La Ley de Educación Ambiental Integral incluye la temática en la educación curricular con el objetivo de concientizar a corto, mediano y largo plazo sobre el cuidado y la preservación del medioambiente desde distintas perspectivas: el respeto por la biodiversidad, un abordaje holístico, enfoque de género, participación y formación ciudadana, entre otras.

La aprobación de la ley fue considerada como histórica y celebrada por integrantes de los distintos espacios políticos que trabajaron en ella, y por parte de diversas organizaciones ambientalistas.

El proyecto fue presentado en octubre del 2020 y alcanzó la media sanción en Cámara de Diputados el pasado mes marzo con 215 votos afirmativos. Se enmarca en el proyecto de una política pública nacional transversal, integral y permanente en todos los establecimientos educativos del país. Tiene como objetivo la implementación sostenida de políticas públicas en materia de educación ambiental, y garantizar su alcance a grupos de todas las edades, grupos y sectores sociales. A través del instrumento Estrategia Nacional de Educación Ambiental (ENEA) y con la creación de la Coordinación Ejecutiva Nacional de Educación Ambiental (CENEA).

A pesar de la relevancia que tiene la aprobación de la ley como apuesta a un cambio cultural que contemple la importancia del conocimiento, el cuidado y la preservación del medioambiente, no podemos perder de vista que su ratificación como ley se se enmarca en un momento de agravamiento de la crisis ambiental y climática que afecta al mundo entero. En el ámbito local, durante el último año, sufrió un agravamiento producto de los incendios forestales que quemaron una parte importante de la Patagonia argentina, y por los impactos de la megaminería.

En este sentido, hace algunas semanas que la provincia de Chubut atraviesa momentos de tensión con sus habitantes que rechazan el proyecto minero. Esta situación estuvo teñida por detenciones ilegales, desalojos irregulares, y tomas de municipalidades. El rotundo "NO" que los vecinxs levantan hace tiempo sigue siendo un problema para el oficialismo provincial y nacional. El pasado 11 de mayo, legisladores chubutenses rechazaron, con 13 votos a favor, 12 en contra y 2 abstenciones, la propuesta de la Iniciativa Popular Contra de la Megaminería firmada por más de 30 mil personas.

El diputado del Frente de Todos, Leonardo Grosso, repudió a través de su cuenta de Twitter: "La legislatura chubutense, al servicio de las mineras, rechazó una iniciativa popular con 30.000 firmas que pedían ponerle freno a la megamineria y proteger el agua." Grosso es uno de los principales impulsores de la Ley de Educación Ambiental, y lleva adelante las principales demandas sobre temáticas ambientales. "El tiempo es ahora y estamos llegando tarde. Pongámonos a trabajar.", se refirió en su momento.