Una vez pasada la hecatombe del domingo, el Gobierno Nacional ya está preparando lo que llama: la “Ley Bases II”.
Ayer, delineamos algunos puntos del borrador del “modelo griego” -reforma laboral- que el presidente presentó en Sidersa. Ahora, toca la reforma previsional.
Si bien está en tratativas, en líneas generales busca: subir la edad jubilatoria a los 70 años; equiparar trabajos, es decir no importa la tarea que desempeñe el empleado -obrero, profesor, empleada doméstica, médica-, sino los años de aporte; no contempla aportes por moratoria, sino por Prestación Universal al Adulto Mayor (PUAM), hoy fijada en el 80% de la jubilación mínima ($251.444).
Esto desregularía aun más las condiciones actuales de cualquiera que pretenda jubilarse, ya que le demandaría un mínimo de 30 años de aporte. Además del riesgo de mayor desigualdad económica y de género, al vincular directamente los años de aportes con el monto jubilatorio.
De igual modo, según estimaciones oficiales, más del 85% no cuenta con los 30 años de aportes requeridos para jubilarse bajo el régimen general. Las causas principales son la informalidad laboral extendida, la intermitencia en el trabajo registrado y el incumplimiento de los empleadores.
Por su parte, la ONG HelpAge International, en conjunto con la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría, describió que el impacto de la pobreza alcanzó al 73% de las personas mayores de 61 años, no al 17,6% como calculó el Indec, a fines de 2024.
“Estos recortes nos colocan en una situación de extrema vulnerabilidad, obligándonos muchas veces a elegir entre comer o comprar nuestros remedios”, comentó el equipo del Consejo de Personas Mayores, en la Cámara de Legisladores de la Provincia, antes de ayer.
Otro de los puntos fue la situación de los adultos mayores con discapacidad, quienes sufren las consecuencias de los recortes en programas de apoyo y acompañamiento, así como de los atrasos en los pagos a prestadores y la falta de actualización de aranceles.
En el caso de conseguir el quorum, la Ley Bases II podría comenzar a regir a partir del 2026, y, según lo demandado por el FMI, se espera que la reforma previsional sea completada en 2030.
Fotografía de portada: Julio Pereyra