El jefe de Estado anunció que enviará un proyecto de ley para impulsar la industrialización del cannabis y promover su producción de manera integral en la ciencia, la salud y la industria. En una perspectiva a futuro y hacia afuera del país, en su discurso ante la Asamblea Legislativa planteó que "la industria mundial del cannabis medicinal triplicará su volumen de negocios en los próximos 5 años".

El anuncio es algo que ya se venía trabajando en el Ministerio de Desarrollo Productivo a cargo de Matías Kulfas en conjunto con la senadora Anabel Fernández Sagasti y las diputadas Carolina Gaillard y Mara Brawer, planificando un "marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis para uso medicinal y del cáñamo para uso industrial", según un tweet del ministro.

Otro agente que tuvo un rol fundamental en este proyecto es la Cámara Argentina de Cannabis (ArgenCann) cuyo presidente, Pablo Fazio, en una entrevista con Página 12 expresó que "además del cannabis medicinal, la nueva ley podría agregar desde la fase productiva la posibilidad de la industrialización del cannabis en otros derivados como pueden ser bebidas, alimentos, productos veterinarios, cosmética, fitopreparados, entre otras cosas (...) el procesamiento del cáñamo desde sus semillas, sus tallos, la extracción de sus fibras, abre un abanico de posibilidades productivas que contempla un cambio radical".

Antecedentes: actual Gobierno y la marihuana

En noviembre de 2020 ya se anoticiaba la legalidad del cannabis medicinal como nueva reglamentación de la ley 27.350 de "Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus derivados". Desde entonces se estableció la regulación del cultivo doméstico, el expendio en farmacias de aceites, cremas, y la creación de una red de laboratorios públicos y privados que garanticen el control de derivados producidos.

Sin embargo, el Ministerio de Salud de la Nación aún no ha puesto en funcionamiento el Registro del Programa de Cannabis (Reprocann), registro específico para usuaries que cultivan cannabis para fines medicinales, terapéuticos y/o paliativos, estipulado en el Artículo 8 de la reglamentación. Según la Revista THC, "sin esa certificación básica, quienes plantan incluso con fines medicinales siguen siendo criminalizados". En este sentido, "la ausencia de alternativas claras para que las personas puedan cultivar para sí mismas o para terceros sin correr peligro hace que el desequilibrio sea la principal realidad" explican.

La industrialización vs la criminalización

Volviendo al discurso del presidente, si bien afirmó que "en la política de drogas priorizamos la desarticulación de las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y no la política de persecución del consumo que regía previamente", el proyecto deja el cabo suelto que siempre nos lleva a mirar hacia la Ley de Drogas 23.737.

El hecho de nombrar al cannabis y materializarlo como una política pública, es realmente novedoso e histórico para nuestro país, pero es imposible limitarnos a estos puntos cuando sabemos que existen miles de personas que utilizan el cannabis para uso "recreativo" y personal. Mientras tanto, las fuerzas de seguridad continúan con sus operetas en la "guerra contra el narcotráfico" persiguiendo en realidad a cultivadores aislados.

La actual Ley de Drogas presupone una figura de "delincuente" ante alguien que utiliza el cannabis de forma lúdica, un tipo de delito que en principio no implicaría daños a terceros.

Por su parte, las fuerzas de seguridad también hacen uso de estos criterios. Recordemos lo que decía en 2011 para la Revista THC Vanesa Orieta, hermana de Luciano Arruga, adolescente desaparecido y posteriormente asesinado por la Policía Bonaerense: “En los barrios, la policía se lleva detenidos a los pibes porque les encontraron un tuquero o un fasito en el bolsillo. Ahí comienza la relación que se da entre los jóvenes de un barrio humilde y la policía” (...) “los tienen detenidos un par de horas, los golpean y les piden la plata que puedan tener, 30 ó 40 pesos, para no armarles una causa. Muchos chicos terminan robando para la policía que es la que maneja todos los expendios de droga”. A día de hoy la situación no ha cambiado, porque la Policía mantiene el mismo aval judicial para operar.

En síntesis, la industrialización del cannabis en nuestro país inicia desde una perspectiva productivista que abre muchas puertas. Aún no se teje el escenario para que lo "recreativo" sea percibido como igual de importante que lo medicinal e industrial. De a poco, y mientras haya un Gobierno atento a las demandas, tarde o temprano los derechos seguirán en alza y la clandestinidad en retroceso.