"La antena es cáncer" gritan desde Barrio Pueyrredón

Desde 2019 integrantes del colectivo barrial "No a La Antena En Suipacha y Nores" denuncia múltiples irregularidades en la instalación de una antena de telefonía, obra ubicada en las esquinas del barrio Pueyrredón. El proyecto impulsado por "American Tower" está a cargo de Luis Rodolfo Cuello, un personaje que ni siquiera tiene el título de propiedad donde la obra se lleva a cabo. Ya la OMS junto a la Academia de Investigación para el Cáncer, han declarado que las radiación, radiofrecuencia y las ondas electromagnéticas son potenciales cancerígenos.

Por Redacción Enfant Terrible |

🕒 4 minutos de lectura

Desde el año 2019, en el barrio Pueyrredón de la Ciudad de Córdoba, en la esquina de Suipacha y Pasaje Nores comenzó a instalarse de manera ilegal una antena de telefonía. El colectivo barrial No a La Antena En Suipacha y Nores denuncia múltiples irregularidades, como la obtención de permisos sin audiencia pública, ni estudios de impacto ambiental o información alguna acerca de qué se estaba construyendo cuando la casa antigua que estaba emplazada en aquella esquina comenzó a desaparecer.

Según compartieron vecinas y vecinos del barrio cuando Enfant Terrible se acercó al lugar, el proyecto de la obra pertenece a la empresa estadounidense “American Tower” y está a cargo de Luis Rodolfo Cuello, un personaje señalado por ser integrante de la logia masona más antigua de Córdoba "Piedad y Unión", y es descripto como "usurpador" por la organización vecinal, al no contar con la escritura de la propiedad.

Según verificó Policía Ambiental al recurrir a las denuncias realizadas por la comunidad, la obra no cuenta con los trámites correspondientes para la habilitación (estudio de impacto ambiental, estudio de suelo) pero sobre todo no cuenta con licencia social.

Por estos motivos, en 2020 fue clausurada por la Secretaría de Ambiente, sin embargo, la obra continuó avanzando y hoy sólo le falta se coloque la parte superior para encontrarse en condiciones de funcionar.

Al momento de acercarse a consultar de nuevo sobre la situación, los vecinos no recibieron de la Municipalidad ninguna respuesta y las subsiguientes denuncias fueron ignoradas. A su vez miran con preocupación por la modificación de la Ordenanza Municipal aprobada en 2018 no establece distancia mínima para este tipo de infraestructura (modificando la ordenanza anterior de 2011 que exigía un mínimo de 100 metros de la zona urbana).

Por otro lado, según el proyecto de ley de American Tower "este tipo de construcciones no generan impactos negativos de importancia en el medio ambiente", pero según la Organización Mundial de la Salud (OMS) junto a la Academia de Investigación para el Cáncer, la radiación, radiofrecuencia y las ondas electromagnéticas son potenciales cancerígenos. Pero además existe un antecedente histórico en relación a las antenas de telefonía, se trata de un fallo emitido por el juez federal Julio Bavio, según indicó un vecino a este medio:

“Existe un antecedente clave en Argentina, en Güemes, provincia de Salta, donde se registraron 80 fallecimientos por cáncer y accidentes cerebro vasculares (ACV) en un radio de cinco cuadras alrededor de una antena de telefonía celular. En ese caso el objeto del recurso de amparo tardó 7 años en ser tomado por un Juzgado Federal, aplicando el principio precautorio y ordenando el traslado de la infraestructura”.

En el caso de Pueyrredón, la institución más cercana alrededor de la infraestructura es un jardín de infantes que se encuentra a menos de 25 metros, también hay tres (3) institutos geriátricos, colegios secundarios, espacios culturales, centros de día, hospitales e institutos de idiomas. En el barrio también se ven niños jugando y ancianos caminando, estos dos últimos sectores señalados como población de riesgo para la radiación que emiten las antenas.

En la línea del reclamo colectivo impulsado por los vecinos, muchas de las instituciones han adherido al documento que confeccionado donde declaran su total oposición al avance del emprendimiento privado, evidenciando un amplio consenso social por oponerse al emprendimiento.

Por todo lo expuesto, exigen que se aplique el principio precautorio que rige en la Ley General de Ambiente (26.675) y se suspenda de manera inmediata la obra, ya que temen que una vez se complete la instalación sea mucho más difícil dar vuelta atrás.

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