Esta última semana de agosto comenzó movida por los reclamos que impulsan usuarixs, familiares y personal que trabaja en áreas de Discapacidad, tanto a nivel Nacional como Provincial, debido al retraso de 3 meses en el pago de los salarios, que afecta la atención en los servicios de salud y pone en riesgo la continuidad de los tratamientos. En este sentido, demandan que las obras sociales -dependientes de la Superintendencia de Servicios de Salud- no están abonando las prestaciones brindadas en tiempo y forma a sus afiliados, manifestando un quite monetario por parte de la AFIP.

A raíz de las movilizaciones que en CABA terminaron con una acampe colectivo frente a Casa Rosada y un intimidante despliegue de la Policía de la Ciudad, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Economía que preside Sergio Massa, negó que el las "modificaciones administrativas tomadas por subejecución presupuestaria en algunos sectores" afecten al área de Dispacacidad, refiriéndose al recorte de $10.000 millones para salud anunciados hace una semana.

Por su parte, el director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Fernando Galarraga, declaró que “el atraso de una semana que se generó en los pagos en las prestaciones que se financian desde la Superintendencia de Servicios de Salud y obras sociales se debió a inconvenientes administrativos y ya fueron solucionados”. Según los anuncios oficiales, los pagos serían concedidos en la segunda quincena de septiembre.

“La situación es insostenible”

En Córdoba, la asociación APADIM publicó la nota "No al ajuste en discapacidad (una vez más)", cuyo título “es una consigna que viene acompañando, al menos, los últimos seis años”, donde remarcan que la crisis en Discapacidad se da “en un contexto de noticias de ajustes en distintos sectores, y de crisis en el Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que tiene como protagonistas al Estado Nacional y las Obras Sociales”. Según APADIM, esto coincide con las “sucesivas medidas que tienen la "originalidad" de ver a las prestaciones para personas con discapacidad como gasto”. Dicha lógica distributiva, impactaría en “un sistema del que hemos visto caerse instituciones endeudadas, profesionales que 'salen y se dedican a otra cosa', personas con discapacidad que quedan sin acceder a apoyos que necesitan y al que tienen derecho”.

Además, señalan que el trasfondo está en el "tironeo" entre el Gobierno Nacional y las obras sociales para solventar el FSR, en lo que refiere a las prestaciones de educación y transporte.

“El retraso anunciado por la Superintendencia de Servicios de Salud hasta la primera quincena de septiembre coincide llamativamente con estas idas y vueltas”.