Entre el miércoles y jueves, al menos 23 personas fallecieron y otras 74 fueron internadas por consumo de cocaína adulterada, situación que llevó a las autoridades de la Provincia de Buenos Aires a declarar la "alerta epidemiológica".

En las redes sociales comenzaron a circular los primeros memes, en los medios de comunicación a proliferar los comentarios discriminatorios contra los consumidores y el ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni, hacía allanamientos por acá y arrestos por allá. Las discusiones en torno al paradigma prohibicionista de las drogas volvió a reflotar.

En Argentina aún contamos con una Ley de Drogas (23.737) que sostiene una marcada tendencia hacia el prohibicionismo y la judicialización de usuarixs de drogas. Esta orientación, ha teñido por años a las instituciones y por ende al imaginario social acerca de estas problemáticas, volviendo muy tenaz su tratamiento con las famosas "guerras contra el narcotráfico" conocidas en los países de América Latina con subordinación a las intervenciones de Estados Unidos, con altísimo despliegue militar y que termina por inundar con mayor violencia los barrios populares.

Este combo, discriminación, judicialización y persecución policial, han demostrado no dar resultado. Dicho entramado demuestra que el fracaso por una muerte o internación por sobredosis es de la sociedad, no del usuario, ni tampoco de "la droga".

Repensar el consumo es repensarnos como sociedad

En Argentina, desde el año 2010 contamos con una Ley Nacional de Salud Mental y Derechos Humanos (LNSM) que marca un antes y un después en relación a las problemáticas de las adicciones y los consumos problemáticos. En su Art. 4 la LNSM plantea que:

"Las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental. Las personas con uso problemático de drogas, legales e ilegales, tienen todos los derechos y garantías que se establecen en la presente ley en su relación con los servicios de salud".

De esta manera, el abordaje de las adicciones y consumos problemáticos dejaba de ser una incumbencia del Ministerio de Seguridad y sus fuerzas, para ser responsabilidad del Ministerio de Salud, reconociendo que el consumo no vuelve delincuentes a piori a los usuarios de drogas, sino usuarios del sistema de salud.

Al compas de nuevas formas de entender y atender los procesos salud-enfermedad-atención-cuidados, así como de prevenir y promoverlos, los dispositivos comunitarios se insertan como agentes claves, ya que disputan con una hegemonía institucionalista del control social sobre el consumo, que a su vez, como característica del prohibicionismo, limita las posibilidades de acompañarlos y trabajar de formas que contemplen los derechos y la dignidad humana.

Un espacio que nos parece puede aporta discusiones y emplea praxis en estos sentidos es la Red Puentes que trabaja en nuestro país, que también tomó posición en la discusión ante la alerta epidemiológica por las intoxicaciones. En este marco, hablamos con el psicólogo comunitario Ceferino Flores, trabajador de la Casa Puentes en el barrio San Ignacio de la Ciudad de Córdoba.

-¿Qué perspectivas del consumo trabajan en Red Puentes?¿Cómo pensar su trabajo a nivel de políticas públicas en un contexto donde lo que prima es el prohibicionismo?

-La perspectiva de reducción de riesgos y daños va en la línea de poder acompañar y ampliar la mirada, es decir, introducir otros actores. Por ejemplo introducir al/le trabajadore social, al/le psicólogue, a los mismos actores del barrio, poder introducir la mirada de lo que sucede en el barrio, de referentes comunitarios, poner en diálogo los sectores. Que también se discuta y se produzcan intervenciones más amplias y potentes.

"Pensar desde otra mirada, donde la responsabilidad no cae sobre el consumidor sino sobre una red de sucesos estructurales de desigualdad que terminan siendo ciertos consumidores, porque no todos los consumidores son condenados por la sociedad, sino los de sectores populares y marginales".

Lo que sucede es una hegemonía instalada en torno al prohibicionismo, donde ciertos actores tienen potestad para decir algo acerca del consumo problemático de las adicciones (la policía, los jueces, los psiquiatras). Las miradas generan políticas públicas, o generan ciertas intervenciones, y si esas miradas generan efectos en las personas, entonces cuando hablamos sobre la importancia de pensar la mirada, hablamos de esos efectos. Por eso se viene luchando hace mucho tiempo por la implementación de la Ley de Salud Mental que tiene estas perspectivas de ampliar y poner en diálogo a los actores, la voz de les usuaries, de las personas que padecen el consumo, que tengan un lugar en la discusión. Es súper necesario y los espacios comunitarios como la Red Puentes lo construyen y es un desafío cotidiano ir construyendo las perspectivas.

-Es conocido que existe una estructura del delito entre funcionarios públicos como policías o jueces y agentes del narcotráfico. Por ejemplo en el caso reciente de las intoxicaciones desde Red Puentes piden que se investigue a la policía de San Martín ¿Cómo repercute esta estructura en la vida de lxs jóvenes de los barrios de Córdoba?

-Repercute directamente, porque el Estado baja recursos para combatir el narcotráfico y en eso incluye el consumo. Algo que dice el comunicado de Puentes me pareció muy pertinente, que una cosa es el consumo problemático y otra es el narcotráfico y a veces los ponen como lo mismo. Entonces es fundamental diferenciarlo y dejarlo claro, porque también dejamos claro las inversiones y las políticas públicas que se lleva adelante el Estado.

"No, no es lo mismo hablar del narcotráfico, el negocio de policías y jueces, a hablar de las personas que sufren las consecuencias de todo este entramado".

Si el Estado baja sólo recursos para la policía, porque así supuestamente se reduce el consumo, estamos errados. Si bajamos recursos y proyectos para laburar desde una perspectiva de acompañar a las personas que sufren, de poder transformar la perspectiva de lo que sería la promoción de salud, estamos hablando de otra cosa. Eso lo vemos día a día con los usuarios que vienen acá y encuentran un dispositivo que los contiene, que los acompaña, que los escucha y no algo que les prohíbe, que los reprime, algo que pasa en las instituciones. En ese sentido los dispositivos comunitarios son disidentes.

-Con la emergencia epidemiológica por las víctimas e internaciones de este semana surgieron argumentos cómo que "hay que despenalizar la tenencia y el consumo", ¿Qué posición tienen respecto de estos argumentos?

-Es una pregunta compleja. Creo que Puentes se está dando estas discusiones y está bueno que las instituciones y el Estado también se las comiencen a dar. Si estamos en contra del prohibicionismo tenemos que estar a favor de nuevas formas de trabajar el consumo, de regularizarlo.

Además, se hace mucho hincapié en el consumo, pero te diría que hasta es una cuestión secundaria a cuestiones que viven jóvenes de sectores populares, porque el consumo es un problemática social porque todos somos consumidores, vivimos en una sociedad de consumo. Hay otros puntos como la desigualdad, la pobreza, con niños que empiezan a consumir a los 12 años, cocaína en mal estado, situaciones que tienen que ver con desigualdades estructurales y que combatirlas tienen que ver con políticas concretas del Estado, de acompañar todos estos procesos que son durísimos, son muy tristes, se nota la ausencia del Estado. Entonces es necesario que regule no sólo el consumo, sino también todas estas situaciones.

"El consumo es un problemática social porque todos somos consumidores, vivimos en una sociedad de consumo".