La legislatura de Tucumán debate su adhesión -tardía- a la Ley Micaela que obliga a todxs lxs funcionarixs del Estado a capacitarse en materia de género y violencias machistas. La ley sancionada en 2018 fue repudiada por Ricardo Bussi hijo del genocida Antonio Domingo Bussi quien declaró días atrás que "no hay mujeres asesinadas por el hecho de serlo"

Dos años después de la sanción de la Ley Micaela que obliga a todxs lxs funcionarixs de los tres poderes del Estado a capacitarse en materia de género y violencias machistas, la provincia de Tucumán debate en la legislatura provincial su adhesión a la misma.

La aplicación tardía de una ley que reconoce que la emergencia nacional por los femicidios es también responsabilidad del estado, se vio sistemáticamente bloqueada por las fuerzas conservadoras de la provincia encabezadas por Ricardo Bussi, hijo del genocida condenado por crímenes contra la humanidad Domingo Bussi, quien hace pocos días declaro que "no hay mujeres asesinadas por el hecho de serlo". Tras sus declaraciones fue denunciado ante el Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI) por agrupaciones feministas.

“A la Legislatura tucumana le digo que la realidad muestra que hay una necesidad urgente de que el Estado se capacite en violencia de género, que la capacitación que propone la Ley Micaela debe ser obligatoria y permanente, es decir que no se termine en una única instancia, y que se debe incluir a todas las identidades de género”, declaró a La Palta Néstor García padre de Micaela García.