
Defensa del Consumidor recuperó más de mil millones a favor de los consumidores
Durante el año, la Dirección logró más de 1.265 acuerdos conciliatorios, beneficiando a más de 1.520 consumidores.
Por Victoria Marconetto para Enfant Terrible
Luego de haber sido postergada, el 25 de julio estaba llamada la audiencia correspondiente a los alegatos finales y veredicto de la causa.
Cada notificación, cita y nueva convocatoria, fuerza el movimiento. Volver a la cuidad, a esperar en un Palacio de Justicia que forzó a la joven en múltiples oportunidades a revivir los hechos.
Familiar de la víctima y parte de la comunidad transmitía: “Yo lo que pido es justicia. Mucha gente no sabe, no conoce, no entiende. Pasamos por mucho, en esta y otras causas. Todo genera mucha angustia porque lo único que queremos es poder vivir en paz, en tranquilidad. Si están en sus casas, tienen familia o hijos, pueden entender que lo que queremos es que estén bien y no vivan con miedo para hacer sus cosas, caminar o salir a comprar algo por que no sabes que les puede pasar. Nosotros si sabemos, y queremos justicia”.
Afuera, las rejas del tribunal se vistieron de colores comechingones, Wiphalas, dibujos de infancias y carteles que señalan que los delitos sexuales son una forma especifica de violencia territorial.
A la espera de la sentencia José Maria Bompadre, docente del Instituto de Culturas Aborigenes (ICA) y Facultad de Filosofía y Humanidades (UNC) resaltó: “Son siglos de faltas, empezando porque la perspectiva de género e indígena se incorpore a estas causas. Hay que entender que es totalmente distinto: el cuerpo es indivisible del territorio, y el territorio de cada parte de la comunidad. La violencia institucional y sus derivaciones territoriales implican también el cuerpo concreto. Empieza en el momento en el que eso no se reconoce. Esta sentencia es muy importante, por que esto va a continuar”.
En los alegatos finales, el fiscal Gustavo Dalma admite que no se incluyó la perspectiva de género e indígena en la recepción de la denuncia, el proceso de instrucción realizado en Jesús María o en el tratamiento de la víctima. Cerca del mediodía se da por finalizada la audiencia. Un círculo alrededor de la querella recibe la noticia de que nuevamente se posterga el veredicto, en este caso para la segunda semana de agosto. Entre múltiples sensaciones que recorren a la comitiva, resuena un comentario: “Será en el mes de la Pacha, nos va a dar fuerza”.
El 13 de agosto se convocó la sentencia. Al momento de ingresar, sin notificación judicial previa, comunican que la misma se pospone para el día siguiente, miércoles 14 de agosto. Mientras, la comitiva empezó a resolver una campaña para juntar fondos con el objetivo de que la familia pueda viajar nuevamente a la capital cordobesa. Un día, que son siglos.
El miércoles 14 de agosto, el juez Gerardo Sebastián Romero declaró inocente a Jorge Ahumada alegando “carencia de pruebas materiales”.
Es ineludible remarcar el reconocimiento por parte de la fiscalía de un proceso de instrucción crítico, ya que “no se ejecutaron los protocolos de acción, atención y asistencia en casos de delitos contra la integridad sexual, evadiendo el examen físico por medio del Cuerpo Médico Forense, y sin procurar ni conservar las pruebas esenciales para el correcto abordaje del delito”, como expresa el medio SISAS retomando la denuncia de la querella.
En tanto se preparan para apelar y elevar la causa al Tribunal Superior de Justicia, la abogada Eugenia Scarpinello declaró en el mismo medio: “Hago responsable al poder judicial si sucede un hecho criminal en contra de la víctima o cualquier integrante de su comunidad”. Entienden que un fallo que garantiza impunidad expone a la comunidad a la continuidad o profundización de amenazas, agresiones y hechos de violencia de todo tipo, que hace años construyen una dinámica de terror alrededor del litigio por sus tierras.
Ante un proceso con siglos por atrás y mucho por delante, llaman a la solidaridad para sostener los gastos del proceso a través de aportes económicos en el alias LOPEZ.MARCIA.3112.
“Parte de la violencia territorial incluye la institucional. Las causas no son causas. Son mujeres. Son hermanas. Hay cuerpo alma y espíritu sufriendo los despojos, como nuestra Canchira* porque ellas son Canchira en ellas están encarnadas las violencias que el capitalismo patriarcal y colonial aún sostiene con estos sistemas que como hoy, muestran su poder”. Las palabras son de Laura Misetich Astrada, parte de la comunidad Indígena Cancha del pueblo Camire – Comechingón, investigadora y docente que retoma sus elaboraciones sobre este eje.
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/intersticios/article/view/33040 PARA LINKEAR
*Canchira: en lengua camiare, Madre Sierra.
Durante el año, la Dirección logró más de 1.265 acuerdos conciliatorios, beneficiando a más de 1.520 consumidores.
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