El cierre de Vorterix Córdoba, Rock and Pop y Apolo en el gobierno de la convergencia. Vaciamiento de medios, silenciamiento de voces y trabajadorxs en la calle, un saldo acorde a las políticas de comunicación.

El pasado viernes 14 de septiembre fue el último día al aire de Vorterix Córdoba (FM 90.3), Rock And Pop (FM 95.9) y Apolo (FM 91.7). El cierre de estas tres radios, se debe a una decisión empresarial de José Palazzo, quien cede las licencias al grupo Gamba FM. La ambición empresarial de este grupo busca, en sociedad con el mismo Palazzo, hacer uso de la marca Cosquín Rock para radio y expandirse a modo de “franquicia” a otras ciudades del país y de la región.

Las tres emisoras, íconos de la cultura cordobesa, rompieron al mejor estilo “no sos vos, soy yo” una relación de años con sus oyentes. La Rock and Pop que llegó a Córdoba en el 2001, la Vorterix de Mario Pergollini en el 2012 y la radio Apolo en el 2011, hoy ya fueron silenciadas por las maquiavélicas maniobras de la convergencia mediática, sumando a sus trabajadorxs a una extensa fila de desempleadxs, que se extiende en número a lo largo del país.

Quizás el paso de las licencias, de un empresario de la industria cultural a otro de la misma talla, es algo que no acuse recibo, sino más bien nostalgia en la convulsión de estos días. Sin embargo, no es un hecho aislado. El cierre de estas tres emisoras que se suman a una larga lista de medios silenciados y lxs trabajadorxs de la comunicación en la calle, es un saldo estimado y calculado por las políticas de comunicación que lleva adelante el gobierno de Cambiemos.

Lxs desempleadxs de la comunicación

El mismo día del cierre, el Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (Cispren) lanzó un comunicado en repudio a la situación que están viviendo los trabajdorxes de medios tanto privados como públicos en este último tiempo. “Desde nuestra organización lamentamos esta situación, no queremos más compañerxs trabajadorxs sin trabajo por la ambición empresarial. Repudiamos el permanente cierre de medios, tanto en el sector público, como en el privado, ya que estas situaciones contribuyen al silenciamiento de voces, a la escasa pluralidad de opiniones, y atenta directamente contra la libertad de expresión por la que tanto luchamos lxs trabajadorxs de la prensa y la comunicación”.

Como indica el comunicado de Cispren, el cierre de estas tres radios se produce en un contexto que no es menor, que arremete constantemente contra los medios privados como contra los medios públicos. El cierre del diario La Mañana de Córdoba en 2016, que sumó 63 trabajadorxs a la lista de desempleadxs; al que le sigue el cierre del diario El Argentino en 2017 (luego de varias reducciones de su planta laboral); más 70 retiros “voluntarios” en La Voz del Interior y la reciente venta de Radio Pulxo de Electroingeniería a la red CNN Radio, que dejó una decena de trabajadores en la calle, develan una situación crítica que tiene su espejo en los medios públicos y la situación de los trabajadorxs del Multimedio SRT y de Radio Nacional, como así también en los 357 despidos en la Agencia Oficial de Noticias Télam.

La convergencia en la era macrista

En sus primeros nefastos días de gobierno, Macri se encargó de cumplir una de sus promesas de campaña a la corpo: arremeter contra la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual aprobada en 2009 y la Ley Argentina Digital sancionada en 2014.
Por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia 267/15 puso luz roja a los artículos que con tanta saña el Grupo Clarín había atacado. Creó una nueva autoridad regulatoria directamente controlada por el Poder Ejecutivo Nacional y flexibilizó las normas que limitaban la concentración, a la vez que prorrogaba las licencias del sector una vez más (como lo hizo en el 2005 Néstor Kirchner). 
Ante la polémica del DNU, el gobierno se comprometió a enviar al Congreso de la Nación un proyecto de ley nuevo, que por mucho autobombo, hoy brilla por su ausencia. Aun sin “Ley de Convergencias”, la democratización de los medios y la pluralidad de voces se convirtió en un discurso efímero para el gobierno, ante la necesidad de instalar el concepto de convergencia para desarrollar un mercado con mayor “eficiencia”.
En el 2016, sancionó el DNU 1340/16 para facilitar la expansión de las telecomunicaciones hacia el sector audiovisual y viceversa, que en resumidas palabras le permite a los grandes operadores poder acaparar todos los mercados. En 2017, una vez allanado el camino a las grandes corporaciones mediáticas, nuevamente por decreto eliminó el Ministerio de Comunicaciones creado en los inicios de su mandato, el que pasó a formar parte del Ministerio de Modernización, mientras se aprobaba la megafusión de Cablevisión y Telecom.

Para inicios de este año, sin cumplir con la promesa de la Ley de Convergencias, se aprobó la llamada “ley corta de telecomunicaciones”, la primera política de comunicación en la era macrista que llega a discutirse por el poder legislativo. Este proyecto, también es una promesa de Macri a las empresas telefónicas para que pudieran insertarse en el mercado del cuádruple play, es decir, ofrecer telefonía fija, móvil, Internet y TV paga. De esta manera, la ley que nos quieren vender por “anti — monopólica”, se encarga de equiparar o más bien, compartir un poquito los privilegios del Grupo Clarín, (que domina a nivel nacional el 42% de la telefonía fija, el 34% de la telefonía móvil, el 56% de las conexiones a Internet por banda ancha, el 35% de conectividad móvil y el 40% en TV paga) con otras grandes empresas como Telefónica y Claro.
El mapa de medios se ha ido modificando con turbulencia en los últimos años. Los grandes grupos acaparan el mercado sin limites de extensión y se van comiendo a los pequeños medios, a medida que el ajuste llega a lxs trabajadorxs de prensa (tanto de medios públicos como de privados) en forma de precarización y despidos, mientras los medios comunitarios y de pueblos originarios luchan para que el ENaCom desembolse los millones de pesos de los fondos de fomento que adeuda y abra ,a meses de terminar el año, los concursos correspondientes a 2018 .