El oficialismo representado por Martín Llaryora envió a la Legislatura un proyecto para reformar el Código de Convivencia Ciudadana enfocado en el “orden público”. El texto que provincia pretende debatir en el recinto este lunes propone la penalización de los “naranjitas”, la prohibición total de los “limpia vidrios” y la incorporación de la figura de “merodeo”.

Con el «argumento» de regular el uso del espacio público y fomentar la “seguridad vial”, Llaryora pisa el acelerador con un proyecto que va en sintonía con la política represiva y punitivista que se fomenta desde Nación.

Luego de posponer el tratamiento de diversas iniciativas que buscaban modificar la norma, la banca de Hacemos Unidos por Córdoba apura el debate a fin de año, argumentando que resolverá la creciente violencia urbana con un Código más punitivo en un escenario caracterizado por la falta de trabajo digno y el consumo problemático de sustancias en los sectores más vulnerados.

Si bien el proyecto señala que solo serán criminalizados los naranjitas que no estén “habilitados”, no existen directrices claras respecto a la regulación de la actividad. El ordenamiento sostiene que los regímenes de autorización dependerán de cada municipio de la Provincia y mientras no este vigente ningún tipo de reglamentación especifica -con registros, zonas, horarios, identificación visible y mecanismos de control- “la actividad se considera prohibida”.

De ser aprobada, la norma le da más vía libre al accionar policial, con la posibilidad de detener a personas bajo la acusación de “conductas sospechosas”, figura ambigua que fue ampliamente criticada por movimientos de derechos humanos.

Pese a que la reforma no fue tratada en la Comisión de Seguridad el viernes pasado, como solicitó el gobernador, en los últimos días el ministro Juan Pablo Quinteros se encargó de defender la propuesta, refiriéndose a ella como si estuviera sancionada. “Ahora la Policía de Córdoba puede actuar directamente”, dijo en diferentes medios locales y aclaró que durante el año hubo más de 300 detenidos, luego de la ferviente campaña de denuncia que impulsó desde su cartera.

Criminalización de los «cuida choches»

La reforma establece sanciones agravadas para aquellas personas que se desempeñan como «cuida coches», que no estén habilitados. La ley, en pleno tratamiento, pretende restringir el cuidado de vehículos estacionados en las calles y avenidas de todo el territorio cordobés, a través de la modificación del artículo 60 del Código de Convivencia.

El mencionado artículo establece, hasta ahora, que es a voluntad de las partes el pago por el servicio ofrecido. En cambio, el texto que el oficialismo pretende aprobar dice que “serán sancionados quienes, sin acreditar habilitación de la autoridad competente, exigieren retribución económica por permitir el estacionamiento o alegar el cuidado de vehículos en la vía pública”.

Las sanciones incluyen el cobro de una multa, el arresto o trabajo comunitario. Además, otro inciso indica que “el máximo de la sanción se duplicará cuando la conducta se realice en inmediaciones de espectáculos públicos, deportivos, artísticos o culturales”.

Prohibición de los «limpia vidrios»

Otro de los cambios que afecta a las y los trabajadores que se desempeñan en el espacio público es la prohibición de la limpieza de vidrios de autos, mediante la incorporación del artículo 60 bis. La justificación del gobierno de Llaryora es que se considera “una práctica riesgosa en cuanto a la seguridad vial y generadora de conflictos”.

El texto dice: “Serán sancionados quienes ofrecieren, realizaren o intentaren realizar la limpieza de parabrisas, vidrios u otras superficies de vehículos detenidos o en circulación, en la vía pública o en lugares de acceso público”.

La norma aclara que la prohibición alcanza especialmente a “cruces semaforizados, calzadas, banquinas, playas de estacionamiento de uso público o zonas de detención momentánea, aun cuando no mediara solicitud previa del conductor.”

Al igual que en el caso de los naranjitas, las sanciones se agravan cuando estas conductas se desarrollan en el marco de espectáculos o eventos masivos. 

«Esconder la pobreza»

La Iglesia de Córdoba se opuso a los cambios en la legislación y solicitó que el Gobierno habilite una diálogo que incluya a todos los sectores involucrados. “El apuro con que se ha planteado este debate no se corresponde con la gravedad de la problemática”, expresó en un comunicado.

La Arquidiócesis problematizó el enfoque del proyecto: “Sabemos que temas como los que involucran a las personas denominadas 'cuidacoches' y 'limpiavidrios', y la siempre polémica tipología legal conocida como 'merodeo' son profundamente controversiales. En muchos casos existen excesos, extorsiones, delitos y terceros que se benefician de estas situaciones. Pero también es cierto que, para muchísimas personas, esta es su única forma de subsistencia, y realizan su trabajo con responsabilidad y buen trato”.

En la misma línea, la Iglesia reforzó que “no se trata de esconder la pobreza, sino de generar trabajo registrado, promover la inclusión y brindar oportunidades reales para ir derribando esos muros”.

Por último, la Iglesia elaboró una lista de interrogantes, argumentando que la iniciativa no resuelve la problemática de fondo:

• «¿Qué oportunidades les vamos a ofrecer a trabajadores que nadie reconoce?
• ¿Qué hacemos con quienes hoy trabajan en la calle mientras se capacitan o buscan un empleo digno?
• ¿No podemos encontrar alternativas ordenadas, basadas en el respeto y la responsabilidad?
• ¿Cómo abordamos de manera integral las problemáticas de las adicciones y la falta de vivienda?
• ¿Logramos insertar o reinsertar a quienes tienen procesos penales?
• ¿No generamos resentimiento y bronca cuando se producen detenciones por “portación de rostro” o cuando se criminaliza a quienes se movilizan en moto porque no tienen otra forma de ir a trabajar?
• ¿De verdad se cree que quienes se amparan en el trabajo de «cuidacoches» o «limpiavidrios» para cometer delitos o financiar adicciones, van a dejar de hacerlo sólo por recibir multas, días de cárcel o trabajos comunitarios?
• ¿Se cree, de verdad, que estas medidas realmente ayudarán a encauzar las situaciones problemáticas, o se las impulsa, simplemente, para tapar el problema?».