Por Matías Machado

En el Año Internacional de la Preservación de los Glaciares (designado así por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y la Organización Meteorológica Mundial), el Gobierno Nacional amenaza con modificar la Ley de Glaciares (26.639), algo que se vio obligado a retirar de la denominada Ley Bases el año pasado.

Activistas y organizaciones socioambientales denuncian que se trataría de un avance a medida de las corporaciones extractivas como Barrick Gold, lo que pondría en jaque el acceso al agua, los ecosistemas de alta montaña y los derechos conquistados en defensa de los glaciares.

A entender del investigador del CONICET, Machado Aráoz, la modificación de la normativa habilitaría la explotación minera en áreas de glaciares y periglaciares, y limitaría la protección sólo a glaciares mayores a una hectárea, dejando sin resguardo miles de cuerpos de hielo y su entorno vital.

“La habilitación de la megaminería en zona de glaciares podría generar un escenario de estrés hídrico irreversible, como ya ocurrió en Chile lo que ya ocurrió en países vecinos como Chile, Perú y Bolivia”, expresa.

La modificación rompería con los principios fundamentales establecidos por dos leyes claves: la Ley General del Ambiente N° 25.675, que define los presupuestos mínimos para una gestión ambiental sustentable, la protección de la diversidad biológica y el desarrollo sostenible, y la Ley de Protección de Glaciares N° 26.639, sancionada en 2010, cuyo objetivo central es el resguardo de  los glaciares y el ambiente periglacial como reservas hídricas estratégicas. 

“Lo que se pretende es restringir o quitar esas protecciones básicas que dictamina la Ley 26.639. Se trataría de un grave retroceso no solo socioambiental, sino también de una lesiva degradación y violación de los ya exiguos y frágiles niveles de democratización que exhibe nuestro país”, advierte Machado.

El agua de hoy y mañana ¿en manos extranjeras?

El potencial impacto ambiental es tan claro como los mismos glaciares, ya que la criosfera está en retroceso por efecto del calentamiento global, provocado asimétricamente por los países más industrializados y los grandes grupos empresariales de la economía mundial. Esto condujo a la Tierra a un nuevo régimen climático, donde los fenómenos meteorológicos extremos -grandes sequías y la desestabilización de los parámetros históricos de los ciclos hidrológicos-, nos exponen a situaciones de escasez hídrica. 

La destrucción de los ambientes glaciares y periglaciares provocar pérdidas y daños irreversibles; significa la destrucción de cuencas y ciclos hidrológicos no solo presentes sino también futuros. Si Argentina lo permite, entonces se estarían enajenando las aguas de las generaciones venideras. 

En Argentina, el rol de los glaciares es fundamental, ya que estos abastecen de agua dulce a 12 provincias, a través de 39 cuencas hídricas que nacen en la cordillera andina y desembocan en ríos interiores. 

“La Ley de Glaciares ha sido sancionada luego de una larga y continuada movilización social sostenida por organizaciones de base y asambleas ecologistas de casi todas las provincias cordilleranas del país. Se trató de una movilización amplia y multisectorial unida en la defensa de las nacientes de las aguas que riegan y sostienen la vida en estas provincias, muchas de ellas con geografías áridas y semiáridas, donde los ecosistemas glaciares y periglaciares cumplen un rol fundamental en cuanto a reservorio hídrico para el abastecimiento de las necesidades vitales de los ecosistemas y las poblaciones humanas”, señala el investigador. 

Diversas Comunidades quedarían sin acceso a agua segura, especialmente en provincias como Mendoza, San Juan y Catamarca. En ese sentido, un caso ilustrativo es el glaciar Upsala, que alimenta el Lago Argentino y, mediante el Río Santa Cruz, provee agua a zonas clave de la Patagonia.

¿Y Córdoba? Una conexión indirecta pero real

Aunque parezca una problemática lejana, la provincia de Córdoba no es ajena a los glaciares cordilleranos argentinos. Si bien no cuenta con glaciares, está vinculada a los mismos por una variedad de hechos que alimentan a nuestro sistema hídrico de forma indirecta, pero concreta.

En la Cordillera de los Andes, principalmente en Mendoza y San Juan, se encuentran la mayoría de los glaciares del centro-oeste argentino, que actúan como reservas estratégicas de agua dulce, liberando caudal todo el año y alimentando ríos cordilleranos claves, como el Atuel y el Tunuyán, que a su vez desembocan en las cuencas de Desaguadero, Salado, Chadileuvú y Curacó. 

Estas cuencas atraviesan y bordean varias provincias, incluyendo La Pampa y el sur de Córdoba, hasta desembocar en nuestros humedales y lagunas, entre los que se destacan la laguna de Mar Chiquita y el Bañado del Río Quinto, que interactúan con aguas subterráneas y superficiales vitales para Córdoba.

La provincia ya sufre eventos extremos de sequía, con bajantes severas en ríos y embalses como el San Roque y La Viña. La pérdida de glaciares en provincias vecinas aceleraría la desaparición de fuentes naturales de agua dulce, obligando a Córdoba a depender aún más de acuíferos y reservorios artificiales.

Un pasado que vuelve a la carga

El proyecto de Ley de Protección de Glaciares 26.639 fue inicialmente vetada en 2008 mediante veto Barrick Gold,  denominado así por el abogado ambientalista Enrique Viale. Sin embargo, la ley finalmente fue sancionada en 2010, tras una fuerte presión social. Ese movimiento y esa iniciativa legislativa surgieron como una respuesta defensiva frente a la avanzada de grandes proyectos extractivistas de minería a gran escala que, desde las reformas de Menem en los ’90 en adelante, se expandieron a lo largo de la Cordillera de los Andes, amenazando las cabeceras de las cuencas hidrológicas. 

Según Machado, ese origen muestra con claridad quiénes estarían nuevamente interesados en derribar la ley y quiénes serían los perjudicados: las grandes empresas mineras transnacionales, que concentran oligopólicamente la cadena global de suministros de minerales para la economía mundial, serían los únicos beneficiarios; y las poblaciones de las provincias cordilleranas en general, serían las grandes damnificados.

Pero más grave que lo institucional sería lo político, ya que este tipo de modificación representa la vulneración de una ley que ha nacido de la iniciativa popular “que es hija dilecta de un auténtico proceso de democracia participativa y que ha logrado reunir un amplísimo espectro de fuerzas políticas partidarias que, en su momento, votaron la ley por amplia mayoría y que incluso lograron defenderla ante el veto presidencial interpuesto por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner para voltear la ley”, argumenta el activista.

Es importante recordar que en el año 2016, durante el gobierno de Mauricio Macri, también se intentó modificar la ley. Recientemente, en 2024, la Ley Bases del actual gobierno también buscó su modificación, pero fue rechazada por la Cámara de Senadores.

Horacio explica que si se produce una modificación vía decreto, sería una vulneración grave al sistema republicano y un violentamiento a la propia Constitución Nacional, ya que afecta al principio de no regresión consagrado por el Acuerdo de Escazú, al que nuestro país adhirió y que tiene rango constitucional. 

La gestión actual busca “profundizar una ecuación de injusticia estructural, ya que estaría orientada a sostener posiciones de privilegio de actores poderosos y concentrados (Barrick Gold, Glencore, Lundin Mining Corp, Livent, Arcadium Lithium, etc) a costa de la socialización de los daños y la vulneración de los derechos básicos (a un ambiente sano, al agua, a la alimentación, a la salud y al trabajo digno) de las poblaciones que viven aguas debajo de los glaciares, madres de nuestras aguas”, concluye Machado.