Tras analizar los resultados de la consulta nacional a la docencia universitaria, el plenario de secretarios generales de Conadu resolvió: paro de 72h a partir de mañana e iniciar acciones legales para la reapertura de las paritarias, de no resolverse, no se iniciará el ciclo lectivo en 2026.

Previo a las elecciones legislativas, el Congreso aprobó por unanimidad la Ley de Financiamiento Universitario, posteriormente suspendida a través del Decreto 759/2025, bajo el pretexto de que el gasto “excede lo ya presentado en el Presupuesto 2026”, amparándose en el artículo 5 de Ley 24.629, el cual estipula que “hasta que la bicameral no justifique la financiación de fondos, quedará suspendida”. La ley quedó vigente en lo formal, aunque sin posibilidad de ejecución.

Por su parte, ADIUC describe que el cálculo que realiza el CIN (Consejo Interuniversitario Nacional) sigue criterios a lo establecido en la Ley de Financiamiento Universitario. Según explica en el informe, hubo una caída del 30% del PBI en estos últimos dos años, por lo que se necesitaría un aumento del 53% para actualizar el valor real de ingresos y gastos que requiere la institución pública.

“Los rectores nucleados en el CIN estiman un monto necesario de 7,3 billones. El Presupuesto 2026 del gobierno asigna 4,8 billones”, comparten.

Asimismo advierten que “podría ser peor” de no concretarse las proyecciones previstas para 2026: 5% de crecimiento de la economía, 10,1% de inflación anual, crecimiento del 6,9% en la recaudación. Planes que son acorde a lo demandado por el programa recesivo que aplicó el Gobierno Nacional, luego del préstamo de 20 mil millones de dólares del FMI, seis meses atrás. Del mismo se utilizó el 70% para pagar deudas contraídas, la justificación: “mantener el dólar en el techo de la banda”; la realidad: recorte en el gasto público y especulación financiera.

Fotografía de portada: Emilia Rivero.