Por: Constanza Benegas

¿Qué se hace cuando no se puede hacer nada? Es una pregunta que más de un argentino se viene haciendo. En un país con oportunidades limitadas y discriminación constante, el día a día se vuelve una odisea. La necesidad desespera, ahoga y condena. Y cuando ya estás bajo el agua, quienes deben brindar un salvavidas, tiran piedras.

El pasado miércoles 8 de abril, la Legislatura de Córdoba sancionó la reforma del Código de Convivencia (ley 10.326), que prohíbe a cuidacoches –llamados naranjitas– y limpiavidrios ejercer sus actividades. La reforma entrará en vigencia 30 días posteriores a la sanción, y quienes las ejerzan deberán cumplir penas de hasta 6 días de arresto, multas o trabajos comunitarios. Se estima que hay alrededor de 421 trabajadores registrados y cerca de 1.500 en la informalidad. Con una tasa de desocupación del 7.5% y un 43% de trabajo no registrado, ¿qué sucede con esos trabajadores que quedan fuera del sistema?

La Legislatura puso el dictamen para votación en diciembre de 2025. La dilatación se debió a que la pastoral de la provincia solicitó un amparo hasta que no propusieran alguna medida por fuera de la represión, multa y encierro para trabajadores que ya de por sí enfrentan el estigma de la ciudadanía que ve en el “naranjita” a un “usurero delincuente”.

La respuesta por parte de los funcionarios cordobesistas a las exigencias de la pastoral de un proyecto integral fue un apartado dónde no especifica fondos, ni plazos para los programas de capacitación, reinserción e inclusión, “contemplando un abordaje integral en materia de salud mental y consumos problemáticos”. Tampoco queda claro por qué dan por sentado que todo cuidacoche es un “potencial delincuente” y por el otro, encauzan, de nuevo, una problemática sanitaria -adicciones- a causas judiciales.

“A nosotros como trabajadores también nos interesa que se regule la situación (…) Los hechos de violencia, que los hay; los abusos y los autos robados, que los hay; tienen que ver con el servicio que brinda el Estado Municipal. En Nueva Córdoba, por ejemplo, no hay una cooperativa concesionada. Ahí presta servicio el Estado Municipal. Y, ¿dónde se producen los delitos? En donde no trabajan las cooperativas. Las cooperativas somos un impedimento para que se cometan estos hechos”, Noel Quinteros de la Cooperativa ‘Tosco Vive’ para La Tinta.

La Tosco Vive, junto a otras cinco cooperativas nuclean alrededor de 500 cuidacoches, es decir un cuarto del total -1.500- registrados por la Municipalidad. El precio por coche es de $500, muy por debajo de los $3.000 por hora de una playa de estacionamiento. Sumado a eso, según pudo saber Ezequiel Luque -director de La Tinta-, hace dos años que dejó de funcionar la Mesa Municipal de Estacionamiento que era “una instancia de encuentro entre funcionarios, trabajadores, cooperativas e instituciones barriales para intentar resolver los problemas cotidianos y definir políticas públicas”.

O sea que cada cuidacoche no sólo tiene que lidiar con el estigma y el regateo de cada conductor/a; negociar y disputar los espacios con quienes se hacen pasar por “naranjita” para ganar unos mangos, sino que además compite contra el sector privado de apps como el “Mobypark” denunciado por vender datos de sus usuarios.

“Acá en el sistema hay trabajo para 2 o 3 mil personas y lo que está en juego es si esa plata se la llevan dos o tres vivos o generamos los puestos de trabajo”, continúa Quinteros.

De trabajadores precarizados a “delincuentes”

La cara de la reforma apunta a “ordenar el espacio público”. La contracara: ocultar lo que delata. Con 28,2% de la población argentina bajo la línea de pobreza –según datos del INDEC correspondientes al segundo semestre de 2025– y un mercado laboral con altos niveles de informalidad, muchas de las ofertas disponibles implican extensas jornadas, salarios mínimos y esquemas de contratación precarios, que combinan remuneraciones en blanco y en negro. En este contexto, cualquier práctica que permita obtener un ingreso diario se vuelve una de las pocas alternativas disponibles.

Si el estado prohíbe, excluye y penaliza ¿Quién es el encargado de garantizar trabajo, comida y vivienda? La desregulación o prohibición de ciertas actividades se traducen en mayores niveles de precariedad: el trabajador no tiene estabilidad ni protección. Así, la ciudad se convierte en un campo de batalla donde no gana el más fuerte, gana quién está en un cargo, votando a favor del perjuicio y de la degradación del único des-ordenador social: el trabajo.

“El fin no justifica la acción”, pero ¿Qué pasa cuando el hambre y el frío se convierten en hábito? Prohibir para ocultar un conflicto no lo resuelve, lo desplaza, y las soluciones reales difícilmente aparezcan como prioridad. Quienes incomodan son arrastrados debajo de una alfombra saturada que ya no tapa. “La peste social” que se intenta curar tiene múltiples causas que se eligen no reconocer, y no están precisamente en el síntoma.

Fotografía de portada: Fernando Bordón para La tinta)