"Estamos en estado de alerta y accionando por diferentes vías institucionales para obtener mayores precisiones y datos sobre la efectividad de la prisión domiciliaria del genocida y represor Jorge Balla". Así lo detalla un comunicado público firmado por más de 30 organizaciones sociales, culturales, políticas, estudiantiles y sindicales de la localidad cordobesa de San Francisco y alrededores.
El 19 de enero de 1977 integró el grupo de militares y policías que perpetró la masacre de Ituzaingó y Las Heras en la ciudad de Santa Fe: acribillaron durante horas la vivienda donde se encontraban cuatro militantes montoneros. Osvaldo Zicardi, Carlos Frigerio, y la pareja formada por Jorge Piotti e Ileana Gómez con sus pequeños hijos, Mariano (dos años y medio) y Jorge (45 días).
Balla fue beneficiado en 2017 con el régimen de prisión domiciliaria. Sin embargo el año 2019, el Tribunal Oral de Santa Fe dictó cuatro cadenas perpetuas en el marco de la causa por la masacre de Ituzaingó. En dicho juicio fueron condenados tres militares: el coronel Ramón Abel Recio, el sargento Jorge Alberto Balla y el cabo Luis Alfredo Gómez.
El viernes pasado mediante la Resolución Nº 96/21, firmada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe, se dispuso que el represor pudiera continuar con la prisión docmiciliaria en la localidad cordobesa de San Francisco. Dicha medida está bajo la tutela de su hijo Maximiliano Balla.
En la actualidad cuenta con un dispositivo de control electrónico con monitoreo de la Dirección de Control y Asistencia Post Penitenciaria. En el caso de requerir una salida del domicilio por cuestiones médicas o administrativas es trasladado por intermedio de personal policial.
Le gritó a su vecino el ex militar en diciembre del año pasado. Su vecino, Juan, llevaba en brazos a su hija de seis meses. Es hijo de un ex preso político y junto a su esposa Daiana no salen al patio de su casa desde junio de 2020, cuando recibieron la primera agresión del genocida.
El pasado 18 de enero, el Foro contra la Impunidad y por la Justicia de Santa Fe presentó un escrito para pedir que Balla vuelva a prisión.
En marzo de este año se desarrolló una junta médica para determinar el estado de salud del represor condenado y establecer si están dadas las condiciones para regrese a cumplir su condena en una cárcel común. De dicho análisis participaron la médica Mabel Padró (como perito oficial) y los psiquiatras Gabriela Depaoli (por parte de la defensa) y Oscar Pellegrini (propuesto por la Fiscalía).
Tanto Padró como Depaoli concluyeron en que Jorge Balla puede seguir en prisión domiciliaria. Pellegrini opinó que están dadas las condiciones para trasladar a Balla a un establecimiento penitenciario. La defensa del represor, Guillermo Morales, presentó un pedido para que Balla cumpla con la prisión domiciliaria en otra localidad, fuera de la provincia de Santa Fe.
La Argentina asumió la responsabilidad internacional de juzgar y sancionar con seriedad y rigurosidad los crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, en la actualidad nos encontramos con estos casos que nos mantienen en vilo.
Los organismos de Derechos Humanos de la ciudad de San Francisco, junto a diversas organizaciones manifestaron que están en estado de alerta máxima ante la situación. La comunicación fue firmada por la Comisión por la Memoria Verdad y Justicia de San Francisco, por el Espacio por la Memoria y los Derechos Humanos de San Francisco y por los expresos políticos de dicha localidad.
Además adhieren SUOEM, Sindicato de la Madera, ALECyT (Asociación Libre de Empleados de Correos y Telégrafos) San Francisco, Centro de Estudiantes del Nivel Superior San Martín, Asociación Civil Merendero La Amistad de Frontera, Izquierda Socialista San Francisco, ISADORA - Mujeres en Lucha, Socorro Rosa San Francisco Las Rivas, Movimiento Feminista San Francisco, etcétera.
Guillermo Peretti, integrante de la Comisión Memoria, Verdad y Justicia de San Francisco le dijo a El Periódico que la noticia causó "malestar, y añadió:
El concejal por el Frente de Todos San Francisco, Andrés Romero manifestó su disconformidad: "Este genocida violó en reiteradas oportunidades las condiciones del régimen de prisión domiciliaria con el que fue beneficiado en 2017, intimidando y amenazando a sus vecinos en la localidad donde se encontraba, mostrando una total impunidad facilitada por las autoridades judiciales que no previeron y menos trataron de controlar que se cumpla la condena. Una provocación a las víctimas del genocidio, una provocación al pueblo argentino".
En el Concejo Municipal de San Francisco ingresó un proyecto propuesto por el concejal Andrés Romero (FdT) que propone declarar persona no grata a Jorge Balla. En los lineamientos del proyecto comentó que "esta situación es un riesgo que expone a los vecinos y vecinas a vivir junto a uno de los autores de los crímenes más oscuros de nuestra historia. Exigimos cárcel común, perpetua y efectiva a todos los responsables de la última dictadura cívico militar en nuestro país". También solicitó a las autoridades locales que arbitren los mecanismos legales para impedir la presencia de genocidas en la ciudad de San Francisco.
En diálogo con el portal "Aire Digital", Romero tuvo duras críticas para el oficialismo cordobés: "no entendemos el silencio del oficialismo de Córdoba. Hasta ahora no se ha manifestado al respecto. Entendemos que la resolución judicial perjudica y pone en riesgo a vecinos de la ciudad"
El dueño del actual departamento donde el represor cumple la prisión domiciliaria pidió que sea desalojado y denuncia que no fue informado para qué iba a ser usada la vivienda. Alberto Esper es el propietario del inmueble y envió una carta documento a la persona que firmó el contrato de alquiler y la intimó a abandonarlo en el plazo de 15 días.
Esper asegura que quien firmó el contrato "ocultó deliberadamente que aquella persona fue condenada por delitos de lesa humanidad, viciando por dolo la eficacia del referido supra contrato, exteriorizándose su mala fe en la realización del acto jurídico que nos vinculara" y finalizó "de no entregarme la posesión del inmueble, libre de ocupantes en el plazo de intimación indicado, iniciaré los trámites para su desalojo, haciendo reserva de reclamar los daños y perjuicios".
Al paro de Aceiteros y ATE-SENASA se sumó la Federación Sindical Marítima y Fluvial (FE.SI.MA.F). Además, desde la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) anunciaron paro total para el próximo lunes.
En rechazo a la Ley Bases y el Impuesto a las Ganacias, el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) y ATE-SENASA paralizan el 80% de las exportaciones argentinas.
La semana promete un importante ajetreo por el tratamiento de la Ley Bases que, si no pasa, será una herida grave para el Gobierno, mientras la oposición quiere hacer caer DNU en Diputados. El 1° de Mayo, para tomar aire.
