Con el tiempo, y a raíz de la sistematización de la violencia, pudo verse que el despliegue represivo por parte del Estado no acaba ni termina en un efectivo policial que aprieta el gatillo -que asesina y/o encubre los hechos- sino que corresponde a una estructura de responsabilidad pública, que también se extiende a otros ámbitos institucionales como el Poder Judicial. Por eso, varios colectivos antirrepresivos descartan hablar de "violencia policial" o "violencia institucional" e insisten en que se trata de represión estatal, ya que toda la estructura se ve involucrada de esta manera.

En Córdoba, dicha estructura represiva se ha instalado acompañada y apoyada en los medios hegemónicos locales -radiales, digitales y televisivos- que criminalizan a las juventudes de barrios populares, en consonancia con los patrones de disciplinamiento que plantea el Código de Faltas (actual Código de Convivencia). A través de los titulares y las -cada vez más frecuentes- imágenes de las cámaras de seguridad de la Policía, estos medios muestran situaciones de robo en las calles de Córdoba, generando un imaginario de inseguridad y terror, sin profundizar o abordar la relación entre crisis y el aumento de la delincuencia, por ejemplo, apuntalando el malestar y responsabilizando del mismo a jóvenes de barrio popular.

A su vez, este dispositivo de aleccionamiento contiene una dimensión racial, ya que el peso recae de otra manera cuando estos jóvenes tienen tes marrón. De esta manera, en el imaginario la peligrosidad se vuelve exclusiva de un sector -juvenil, morocho y de sector popular- y se justifica la militarización de los barrios, el gatillo fácil y las detenciones arbitrarias, con las comisarias y centros de detención del Estado funcionando como verdaderos espacios de hacinamiento y tortura.

Las denuncias en la UCA

En Córdoba, uno de los espacios que hace años viene siendo señalado por las irregularidades y violaciones sistemáticas a los derechos humanos, es la Unidad de Contención de Aprehendidos (UCA). Por esto, en el marco de las actividades para ir ambientando de cara a la 8va MNCGF, el colectivo y la Coordinadora convocan a mañana jueves a las 10 horas a una concentración UCA, para denunciar dichas irregularidades y la persistente violencia sistemática.

“Apuntamos a la UCA porque vienen pasando supuestos suicidios y falta de atención médica... en junio de este año falleció Ezequiel Castro (21), que lo llevan detenido aún teniendo la libertad firmada por parte de Tribunales y aparece asesinado en el Hospital Misericordia el día lunes, a raíz de golpes que le dieron”, explicó Romina Ludueña, integrante de la Coordinadora, a Enfant Terrible. Además, agregó que Castro había logrado hablar con los médicos del Hospital, a quienes les pidió que no lo dejaran volver a la Unidad, ya que allí era sometido a golpizas y privación de agua durante días.

Como el caso de Ezequiel también están otros, como el de Luis Alberto Santacruz que en febrero de este año tuvo "una crisis nerviosa", por lo que fue aislado para su "contención" y a las 2 horas lo encontraron ahorcado con una cadena. Más atrás en el tiempo, en septiembre de 2021, Maximiliano Miranda ingresó a la UCA con tres heridas de bala. "A pesar del reiterado reclamo y pedido de ayuda de los otros detenidos, no recibió la atención médica necesaria y falleció".

Mucho antes, en 2013 apareció "suicidado" Roberto Agustín Irusta, luego de padecer distintas torturas y tratos inhumanos de parte del servicio penitenciario. Por este episodio, en 2019 el Comité de Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes (CAT) intimó al Estado argentino a llevar adelante todas las acciones necesarias para investigar, juzgar y reparar el asesinato de Irusta. “A pesar de esta condena de la ONU, el servicio penitenciario continúa impune: nadie fue sentado en el banquillo de los acusados. Una muestra la convivencia del poder judicial y policial con las prácticas de tortura”, explicaron desde la Coordinadora.

Por otro lado, Romina calificó de "desapariciones" a las detenciones que se llevan a cabo en la UCA, ya que “cuando ingresan a la UCA, para nosotros los familiares es casi imposible poder rastrearlos, recién a los 3 o 4 días podemos saber algo, nadie nos da respuestas”.

En el mismo 2019, el Informe Anual a la Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo constató dispositivos de tortura y castigo en la UCA, tales como camas de sujeción, "el barquito", aislamientos extremos, ausencia de medicamentos en casos de personas en tratamiento, violencia de género hacia mujeres y personas lgbtttiq+, restricción en el régimen de visitas a menores de edad, así como el deterioro de las condiciones de habitabilidad en los diferentes espacios de encierro de la provincia.

Además, dentro de la UCA se alberga el establecimiento penitenciario número 9 y el Centro Psíquico Asistencial (CPA). Este último también ha recibido denuncias puntuales por el rol que tiene con respecto a la salud mental de las personas privadas de su libertad en la Unidad. Sobre esto, Romina denunció que éstas “son bombardeadas con medicamentos fuertísimos que los duermen, la psiquiatra da la misma medicación a todo el mundo. Sabemos que los atan, porque hay personas que han contado su experiencia en el CPA, los arrojan a una pieza sin cama, sin colchón. Cuando pasó lo de Ezequiel Castro se fue a reclamar al Ministerio de Justicia de la Provincia y le tiraron la pelota al Ministerio de Salud (Secretaría de Salud Mental) y así se tiran unos a otros”.

“Queremos respuestas, porque nadie dice quien autoriza los traslados al CPA, qué tratamientos se asignan, ni qué doctores están a cargo. En el peor de los casos las personas que han sido trasladadas al CPA terminan muertas en el Hospital Misericordia y creemos que hospital sabe mucho y tampoco se hace responsable”.