“Que sea ley”: media sanción de la baja de imputabilidad a los 14 años

El proyecto impulsado por Patricia Bullrich cosechó 149 votos a favor y 100 en contra, sin abstenciones. El PRO, la UCR, Provincias Unidas, MID, Innovación Federal, Encuentro Federal, Independencia, La Neuquinidad, Producción y Trabajo, y Por Santa Cruz, votaron a favor. ¿Quién sale beneficiado de la pena, el victimario, la víctima o el sistema que la ejecuta?

El textual pertenece al ministro de Justicia, acusado de haber cometido femicidio, que puja por una reforma del Código Penal, en donde, además de la baja de imputabilidad, también pretende desvincular la carátula de “femicidio”, Mariano Cúneo Libarona.

El proyecto impulsado por Patricia Bullrich cosechó 149 votos a favor y 100 en contra, sin abstenciones. El PRO, la UCR, Provincias Unidas, MID, Innovación Federal, Encuentro Federal, Independencia, La Neuquinidad, Producción y Trabajo, y Por Santa Cruz, votaron a favor.

El “Régimen Penal Juvenil” es un imposible legal, que de ser promulgado, reforzaría lo que ya viene sucediendo en los establecimientos carcelarios y “reformatorios”: abarrotamiento de personas en espacios reducidos, sin las necesidades básicas cubiertas. Sin embargo, para la diputada libertaria, Laura Rodríguez Machado, “se adecua a los tratados internacionales del derecho del Niño, Niña y Adolescente”.

Algunos de los puntos que propone el régimen son: pena máxima de 15 años por delitos graves, “penas alternativas” por delitos menores, creación de establecimientos especializados para la “pronta reinserción” y el común acuerdo por parte de la justicia y los familiares de la víctima para el “control y ejecución de la pena”.

En total serán $23.739.155.303, los fondos destinados. Se repartirán $3.131.996.784 para el Ministerio de Justicia y $20.607.158.518 para la Defensoría General de la Nación. Para el ministro Libarona esto acabaría con “la puerta giratoria”

En paralelo, el Comité Nacional Para la Prevención de la Tortura (CNPT) lazó un informe en el que declara que Córdoba “encabeza la lista de provincias con más detenidos”, con una tasa de 377 personas privadas de su libertad cada 100 mil habitantes. En cuanto a la situación procesal, “la mitad de las y los detenidos no están condenados”. Es decir que, cinco de cada diez personas se encuentran en calidad de procesados, a la espera del juicio.

¿Quién sale beneficiado de la pena, el victimario, la víctima o el sistema que la ejecuta?

Fotografía por: Juan Cristian Castro

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