Hoy finalmente y tras la falta de quórum impulsado por la oposición de Juntos se tratará en Diputados de la Nación la Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos. Por primera vez en más de un año el Congreso recuperará la presencialidad para discutir este proyecto de ley cuyo objetivo es promover una alimentación saludable, según estándares nutricionales de calidad e información accesible al consumidor, así como prevenir la malnutrición en la población y enfermedades crónicas no transmisibles.

Este proyecto es impulsado por organizaciones de salud, ambientales y sociales, pero también ha sido resistida por la oposición política, alineada a los principales lobbys y cámaras alimentarias.

En su momento, la Coordinadora de Industrias de los Productos Alimenticios (COPAL), y la de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) se opusieron a esta normativa por poner "obstáculos al comercio y la producción". En este sentido, para las entidades se trata de un "sistema de advertencia que se transforma en un modelo punitivo, confuso, parcial e inequitativo", por el cual "el 92% de los alimentos que se comercializan en la Argentina serían discriminados negativamente".

Lo que estas entidades multinacionales de la alimentación no tuvieron en cuenta, es que hacia el interior del país, el Estado gasta millones de para atender las enfermedades relacionadas con la malnutrición. En este sentido, la magíster en nutrición e investigadora de la Fundación Interamericana del Corazón (FIC) Argentina, Victoria Tiscornia, defendió el proyecto de LEFA con claridad: "está basado en los mejores estándares de salud pública y en evidencia científica libre de conflictos de interés… es un proyecto modelo para toda la región porque es superador de todas las leyes que ya se implementaron". Esto último hace referencia a países como Chile y México, donde también rige el etiquetado frontal.