La designación del ingeniero agrónomo Leonardo Sarquis como director de Conservación de Áreas Protegidas en la Administración de Parques Nacionales (APN) encendió las alarmas entre las y los trabajadores debido a su conocida trayectoria como lobista del mundo del agronegocio.

Sarquis trabajó ni más ni menos que para la multinacional Monsanto (adquirida por la alemana Bayer en 2016), empresa denunciada en todo el mundo por el daño que han provocado sus paquetes químicos aplicados en la agricultura transgénica. Por uno de esos casos, en 2020, Bayer debió pagar 40 millones de dólares por haber escondido los riesgos a la salud provocados por el glifosato, el agroquímico más utilizado del mundo en las etiquetas del herbicida RoundUp.

Sin embargo, su trayectoria no se limita al ámbito privado. De hecho, en su perfil de LinkedIn se jacta de tener “gran experiencia en implementación y generación de políticas públicas para la Agroindustria en gobiernos, y en gestión de negocios en empresas líderes de sectores de Agronegocios, Oil & Gas y Negocios Industriales, tanto en Argentina como en el Exterior. Orientado al trabajo en equipo. Amplia experiencia en el manejo de acciones mixtas entre grupos privados y públicos (participación público privada)”.

Durante el Gobierno de María Eugenia Vidal (2015-2019), Sarquis fue ministro de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires. En esa gestión -más específico en el año 2018- fue el responsable de haber impulsado la “Resolución del Veneno” 246 MAGP 18 para la aplicación de fitosanitarios “en lotes contiguos al área urbana, zona residencial extraurbana, área de población dispersa, márgenes de cursos o cuerpos de agua, establecimientos educativos, áreas de esparcimiento y reservas naturales que comprenderán la zona de amortiguamiento”. Es decir, sin distancia alguna de cualquier zona que pudiera ser afectada por los químicos. En la actualidad, esta resolución se encuentra suspendida debido al reclamo de las organizaciones socioambientales, pero no ha sido derogada ni por Vidal ni por Axel Kicillof, actual gobernador de la provincia.

Sin embargo, si bien la designación puede hablar por sí misma de cómo puede comenzar a encararse la política de los Parques Nacionales por parte del gobierno de Javier Milei, es importante también entender qué tareas lleva adelante la dirección en la que fue designado Sarquis y cuáles son los riesgos que atraviesa la APN. Para profundizar en estos aspectos nos contactamos con Gabriel Brizuela, guardaparques nacional en el Parque Nacional Quebrada del Condorito, ubicado en la Pampa de Achala, uno de los tres parques nacionales que hay en la provincia de Córdoba.

“Estamos ante la desaparición del único organismo destinado a la conservación de la naturaleza y los bienes naturales del país”

Gabriel trabaja en la APN como guardaparques desde el 2009, hace casi 16 años. A su vez, es actualmente delegado de ATE por el voto de sus colegas. En ese sentido, también tiene en claro cómo está compuesta la estructura del organismo que custodia el total de 18 millones de hectáreas protegidas que hacen a los 55 Parques Nacionales que existen en Argentina.

En diálogo con Enfant, el delegado comienza por denunciar los despidos que están sucediendo en el organismo y responsabiliza la vigencia del DNU 84/23 firmado por Javier Milei, que permite los despidos en el Estado a partir de las llamadas cesantías, así como la revisión de los contratos cada tres meses. A su vez, menciona que los despidos son posibles debido a la precariedad en la contratación de los puestos de trabajo.

“De los 2.200 agentes que tiene la administración, entre personal técnico, biólogos, investigación y administrativos, el 50% del personal está en planta permanente y el otro 50% se encuentra con modalidades de contratación”, cuenta. Además, Brizuela comenta que muchas de esas contrataciones, se suponía que iban a ser transitorias, sin embargo, nunca fueron trasladadas a planta, manteniéndose esa estructura laboral precaria.

En esta línea, además de Sarquis, el guardaparques también se detiene en la designación del nuevo presidente de Parques Nacionales, Cristian Larsen, quien estuvo al frente de la empresa de Radio y Televisión Argentina (RTA) durante el Gobierno de Mauricio Macri, una de las más afectadas por los despidos en los medios públicos en ese período de gestión.

Por otro lado, con el DNU 70/30 se habilita a que Milei pueda disolver organismos del Estado de manera discrecional, algo que obtendría un marco legal si el Congreso aprobase la delegación de facultades que incorpora la Ley Bases, que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados. Dentro de esos organismos, la APN entra en la órbita de posibles afectados.

A su vez, hay algo clave que pone en mayor riesgo la existencia de la APN y es el congelamiento presupuestario. En adelante, la explicación el guardaparques.

“Actualmente rige un congelamiento presupuestario retrotraído a enero de 2023, como pasa con las universidades públicas por ejemplo. Entonces, en un par de meses más, si llegamos a junio sería un milagro, ya no va a haber fondos para poder cubrir la extensión territorial, tener vehículos disponibles para hacer la tarea de controlar, pero también los trabajos de monitoreo, de controlar especies exóticas y reintroducir las especies nativas”.

Este congelamiento no es en sí mismo el problema, explica Gabriel, sino también la alta inflación, la devaluación ordenada a principios del nuevo gobierno, la pulverización del salario, la desregulación de los precios y el incremento del costo de los materiales necesarios para llevar adelante las tareas que menciona.

“Ya hay una situación de parálisis por la priorización de ciertas tareas. Todo esto forma un combo mortal donde realmente podemos decir, sin ninguna exageración, que estamos ante la desaparición de un organismo, que es el único destinado a la conservación de la naturaleza y los bienes naturales del país”, denuncia Brizuela.

