La Cooperativa de Carreros y Recicladores La Igualdad denunció una parálisis crítica en sus actividades laborales debido a una serie de «promesas incumplidas» por parte del Estado municipal. La organización que nuclea a más de trescientos trabajadores exige que se respeten los acuerdos de provisión de herramientas y gestión de residuos para garantizar el sustento de las familias del sector.

La organización señala que la prohibición de la tracción a sangre no fue acompañada por las soluciones materiales prometidas. Al respecto, desde la entidad afirmaron que «por decisión del gobierno municipal perdimos nuestro medio principal para garantizar un plato de comida en la mesa».

El conflicto tiene su origen en la Ordenanza 10.907, aprobada en 2023. Esta normativa entró en plena vigencia en septiembre de 2024 y prohibió el uso de carros tirados por animales en todo el ejido urbano de la capital provincial. La medida disponía la creación del Programa Modernización de Medios de Trabajo. Según la cooperativa, el plan obligaba a los trabajadores a cursar trayectos de alfabetización y oficios para poder canjear sus caballos por una motocarga.

Sin embargo, aseguran que cincuenta y seis de sus socios todavía no recibieron los vehículos. Esto ocurre a pesar de haber cumplido con la asistencia a los cursos obligatorios dictados por el municipio.

«El Programa Modernización de Medios de Trabajo nos fue impuesto, no tuvimos opciones para elegir, ni espacio para opinar», advierten los trabajadores.

Los referentes de la organización advirtieron que esta situación degrada profundamente la cultura del trabajo que han sostenido por generaciones. Además, señalaron que la mayoría de los afectados ni siquiera fue convocada para entregar sus caballos, lo que genera un «gasto extra» en sus economías ya devaluadas.

«Denunciamos la falta de respuesta del actual intendente Passerini, pero también de su antecesor, el hoy gobernador Llaryora, quien no cumplió con las promesas y acuerdos alcanzados cuando fue intendente de la ciudad. Lo que queremos dejar claro es que el gobierno municipal nos llevó a la situación en la que nos encontramos hoy, con cincuenta y seis familias sin su sustento principal de trabajo, sin poder garantizar el pan de cada día», señalaron en un comunicado compartido con este medio.

Los trabajadores sostienen que el municipio se apropió de su ruta de reciclado y tercerizó el servicio a través del Ente Córdoba Obras y Servicios (COyS), lo que derivó en la pérdida de sus insumos habituales.

Los recolectores sostienen que el reciclado es un negocio millonario capaz de generar sueldos genuinos si se manejara con equidad. En ese sentido, expresaron que «no es posible poner en marcha nuestra Planta de Reciclado porque todavía no cumplieron en enviarnos un profesional».

Si bien poseen maquinaria entregada por el municipio, la planta permanece inactiva por razones que consideran «burocráticas».

También denunciaron el incumplimiento de un convenio firmado para recibir el material seco de los grandes generadores de residuos. El comunicado concluye con una advertencia sobre el creciente malestar social y la marginación que sufre el sector. Los integrantes de La Igualdad expresaron que se sienten criminalizados por la normativa vigente. Aunque manifestaron su voluntad de no entorpecer el tránsito con movilizaciones, subrayaron que la falta de respuestas oficiales los empuja a una situación desesperante.

«Necesitamos respuestas, el hambre no espera», sentenciaron los trabajadores de la cooperativa.