Hoy al mediodía en la Cámara de Diputados arrancó el debate sobre el proyecto de Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos, que obtuvo media sanción el pasado 20 de octubre en la Cámara de Senadores. El objetivo principal de la ley es brindar información clara y veraz, mediante un sello negro en forma de octógono para alertar a los consumidores sobre los excesos de azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías. Asimismo, busca promover la prevención de la malnutrición en la población y la reducción de enfermedades crónicas no transmisibles.

El plenario será encabezado por Cecilia Moreau (Frente de Todos), titular de Legislación General; Pablo Yedlin (FdT), titular de Acción Social y Salud Pública; Diego Mestre (Juntos por el Cambio), titular de Defensa del Consumidor, y el titular de Industria, Alejandro García (JxC). El intercambio contará con la participación de la Sociedad Argentina de Apicultores, la Cámara Argentina de Anunciantes, la Sociedad Argentina de Diabetes, la Sociedad Argentina de Pediatría, la Unión de industriales Fideeros y Guido Girardi, actual senador por la Región Metropolitana de Santiago de Chile, y autor de la ley equivalente en aquel país.

El texto fue impulsado por los senadores Julio Cobos (UCR) y Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos) en base a lo que otros países de la región como Chile y México ya gestionaron. El resultado de esto fue la reacción del lobby de las grandes industrias azucareras del NOA, y de CEOS vinculados a empresas estadounidenses como Alejandro Díaz.

Fue este mismo Alejandro Díaz, CEO de Amcham (Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina quien intervino esta tarde en el Congreso para oponerse a la normativa, dado que ésta: "alcanzaría al 92% de los alimentos que se comercializan en Argentina". Por otra parte, planteó que uno de los principales ejes del desacuerdo con el proyecto está relacionado con la armonización con las normativas del Mercosur, particularmente con Brasil, ya que diferencias en ese aspecto podrían complicar el comercio bilateral. "Nosotros apoyamos la implementación de un marco normativo que promueva la adopción de estilos de vida saludables, pero no generando obstáculos al comercio, la producción y las economías regionales" aseveró el empresario.

También hubo reclamos por parte de la Cámara Argentina de Anunciantes, representada por Phillip Pérez, quien indicó que "el proyecto establece las mismas condiciones para niños, niñas y adolescentes. Entra en conflicto con muchas normativas legales relativas a este grupo etario y los recursos publicitarios". Por otra parte en representación a Tucumán, principal productora de caña de azúcar del país, las senadoras Beatriz Mirkin y Silvia Elías de Pérez, junto con Clara Vega de La Rioja, fueron las únicas que votaron en contra de la iniciativa durante su tratamiento en la Cámara Alta por la "preocupación sobre posibles perjuicios en la industria de la provincia".

A estos planteos, Guido Girardi, autor de la ley de etiquetado en Chile, garantizó que de acuerdo a estudios de la FAO "no hay ningún impacto sobre la economía" y aseguró que "el azúcar mata más gente que todas las guerras juntas". Aclaró que en este caso no se tiene en cuenta el azúcar que contienen los elementos de producción primaria, sino el azúcar agregada para los productos que son procesados.

Los objetivos del proyecto son claros: promover la prevención de la malnutrición en la población y la reducción de enfermedades crónicas a través de un etiquetado que sea visible, y que advierta acerca de la alta cantidad de componentes que pueden resultar nocivos para la salud.