La jueza federal Cecilia Madariaga Gilardi de Negre hizo lugar a un amparo presentado por las organizaciones ultracatólicas Portal de Belén y Asociación para la Promoción de los Derechos Civiles para prohibir la venta de Misoprostol en las farmacias. Semanas atrás Macri derogó el protocolo ILE por decreto y el futuro ministro de Salud Ginés González García se pronunció inequívocamente a favor de legalizar el aborto. La lucha política y judicial continúa, pero la calle define la ampliación de derechos.

Durante la tarde de ayer trascendió que la jueza federal subrogante del Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº11  Cecilia Madariaga Gilardi de Negre hizo lugar a un amparo presentado por las organizaciones ultracatólicas Portal de Belén y Asociación para la Promoción de los Derechos Civiles, y prohibió la venta de Misop 200 y Oxaprost en farmacias. La suspensión de venta de misoprostol, medicamento de uso ginecológico permite acceder a abortos seguros, obligará a los cuerpos gestantes que quieran acceder a una interrupción segura del embarazo a asistir a hospitales públicos, donde generalmente no se cumple el protocolo ILE.

Pocos meses atrás el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba rechazaba un amparo similar presentado por la misma organización antiderechos Portal de Belén, patrocinada y financiada por la bancada legislativa del ultraconservador Aurelio García Elorrio. El máximo tribunal provincial desestimó el recurso extraordinario que buscaba llevar a la Corte Suprema la punibilidad de aborto en cualquier circunstancia a pesar de que la interrupción del embarazo está permitida por el Art 86ª inciso 1 y 2 del Código Penal.

El palacio y la calle

Esta nueva ofensiva judicial de las organizaciones antiderechos se ubica en medio de una polémica del saliente gobierno de Mauricio Macri. El ahora ex secretario de Salud de filiación radical Adolfo Rubinstein firmó semanas atrás la actualización del Protocolo para la Interrupción Legal del Embarazo, que fue publicada en el Boletín Oficial. La actualización fue derogada por decreto en menos de 24hs en medio de un revuelo político y como un guiño del gobierno saliente a las organizaciones que se oponen al aborto legal. Tras el decretazo Rubinstein renunció y Lilita Carrió amenazó a la diputada Brenda Austin, también radical a los gritos en medio del Congreso.

Por su parte el gobierno entrante anunció que restituirá el rango de Ministerio a la actual Secretaría de Salud y el presidente electo Alberto Fernández convocó a Ginés González García para ponerse al frente del mismo. El polémico doctor que ya ocupó la cartera de salud en tres ocasiones se pronunció nuevamente a favor del aborto legal, y declaró que pretende no sólo re actualizar el protocolo ILE sino también "enviar un proyecto al Congreso para que se legalice el aborto".

A pesar de la manifiesta voluntad de parte del nuevo gobierno de hacer avanzar un proyecto para legalizar el aborto, la renovación de parte de las dos cámaras legislativas no permiten imaginar un margen holgado para la ampliación de derechos en materia de salud sexual y reproductiva en el curso del nuevo período legislativo. Al elevado número de diputados y senadores antiderechos, a ambos lados de las primeras mayorías, se suman indecisos cuyo voto sólo se dará a conocer a última hora y en función de un mezquino cálculo electoral.