El pasado martes, la Ley General de Ambiente (10.208) sufrió una serie de modificaciones en la Legislatura de Córdoba, en sus Anexos I y II, lo cual preocupa a organizaciones ambientales, sociales y sindicales de la provincia ya que, según denuncian, la modificación se realizó a espaldas de la sociedad civil y a su vez, ésta continuará beneficiando a los sectores desarrollistas inmobiliarios, agroganaderos y mineros (el llamado triple lobby).

El Colectivo de Abogados y Abogadas Ambientales de Córdoba emitió un comunicado criticando la actitud del Gobierno de la Provincia de Córdoba y el resto de funcionarios que votaron a favor de la modificación:

“Con fecha 22 de julio de 2022, el Gobernador de la Provincia envía un Proyecto de Ley para modificar la Ley General del Ambiente 10.208 en sus Anexos I y II. En un trámite express, la Legislatura de la Provincia de Córdoba, el día 17 de agosto de 2022 lo pone a consideración del plenario de Legisladores y lo aprueba, ignorando una vez más la participación ciudadana que, además de ser obligatoria, pudo haber enriquecido el debate. En su lugar, sancionaron una normativa regresiva e inconstitucional”.

A su vez informan que, con la modificación “grandes porciones del territorio de la Provincia, que hoy están categorizadas como zona roja, por tanto inmodificable y protegible a perpetuidad conforme la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección de Bosques Nativos (26.331)”, quedarían libradas al arbitrio del triple lobby. A su vez, desde el colectivo criticaron que la norma sancionada “cercena la participación ciudadana, ya acotada por la propia ley modificada, al sustraer algunos supuestos de la obligatoriedad de iniciar el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental que incluye el Estudio de Impacto Ambiental y la Audiencia Pública”.

Con estos puntos modificados, “el Gobierno estaría utilizando los mecanismos constitucionales con los que cuenta a fin de evitar que los cansados ciudadanos y ciudadanas tengamos que recurrir a una desprestigiada y cuestionada Justicia Provincial que, a tenor de los acontecimientos, llegará demasiado tarde” apuntaron.

La modificación de la normativa se da en medio de una escalada de reclamos a nivel provincial, por la lentitud con que el Poder Judicial aborda las causas ambientales habiendo más de 150 causas judiciales en curso, que van desde la destrucción del territorio por incumplimiento de leyes, ya sean ambientales, de ordenamiento territorial y del respeto por la autonomía de los Pueblos Indígenas, así como la judicialización de activistas ambientales y vecinos de las localidades afectadas por los emprendimientos. La problemática de las autovías en Punilla y Paravachasca son de los casos más polémicos, ya que desenmascara la política del Gobierno para beneficiar al triple lobby.