La actividad tiene como objetivo visibilizar y denunciar las múltiples problemáticas ambientales que atraviesan nuestros territorios: desmontes, incendios, contaminación, avance inmobiliario, extractivismo, destrucción de cuencas, afectación de áreas protegidas, vulneración de derechos de comunidades indígenas y campesinas, criminalización de la protesta socioambiental y la sistemática falta de respuestas institucionales. 

Mientras Córdoba pierde monte nativo a manos del desmonte y los incendios, avanzan la contaminación y el saqueo del agua, se profundiza el modelo extractivista con el RIGI y se criminaliza la protesta socioambiental. En una provincia donde existen más de 150 causas ambientales cajoneadas sin Justicia, las comunidades continúan enfrentando el deterioro de las condiciones de vida, salud y acceso al agua. 

En Córdoba, la crisis ambiental no es un hecho aislado ni una consecuencia inevitable. Es el resultado de decisiones políticas, económicas y judiciales que habilitan y sostienen un modelo de saqueo territorial. 

La estructura de la Secretaría de Ambiente de Córdoba del gobierno de Martín Llaryora, encabezada por Victoria Flores junto a Federico García (Secretario de Ambiente), Pablo Riveros (Secretaría de Ordenamiento Territorial), Carlos Guzmán (Subsecretaría de Recursos Naturales y Áreas Protegidas) y Miguel Magnasco (Subsecretaría de Biodiversidad), continúa sin dar respuestas reales a los territorios mientras avanzan los incendios, desmontes y la destrucción del monte nativo.

SI EN CÓRDOBA NO HAY JUSTICIA AMBIENTAL, ¿PARA QUIÉN TRABAJA LA SECRETARÍA DE AMBIENTE?

Fuente: asambleas socioambientales y comunidades indígenas.