Han pasado 24 años desde que el modelo minero se instaló en Andalgalá con Minera La Alumbrera. En aquel entonces, el Gobierno de Catamarca estaba en manos de Arnoldo Castillo por la Unión Cívica Radical (UCR) con Menem como presidente. A la fecha, pareciera que su actividad está lejos de terminarse con el anuncio del proyecto MARA que integra a Minera Alumbrera con la empresa Agua Rica, y se extiende a través de los intereses transnacionales de Yamana Gold Inc. y el gobierno en manos del empresario Raúl Jalil (uno de los gobernadores más ricos del país). El bipartidismo alternado entre radicalismo y peronismo continuó el modelo minero, llevándose los recursos de una provincia que, a pesar de tantos años de megaminería, es una de las más empobrecidas económicamente de Argentina.

En el medio de negociaciones y especulaciones financieras sobre una mesa chica, en las calles el pueblo de Andalgalá encontró a través de las Caminatas por la Vida el modo de expresar de manera pacífica, pero activa, que"no hay licencia social" para la megaminería a cielo abierto.

"Estas caminatas están caracterizadas por la alegría, nacida en la esperanza que las sustenta. Así, a los tambores se suman instrumentos de viento y, a veces, de cuerdas, convirtiéndose la música en una expresión de resistencia. El color, a través de banderas y carteles, también está presente". Así describe a las Caminatas la histórica Asamblea El Algarrobo en un comunicado. Una de sus integrantes, la periodista Ana Chayle nacida y criada en Andalgalá, compartió a Enfant Terrible algunas reflexiones y análisis sobre este conflicto que ha traspasado las barreras tanto provinciales como nacionales.

-Pensando desde una mirada histórica ¿qué implican las 600 caminatas en Andalgalá?

-Implican por un lado la persistencia, porque estas caminatas se han hecho de manera ininterrumpida. Además implican esperanza, la que nos mueve a todas las vecinas/os que concurrimos cada sábado a una cita por la vida y la defensa del agua. Porque tenemos la esperanza de lograr un cambio. Nadie nos paga, nadie nos obliga y los gobiernos son los máximos responsables de que nos escuchen. La resistencia en Andalgalá tiene más de 20 años y hace 11 lo grita de manera explícita.

Cada caminata expresa que no queremos ser zona de sacrifico, y estamos aquí para defender el derecho humano al agua al estar en contra de los trabajos en el yacimiento Agua Rica que, además de ser ilegal, también es inviable, porque está ubicado donde nace el Río Andalgalá, sobre la principal naciente del río que tenemos. Entonces es persistencia, esperanza y también

"es la dignidad de un pueblo que camina".

Se trata también de una manifestación histórica. No tenemos noticias de que haya otro pueblo en el mundo donde se realicen de manera semanal, desde hace tanto tiempo y de forma ininterrumpida, caminatas en defensa de un derecho humano como es el agua. Sabemos de las caminatas históricas de las Madres de Plazo de Mayo y la nuestra.

-¿Qué implica para Argentina que esta lucha haya trascendido las barreras provinciales?

-Aquí hay un pueblo decidido a hacer valer el derecho a la autodeterminación, un ejemplo para todos los pueblos que sufren el embate del modelo extractivista. Pensemos que somos alrededor de veinte mil habitantes, siendo un pueblo pequeño para lo que constituye la masa demográfica del país. Sin embargo, hemos logrado visibilizar una lucha y eso nos ha costado mucho. Hay muchos años y esfuerzo de compañeras/os que han dejado muchas cosas para llevar el grito de Andalgalá a todas partes, expresando con el cuerpo y ejerciendo la ciudadanía, no solamente criticando mientras ve la pantalla de un televisor o una computadora. También hemos sido víctimas de mucha violencia institucional, de la violencia a cargo de patotas autodenominadas pro-mineras, que tuvieron siempre el amparo de distintos sectores del poder político.