Pero no termina aquí. Para entender la importancia de la APN es fundamental entender su histórica jerarquía en las políticas públicas nacionales, algo que el actual gobierno a decidido desacreditar al degradar al organismo a Subsecretaría dentro del Ministerio del Interior.

“Parques Nacionales es un organismo descentralizado del Estado Nacional que ha funcionado históricamente en el Ministerio de Ambiente y que, desde que asumió Milei, fue eliminado, como pasó con otros ministerios. Ahora, este organismo descentralizado quedó bajo la órbita del Ministerio del Interior y además de Guillermo Francos (ministro de esa cartera), dependemos de Daniel Scioli que es el secretario de Turismo, Deporte y Ambiente de la Nación. Es decir que ahora estamos dentro de una Dirección y le bajaron el precio como subsecretaría”.

Pero, a todo esto, ¿qué pasó con el ex CEO de Monsanto por el cual empezó esta nota?

Consultado por su designación, Gabriel plantea que se trata más de una “provocación” el hecho de designar en un área de conservación, a una persona que trabajó para una multinacional denunciada más bien por todo lo contrario: “Es por lo menos una burla y un insulto, cuando es un lobista y CEO de una de las empresas que más daño ha provocado desde la década de los 90s hasta ahora, fumigando con un impacto brutal sobre la salud de la población”.

Y entonces, ¿qué hay detrás de la designación de este personaje?

Un tema de soberanía

Los despidos, el desfinanciamiento, la paralización y la degradación del organismo a Subsecretaría viene a debilitar una estructura crucial para la defensa de espacios naturales únicos en el mundo, que por decisión de diferentes gobiernos han sido protegidos de las actividades dañinas para los bienes irremplazables. Megaminería, explotación forestal, petróleo e hidrocarburos, inmobiliaria, turística, monocultivo y ganadería son las actividades que extienden sus fronteras de explotación durante todo el país, cada vez de manera más desregulada.

“En el caso del Parque Nacional Iguazú tiene un (hotel) Sheraton, por ejemplo, pasarelas gestionadas por empresas privadas. En la Patagonia pasa lo mismo con el Parque Nacional Los Glaciares y el Parque Nacional Los Alerces. Hay una gran cantidad de operadores de empresas privadas que son prestadores, y que son una fuente de negocios y negociados. También está esa otra posibilidad de avanzar sobre todo sobre aquellos que sean más rentables y los que no dejarlos librados a su suerte”, advierte Gabriel.

A su vez, con la pérdida de control sobre los parques es más posible la llamada “desafectación”, es decir, que dejen de estar en manos públicas y puedan ser privatizados. Para ello, también existe un proceso por el cual los espacios pierden protección nacional y pasan a las provincias, donde los recursos son gestionados por los gobernadores bajo el pretexto de que los mismos son “propiedad de las provincias”.

En este sentido, Gabriel pone un ejemplo que ocurrió durante el gobierno de Mauricio Macri con el Parque Nacional Calilegua, ubicado en Ledesma, Provincia de Jujuy, donde se desafectaron 1.100 hectáreas en un sector de yunga (selva) piedemonte donde se encuentra el Yacimiento Petrolero Caimancito, que ahora está siendo explotado por una empresa china HP International Petroleum Engeneering Ltd.

Sin embargo, podría decirse que el interés principal del actual Gobierno Nacional no se encontraría tanto en facilitar los recursos a las provincias.

Con el tratamiento de la Ley Bases en el Congreso, uno de los temas más polémicos y que mayor discusión despertó fue el Régimen de Incentivo para los Grandes Inversores (RIGI) que no sólo abre sus puertas a las principales multinacionales extranjeras, sino que les otorga beneficios inéditos como exenciones impositivas, aduaneras, cambiarias y normativas en sectores claves como “Agroindustria, Infraestructura, Forestal, Minería, Gas y Petróleo, Energía y Tecnología”, entre otras.

De esta manera, cabe pensar si la desprotección de las áreas naturales no las dejaría también a merced de estas empresas que no tienen ningún vínculo o interés de protección del patrimonio natural argentino. Para Gabriel, está directamente vinculado.

“El RIGI es la posibilidad de que los fondos buitres y los fondos de inversión que son tenedores de títulos de la deuda externa argentina, puedan venir a invertir sin ningún tipo de control, profundizando el saqueo, porque todo lo que tiene que ver con la megaminería y la exportación de granos se hace a través de declaraciones juradas. Los grupos económicos son los que declaran cuánto está saliendo por los barcos y la Hidrovía”.

De esta manera, el RIGI le daría un marco legal para el ingreso de estos capitales sin ningún tipo de restricción, incluso incentivaría y ofertaría todo aquello que pueda ser rentable, o como dijo Gabriel, sea “una fuente de negociados”.

Por último, el guardaparques reflexionó acerca de la importancia de proteger los Parques Nacionales desde la unidad entre los diferentes organismos públicos, en conjunto con el movimiento obrero, las universidades públicas, los pueblos originarios, las asambleas ambientales y de la cultura.

“Hablamos de los reservorios con mayor biodiversidad del país y del patrimonio genético desde el punto de vista de la flora, la fauna y de las especies que se conservan, las cabeceras de cuencas de agua y ambientes marinos-costeros, que todo contiene una belleza paisajística enorme”, finaliza Gabriel.

Foto de portada: Somos Télam

Algunas fuentes:

Un Ex-Ceo de Monsanto en Parques Nacionales: El Lobo cuidando las Ovejas.
Parques Nacionales: Monsanto al gobierno, los privados al poder
Controversial designación en Parques Nacionales