La madrugada de este 3 de enero de 2026 quedará marcada por la agresión militar directa del gobierno de Donald Trump contra suelo venezolano y latinoamericano.

El ataque realizado con helicópteros, que incluyó bombardeos en Caracas y estados estratégicos, ha dejado un saldo trágico de civiles asesinados (aún sin identificar en número y nombre) y el Presidente Maduro secuestrado junto a su esposa. Un hecho como este no tenía lugar en América Latina desde la invasión yanqui a Panamá en 1989.

Ante esta flagrante violación del derecho internacional, la Vicepresidenta Delcy Rodríguez exige a Washington una prueba de vida inmediata del mandatario.

El paradero del Presidente y Cilia Flores es desconocido tras los impactos de misiles en puntos clave como los estados del Distrito Federal (Caracas), La Guaira, Aragua y Miranda. Bases militares como residencias de altos funcionarios y zonas urbanas habrían sido blancos del ataque yanqui.

Esta ofensiva criminal confirma las advertencias previas del Ejecutivo Nacional Bolivariano sobre los planes desesperados de la Casa Blanca por quebrar el orden constitucional y promover un cambio de autoridades. La desaparición forzada de la máxima autoridad venezolana constituye un crimen sin precedentes en los últimos años.

La respuesta del Estado no se ha hecho esperar, activando de inmediato la defensa integral bajo los principios de la unión cívico-militar-policial, según expresaron las autoridades. El Ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, condenó el “ultraje de una potencia que busca saquear los recursos estratégicos de la nación”. En estos momentos se ha decretado el Estado de Conmoción Exterior para “organizar la resistencia” ante lo que califican como una agresión “ruin y cobarde”.

“Nunca seremos esclavos, somos hijos e hijas de Bolívar”, sentenció Rodríguez al denunciar el carácter “neocolonial” de esta invasión militar.

El despliegue de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) abarca ya todo el territorio nacional con medios aéreos, terrestres y misilísticos en apresto operacional. Las autoridades denuncian que Estados Unidos ha cruzado todas las “líneas rojas”, atacando directamente urbanismos civiles. El objetivo declarado por el alto mando es la “expulsión de cualquier amenaza y el restablecimiento del orden soberano”.

La narrativa de la “lucha contra el narcoterrorismo” ha sido desenmascarada como una burda excusa para ejecutar un cambio de gobierno por la fuerza. Según el comunicado oficial venezolano, “la insaciable codicia del norte por el petróleo y los minerales venezolanos es el único motor de este bombardeo (...) La dignidad nacional se alza hoy como el principal escudo frente a las pretensiones de la administración Trump de imponer su voluntad”.

En las calles, el llamado de las autoridades es “a la calma, la serenidad y la movilización popular organizada en milicias para proteger cada palmo del territorio ”. El gobierno bolivariano reitera que “la entereza del pueblo es la garantía de que ninguna fuerza externa podrá dar órdenes en la tierra de los libertadores”.

Hasta el momento, Rusia, Cuba, Colombia, Irán, encabezan el rechazo de la comunidad internacional ante semejante acto de violación a la soberanía de un Estado Nación.