Hace un mes Samuel Tobares terminó una larga jornada laboral en un hotel de Carlos Paz, se tomó el colectivo hacia Parque Siquiman y descendió en la parada ubicada sobre la ruta 38. Cruzó la calle y se sentó en una garita mientras oscurecía la tarde, luego de un día caluroso. Lo que sigue fue dicho una y otra vez, primero por los vecinos que presenciaron el hecho y después por la familia del joven.

Samuel estaba sentado en la garita cuando llegaron dos patrulleros. De los autos se bajaron al menos dos uniformados que, sin mediar demasiado diálogo, comenzaron a agredirlo. Luego del grito de “puto de mierda", la violencia escaló, cuenta Guillermo, quien vio la agresión. Fueron 15 minutos de una brutal golpiza. Los oficiales se detuvieron cuando el joven de 34 años dejó de gritar del dolor. De repente hubo silencio, llamaron a otros policías, le realizaron maniobras de reanimación, lo subieron a un móvil y lo trasladaron hasta el Hospital Domingo Funes.

En el sanatorio, los médicos indicaron lo que ya habían notado las personas que vieron el ataque: Samuel estaba muerto. Después siguieron días borrosos para sus allegados, dos marchas impulsadas por sus amistades y por colectivos LGBTIQ+, declaraciones que dejaron ver la tristeza de sus seres queridos, testimonios que mostraron a un joven amable, alegre, viajero, y trabajador.

¿Justicia?

La causa judicial, a cargo de Ricardo Mazzuchi, funcionario judicial cuestionado por inacción en causas por violencia de género, comenzó con la imputación y detención del sargento Guillermo Serafín Arce y del oficial Franco Sebastián Romero. Una acusación por homicidio preterintencional, que le quita responsabilidad a los agentes de la Policía de Córdoba, planteando que la intención era causar daño pero no el asesinato.

A su vez, llama la atención el parte del personal de salud, al que accedió el periodista Dante Leguizamón, en el que se lee: “El paciente tenía la boca llena de tierra, en cantidades llamativas”.
El parte coincide con la declaración de un testigo, que contó cómo lo golpearon, lo tiraron al piso y se le sentaron arriba durante un cuarto de una hora. La autopsia respalda esta versión, ya que da cuenta de múltiples lastimaduras en el cuerpo del fallecido. ·

En ese sentido, la familia exige un cambio de carátula para que los responsables sean juzgados por “homicidio calificado agravado”. Actualmente, la causa, a cargo de Ricardo Mazzuchi, funcionario judicial cuestionado por inacción en causas por violencia de género, comenzó con la imputación y detención del sargento Guillermo Serafín Arce y del oficial Franco Sebastián Romero. Una acusación por homicidio preterintencional, que le quita responsabilidad a los agentes de la Policía de Córdoba, planteando que la intención era causar daño pero no el asesinato.

El guion oficial

Luego de la imputación de Arce y Romero, el ministro de Seguridad Pablo Quinteros se refirió al hecho. El funcionario cercano a Patricia Bullrich atendió a periodistas en medio de un operativo con más de 20 allanamientos, vinculados a delitos menores, como robos. Rodeado de policías, en un barrio con calles de tierra, el titular de la cartera dijo: “No hubo violencia institucional”.
Acto seguido se refirió a otro caso de gatillo fácil, ocurrido a principios de diciembre. Un oficial de "Cordobeses en alerta” asesinó a balazos a un joven que supuestamente estaba robando en el barrio Teodoro Fels. El funcionario se encargó de destacar que “la sociedad está muy violenta” y que el oficial dio la voz de alto, antes de dispararle al chico en el pecho.
Ante la pregunta sobre posibles fallas en la formación de la fuerza, Quinteros manifestó que los policías no “son enfermeros ni médicos”, por lo tanto les es “difícil” identificar la situación que está atravesando la persona y tienen que resolver en una “fracción de segundos” porque “corren riesgo”, aunque generalmente no son uniformados los que ven truncadas sus vidas.

El abogado penalista Federico Pizzicari Bordoy es el defensor de los dos oficiales acusados de agredir a Samuel. El hombre, egresado de la Universidad Blas Pascal, es conocido por representar a policías acusados de asesinatos, abuso sexual, y de los principales imputados del robo de armas de la fuerza ocurrido en 2015, cuando la Jefatura tuvo que reconocer que un grupo de oficiales sustrajo 67 pistolas calibre 9 milímetros y 17 oficiales fueron desplazados. A su perfil se le suma el ferviente respaldo al proyecto de ley libertario que propone penalizar las supuestas falsas denuncias.

En casi todos los casos, algunos muy relevantes como el fusilamiento de Valentino Blas Correas, en donde Pizzicari representó a la oficial Wanda Esquivel, o el robo de armas, en el cual consiguió la absolución de los comisarios Daniel Zambrano y Guillermo Gasser Carrillo, responsables de la División Armamento, la palabra de Pizzicari ocupó un rol central en los medios tradicionales.

Este año, el letrado participó de otro caso en donde un hombre resultó asesinado en medio de un operativo. Pizzicari fue uno de los defensores de los 12 policías que participaron del operativo que terminó con la Guillermo Bustamante. El hombre regresaba a su casa luego del trabajo cuando se detuvo a cargar nafta en una estación de servicio en barrio Villa Páez y luego de un altercado con el playero fue abordado violentamente por oficiales. Tras una brutal golpiza, Bustamante murió. Su pareja presenció el ataque. Actualmente tres efectivos están imputados por homicidio preterintencional y dos de encubrimiento y omisión de deberes.

Días después, los exámenes toxicológicos detectaron cocaína y alcohol en la sangre del fallecido y el abogado difundió la misma premisa que repitió al conocerse los estudios realizados sobre el cuerpo de Samuel: “La muerte no fue producto del personal policial, ni de golpes, ni de nada referente al accionar de ellos”.

Sin embargo hay una situación que se repite, antes de la intervención policial, las dos personas estaban vivas. Pizzicari difundió la misma hipótesis, indicando que el final fatal fue por “una condición previa” que combinada con “la presencia de cocaína” y “otros fármacos” derivó en un “infarto”. Cuando el abogado pronuncia, con tono desinteresado, esas palabras frente a los medios, una pregunta queda en el aire: ¿el destino de las víctimas hubiera sido el mismo si el personal policial no los habría golpeado?

En los estudios forenses de las dos víctimas hay otro dato que el defensor elige evitar: el deceso también pudo ser producido por el “shock generado por el estrés de la reducción policial”.