"Esta es una lucha compartida con muchas asambleas y territorios de toda Latinoamérica".

-Actualmente hay doce personas imputadas (diez varones y dos mujeres) por delitos contra la propiedad privada, cuando el pasado 10 de abril en el marco de la Caminata por la Vida 583 las instalaciones de la empresa MARA fueron incendiadas por personas cuya identidad aún se desconoce. ¿Cómo continúa el proceso judicial en relación a las imputaciones?

-Ha desacelerado después de las detenciones de las vecinas/os en abril, que fueron muy rápidas y muy violentas. Cuando no encontró pruebas y no hubo motivos para mantener presas/os a nuestras vecinas/os, la Justicia se vió obligada a liberarlos. Recordemos que salieron en libertad bajo caución (en un principio fijada en 300 mil pesos, luego reducida a 150 mil por pedido del abogado defensor) y por lo tanto tienen una serie de restricciones. Continúan imputadas/os pero no hay cuestiones que ameriten una prisión preventiva, no hay antecedentes, ni peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación, pero sobre todo no hay pruebas. Todas ellas tienen sus vidas en Andalgalá, sus trabajos, sus familias. Además son muy reconocidas en la sociedad, particularmente en los ámbitos donde se desempeñan. Hablamos de docentes, estudiantes, jubilados, artesanos, músicos, periodistas, empleados públicos y privados, montañistas.

Hasta donde tenemos conocimiento, la última actuación judicial ha quedado con el peritaje de una parte de los teléfonos y computadoras secuestradas en los allanamientos. Aún falta la visualización de las imágenes y mensajes que estaban contenidos en esos aparatos, pero es todo lo que se hizo por el momento. Podríamos hablar de una Justicia estancada, en una especie de stand by. Me parece fundamental destacar el contraste entre una Justicia que actúa aceleradamente para judicializar vecinas/os, y una Justicia a la hora de defender el bien común como es el agua, ya que en este caso se ve obligada a perjudicar los intereses financieros de una empresa transnacional.

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La causa se sostiene en testimonios de personas con claros intereses económicos en que se desarrolle la actividad megaminera y en personas vinculadas a la policía. Todos son testimonios parciales. Además, la fiscal Soledad Rodríguez fue abogada de las empresas mineras. También viajó con la comisión del gobierno del Gobierno de la Provincia de Catamarca cuando todavía gobernada Lucía Corpacci (antecesora de Jalil) a Toronto, Canadá, para ofertar los yacimientos mineros de Catamarca. En su red social laboral se jacta de tener gran experiencia en zonas de conflictos mineros.

-Los episodios de abril se dieron a raíz de que las máquinas subieron al Aconquija en custodia de Gendarmería Nacional de manera ilegal, ¿como avanza la causa en ese sentido?

La causa está en los Tribunales de Comodoro Py a cargo de la Jueza María Servini de Cubrías, quien había convalidado la inspección ordenada por el Fiscal Guillermo Marijuán y pedida la Asamblea El Algarrobo, para constatar la existencia de los glaciares en la zona del yacimiento, la cual estaría a cargo de especialistas del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianiglia). La misma se vio frenada por la intromisión del Gobierno de la Provincia de Catamarca al mando de Raúl Jalil, que ingresó como tercer interesado en la causa y pidió expresamente que no se realice la inspección, considerando que hubo avasallamiento sobre la autonomía provincial.

"No quieren que se constate la existencia de glaciares y ambiente periglaciar. No obstante, ya fue constatada por el Ministerio de Ambiente de la Nación en marzo".

Desde la Asamblea se apeló la intromisión del Gobierno Provincial porque según explicaba la abogada de la Asamblea y miembro del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), Mariana Katz, en el Código de Procedimientos Penales no existe la figura de tercero interesado y por lo tanto esta intromisión no sería legal. Esto demuestra que el Gobierno Provincial no cumple el mandato popular, es servil a los intereses de las transnacionales.