El pueblo Misak habita el Valle del Cauca, en Colombia, desde hace muchos siglos. Durante la dominación colonial española recibieron un Resguardo Mayor, es decir, fueron reconocidas sus autoridades y obtuvieron cierta autonomía, y hasta algún grado de acceso a la propiedad de la tierra -siempre bajo la tutela de la monarquía y su andamiaje burocrático y real-.

Desde 2016 los Misak vienen denunciando a la empresa transnacional de origen irlandés Smurfit Kappa, líder mundial en producción de papel y cartón, por operar ilegalmente en sus territorios, amedrentar a los productores agrícolas hasta forzarlos a la venta de sus tierras e impulsar el monocultivo de pino y eucaliptus, con la consecuente erosión y desertificación de la selva.

Por su parte, el estado Colombiano ha respondido a las denuncias con represión legal e ilegal, en connivencia con la empresa. Según el Colectivo de Derechos Humanos José Martí, hasta ahora se han registrado un asesinato, veinte heridos, un mutilado, y una detención ilegal llevada a cabo por parte del Ejercito Nacional.

Por otro lado, el impacto de la industria papelera en todo el Valle del Cauca está destruyendo por completo la economía Misak, la dimensión tradicional de la agricultura sostenible que sobrevivió a los siglos de dominación española y afectando seriamente el tejido social de las comunidades originarias de la zona.

Como respuesta a esta ofensiva empresarial, las comunidades Misak han impulsado la creación de su propia guardia indígena: Los Pubeneses. Estos guerreros pacíficos organizan desde hace algunas semanas, acampes y manifestaciones en los alrededores de las instalaciones selváticas de Smurfit Kappa, con el objetivo de evitar que expandan la frontera de pinares y eucaliptos.

A poco de iniciadas las acciones de la guardia indígena el estado movilizó al ESMAD (escuadrón móvil anti disturbios), tras lo cual se reportó el uso indiscriminado de granadas aturdidoras, gas lacrimógeno e incluso armas de fuego contra los comuneros.

Según señala la revista española CTXT, desde su llegada a Colombia en 1986 –a través de la adquisición de la Container Corporation of America, accionista mayoritario de Cartón Colombia–, la compañía ha recibido múltiples críticas, tanto por su daño al medioambiente, como por sus malas condiciones laborales. Despidos arbitrarios, presión hacia trabajadores enfermos para que renuncien, y la persecución de sindicalistas, dejan en duda las buenas prácticas de las que Smurfit (Cartón de Colombia) alardea en su código de conducta. 

Frente al avance de las corporaciones, los indígenas Misak al igual que otras comunidades originarias han comenzado a articular luchas e impulsar procesos de recuperación territorial, cuya expresión de mayor calado fue la participación colectiva indígena en las protestas masivas de 2021.