Washington ha activado prácticas ilegales mediante la incautación de petroleros vinculados al comercio soberano de Venezuela. En menos de quince días, las fuerzas estadounidenses han asaltado o perseguido buques como el Skipper, el Centuries y el Bella 1. El gobierno de Nicolás Maduro denunció estos actos como “piratería naval”, señalando que se trata de un secuestro de activos estratégicos para “quebrar la economía del país”.

Desde la Casa Blanca, funcionarios que operan bajo el anonimato admiten que el objetivo es imponer una “cuarentena” total al crudo venezolano. Estas maniobras, ejecutadas por la Guardia Costera y supervisadas por el Departamento del Tesoro, se realizan sin bases legales sólidas, atacando incluso a barcos que no figuran en las listas oficiales de las arbitrarias sanciones yanquis. El despliegue militar estadounidense busca hacerse del control absoluto de las rutas comerciales del Caribe, acusan desde Caracas.

Masacres extrajudiciales: diciembre termina con 105 asesinatos en el mar

A los robos de petróleo ajeno le antecede el accionar criminal de Estados Unidos en el Mar Caribe, donde se registran al día de la fecha, al menos 105 civiles asesinados por los bombardeos. Situación que continúa y se complementa con el reciente saqueo de buques.

Bajo las órdenes directas de Pete Hegseth, secretario de Guerra, la Fuerza de Tarea ha ejecutado “ataques cinéticos letales” contra lanchas y embarcaciones pequeñas.

Solo el 15 de diciembre, ocho personas fueron acribilladas en un operativo que el Comando Sur celebró en redes sociales sin presentar una sola prueba de la culpabilidad de las víctimas.

La sistematicidad de estos ataques revela una política atentatoria de los Derechos Humanos: entre el 17 y el 22 de diciembre, las incursiones se repitieron casi a diario, dejando un saldo de nueve muertes adicionales en vísperas de Navidad.

Estas ejecuciones se llevan a cabo sin procesos judiciales previos, sin declaraciones de guerra y bajo el pretexto de combatir “organizaciones terroristas” que nunca son identificadas legalmente. Para las organizaciones sociales y de Derechos Humanos de la región como ALBA Movimientos y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Argentina, se trata de una masacre por goteo que busca infundir terror en las rutas marítimas regionales.

Cada ataque contra las denominadas “embarcaciones de bajo perfil” termina en la destrucción total de la supuesta evidencia, lo que también impide cualquier investigación independiente sobre la identidad de los fallecidos.

Condena de Rusia y China frente al “caos legal”

Tras más de 25 semanas de constante asedio, la “comunidad internacional” ha comenzado a reaccionar ante lo que la portavoz rusa María Zajárova calificó como un “caos legal” y una vuelta a las prácticas de “bandidaje olvidadas hace siglos”.

A su vez, en una reciente sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, Moscú y Pekín cerraron filas junto a Caracas para exigir el fin de la desestabilización en la región. El canciller venezolano, Yván Gil, agradeció el apoyo inquebrantable del Kremlin frente a las “amenazas y acciones belicistas” que ponen en riesgo la estabilidad de toda América Latina.

Por su parte, el embajador de China en Venezuela fue contundente al denunciar que las medidas de Estados Unidos violan flagrantemente la Carta de las Naciones Unidas. Pekín advirtió que la paz regional está amenazada por “la soberbia de una potencia que ignora el derecho internacional para imponer sus intereses”. La alianza entre estas potencias busca frenar la escalada militarista de Trump, exigiendo que cualquier disputa se resuelva por las vías legales y no mediante el uso de la fuerza bruta.