Por Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba
“La LUCHA POR LA LIBERTAD, para nosotros, es la que nos conduce a la JUSTICIA SOCIAL, a la independencia económica y a la soberanía política. Los argentinos tenemos nuestro régimen de libertad constitucional; pero que sería de él en la injusticia social, en la esclavitud económica o en el vasallaje político. Todo eso nos conduciría a la libertad tan conocida por los trabajadores argentinos: LA LIBERTAD DE MORIRSE DE HAMBRE”.
Juan D. Perón, discurso por el Día del Trabajador, 1 de mayo de 1951
El informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina, que elabora hace años la Universidad Católica Argentina y es una referencia en la medición de indicadores sociales, arrojó números que expresan el fuerte impacto social de las medidas del Gobierno libertario.
En el primer trimestre del año, la pobreza subió a 55,5%, una suba, desde el 44% medido en el último trimestre de 2023. Una suba porcentual de 10 puntos en el nivel de pobreza en sólo tres meses habla de la tragedia a la que están sometiendo al pueblo argentino, realidad que parece no existir a los ojos del presidente y sus ministros.
El indicador de Indigencia, que pasó del 9,6% al 17,5% es aún más lacerante, son casi 8 millones de argentinos que no garantizan poder hacer todas las comidas, que tienen sus necesidades básicas insatisfechas, siendo el porcentaje de argentinos en inseguridad alimentaria severa, del 10,8%. El aumento de la miseria y la indigencia es una realidad insoslayable para quien quiera ver, a pesar del negacionismo perverso del presidente Milei y su gabinete.
Pero incluso ya la tragedia aflora por todos lados, en la calle, en los números y en las encuestas, para el caso de Córdoba, por ejemplo, el Centro de Almaceneros, consultó para su informe mensual sobre la recesión y la capacidad de consumo, el 47% de las familias de Córdoba tuvo algún o algunos integrantes de su hogar que dejaron de desayunar, almorzar, merendar o cenar, por falta de recursos, y el 27 % de las familias expresaron que algunos de sus integrantes, sintió hambre, pero no ingirió alimentos.
¿Cómo puede un gobierno soslayar semejante realidad? El pasado 25 de mayo en su visita a Córdoba, alguien le reclamó “presidente, la gente no llega a fin de mes” y la respuesta fue: “si fuera así, la gente se estaría muriendo por la calle, eso es falso”.
Pocos días después, ya conocidos los índices de pobreza e indigencia de las UCA y en medio de la polémica por la falta de entrega de alimentos, dijo el presidente desde EEUU: “Va a llegar un momento donde la gente se va a morir de hambre. De alguna manera va a decidir algo para no morirse. No necesito intervenir. Alguien lo va a resolver”. Insólito.
A veces, parece que no la ven, pero las más, parecen vanagloriarse en su propia crueldad, afirmándose en un experimento inédito en el mundo: el anarcocapitalismo, la eliminación del estado, la disolución nacional y el pueblo, que se las arregle.
Aun cuando el ajuste anunciado por el presidente desde la campaña no lo pagó la casta, sino el pueblo, en algo tuvo razón Milei y es que el ajuste ejecutado por su gobierno superó toda previsión, y es efectivamente el ajuste más grande de la historia, tanto por su magnitud, como por su velocidad. Una topadora contra el pueblo.
Quizá consciente de ello, apenas asumido el presidente Milei reiteró una y otra vez, que la única billetera abierta iba a ser la del Ministerio de Capital Humano, un mega ministerio inmanejable y amorfo, que concentra nada menos que Trabajo, Desarrollo Social, Educación y Cultura, manejado por su amiga Sandra Pettovello, a quien el cargo y la realidad claramente la superaron.
Capital Humano iba a tener grifo abierto “para contener a los caídos”, según palabras del propio Milei, pero comenzaron a llegar los efectos de la devaluación, el ajuste, el freno a la obra pública, el ahogo a las provincias, lo aumentos de tarifas, el deliberado congelamiento y licuación de los ingresos jubilatorios y de los salarios, conformando una recesión asfixiante y el alivio para los caídos, no llegó.
Desde Capital Humano pretendieron esconder nada menos que 5 millones de kilos de alimentos en los depósitos del (ex) Ministerio de Desarrollo Social en Villa Martelli y Tafí Viejo, comprados por la gestión anterior.
Desde el verano, las organizaciones sociales, nacidas de los cientos de miles de desocupados que dejó el menemismo en la década del 90, y que cumplen un rol importantísimo asistiendo y llegando donde el estado no llega, denunciaban que se había suspendido la entrega de alimentos a comedores y merenderos comunitarios ubicados en todo el país, en el marco del “Plan Nacional Argentina contra el Hambre”.
El gobierno negando que existieran primero, luego montando una feroz campaña de desprestigio sobre todas las organizaciones y dirigentes sociales, a partir de una causa que tramite en la justicia sobre irregularidades, mintiendo una y otra vez sobre la cantidad, el tipo de alimentos y las fechas de vencimientos, protagonizó un escándalo espantoso: negarles el alimento a los argentinos durante todos estos meses.
El ministerio donde alguna vez funcionó la Fundación Eva Perón, haciendo lo imposible para no ayudar, para no asistir. Finalmente, ante las denuncias en la Justicia de las organizaciones sociales, y particularmente de Juan Grabois, y la investigación periodística de El Destape, que sacó a la luz las fotos de los galpones llenos, tuvieron que reconocer su existencia, pero siguieron negándose a entregarlos con el argumento de que eran sólo para catástrofes o emergencia, como si 8 millones de argentinos no pudiendo comer 4 veces al día, malnutridos, no fuera una Emergencia.
Pero, además, otra mentira, ninguna ayuda llegó, por ejemplo, a los inundados de Bahía Blanca.
La denuncia de Grabois recaló en el Juzgado de Sebastián Casanello, quién falló en contra del gobierno, emitiendo una cautelar que les ordenaba elaborar un plan de entrega de todos los alimentos y ejecutarlo de inmediato.
Capital Humano, a través de la abogada (ex kirchnerista-massista, ahora mileísta) Leila Gianni apeló el fallo, sin contar con la matrícula habilitante e incumpliendo la orden del juez de presentar un plan y disponiéndose a entregar sólo los alimentos próximos a vencer (400.000 kilos de leche en polvo que equivalen a más de 4 millones de litros de leche), entregándole la leche a la Fundación Conin, ¿no era que querían eliminar intermediarios?
Finalmente, luego de una escandalosa audiencia, la Cámara Federal, integrada por los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico ratificó la decisión del Juez Casanello, convalidando su actuación. La Asesora legal de Pettovello, le había dicho a los magistrados que no iban a permitir que ningún juez militante le dijera al Gobierno como manejar la política alimentaria, y así le responde el tribunal en uno de los tramos del fallo:
Triunfo de las organizaciones y de los cientos y cientos de comedores, donde ponen el cuerpo mayoría de mujeres, haciendo lo imposible por tender la mano solidaria frente al sufrimiento que aumenta día a día. Triunfo simbólico para el pueblo todo, que los argentinos “no somos empanadas que se comen así nomás, sin ningún trabajo”, como dijera nuestro libertador, José de San Martín.
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