El pasado sábado 10 cuando se realizó la masiva Caminata por la Vida número 584, personas infiltradas incendiaron las instalaciones de la empresa Yamana Gold y la sede del Frente de Todos con la zona liberada por la Policía de Catamarca. Desde entonces la escalada de detenciones selectivas y hostigamientos a asambleístas de Andalgalá no paró de crecer. El escenario ya había comenzado ofuscarse debido a la presencia de Gendarmería Nacional y más de 60 policías que llegaron a la localidad para custodiar las máquinas mineras que comenzaron a subir al cerro para una exploración avanzada.

Las Fuerzas Especiales - Kuntur perteneciente a la Policía provincial viene realizando desde entonces una cacería a asambleístas y vecinos de distintos puntos de la localidad que se oponen a la megaminería en el Nevado del Aconquija. En horas de la tarde de hoy, un convoy de las Fuerzas Armadas también se hizo presente en la localidad lo cual disparó aún más la alerta. Rápidamente el ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi, aclaró que se dirigía a la localidad de Catamarca de Santa María "para replegar un radar y regresarlo a La Rioja". Sin embargo la presencia de los uniformados no disuadió las preocupaciones de vecinos y asambleístas que permanecen alerta y movilzados.

La Dictadura Minera

Asimismo, el pasado lunes por la mañana, el juez Rodolfo Cecenarro, el fiscal Hugo Costilla y la fiscal subrogante Soledad Rodríguez, ordenaron la detención de vecinos que fueron aprehendidos en sus domicilios, prácticamente secuestrados y brutalmente golpeados. Asambleístas denunciaron que los efectivos plantaron pruebas para acusarlos de diversos delitos. Y es que el vínculo de estos funcionarios judiciales no es novedoso: la fiscal Rodríguez fue abogada de empresas como FMC Minera del Altiplano e integrante de Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado (CAMYEN) . Por su parte el juez Cecenarro es el mismo que en 2010 ordenó la histórica y brutal represión al pueblo de Andalgalá que desde entonces se opone a las mineras.

Entre las personas detenidas se encuentra el reportero gráfico Walter Mansilla y el periodista Enzo Brizuela, por lo que la Federación Argentina de Trabajadorxs de Prensa (Fatpren) se pronunció exigiendo su inmediata liberación y de "todas las personas apresadas injustamente en Catamarca".

En total eran 11 las personas detenidas: A Aldo Flores y Sara Fernández se les ha otorgado la prisión domiciliaria. Mientras que Abel Damián, Augusto Brizuela, Ailén Diamante Saracho, Oscar Martiarene, Matías Paz , Jorge Ramos, Eduardo Villagra, Walter y Enzo, quedan en calidad de detenidos. De ahora en más, el Juzgado y la Fiscalía intervinientes tienen diez días para resolver su situación procesal, esto es: si se confirma prisión preventiva o se otorga su libertad.

Cabe aclarar que varias detenciones se realizaron en horarios nocturnos, tal como sucedía en la última dictadura cívico-militar donde las personas eran secuestradas de sus casas sin previo aviso.

Además, desde El Algarrobo denunciaron que:

Un patrullero "hace guardia" a la familias conocidas por oponerse a las mineras, en ocasiones con caras cubiertas y exhibiendo armas largas mientras un drone sobrevuela las casas de defensores socioambientales. Una camioneta Chevrolet blanca sin patente con personal policial en su interior también se asienta afuera de las casas e indaga a otras personas acerca de sus domicilios y sus vínculos, la misma camioneta que recorre las zonas fotografiando a las personas que hacen vigilia para la liberación de lxs detenidxs.

La minería es la espada del invasor

Debido a esta situación, el Equipo de Investigación de Ecología Política del Sur - CONICET se pronunció con un documento llamado '¿Vandalismo o estallido social? Sobre la violencia en contextos de autocracia mineral' donde explicitan que "en Andalgalá se ha denegado y socavado la democracia" y se posicionan con respecto al nuevo avance de la minería en el territorio norteño:

"La anatomía macroeconómica de ese tipo de minería es absolutamente contraria a cualquier vía de desarrollo endógeno de nuestras sociedades. La historia económica de América Latina así nos lo enseña: constituida, desde su invasión y conquista colonial, como la “zona de mina” del emergente sistema económico mundial, la minería ha sido y es un vector clave del colonialismo y la colonialidad; factor de profundización no solo del saqueo económico y ecológico, sino de la dependencia, cultural,
tecnológica y política"

También Norita Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo - Línea Fundadora y Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nóbel de la Paz y presidente honorario del Servicio Paz y Justicia (Serpaj) se pronunciaron en contra elevando una carta 'Carta abierta a las autoridades de la provincia de Catamarca y de las autoridades nacionales'.

[1] Descarga completo el documento '¿Vandalismo o estallido social? Sobre la violencia en contextos de autocracia mineral':