Una vez más, el Gobierno Nacional atenta contra la libertad de prensa y de expresión. Ayer lunes, el juez en lo Civil y Comercial Alejandro Maraniello hizo lugar a una demanda civil (a firma de Karina Milei) y ordenó el cese y la prohibición de la difusión de los audios grabados en Casa Rosada donde salga la voz de “el jefe”, luego de que días atrás Carnaval Stream anunciara la publicación de audios de Karina para esta semana.

El juez Maraniello, quien prestó su apellido para uno de los actos más graves contra la libertad de expresión de las últimas décadas, enfrenta nueve denuncias en su contra, cinco de ellas por acoso y abuso sexual. Además, está acusado en el Consejo de la Magistratura y, según los periodistas Raúl Kollmann y Irina Hauser, también en un expediente que tramita la jueza María Servini.

En una nueva muestra de la desesperación del Gobierno ante el escándalo de los sobornos, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich denunció operaciones de inteligencia que, según ella, involucran a Venezuela, Bolivia, Rusia y hasta al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia. Durante su conferencia, la ministra solicitó allanar el Canal Carnaval, así como los domicilios de los periodistas Mauro Federico y Jorge Rial, entre otros.

En ese sentido, la Federación de Trabajadores de la Prensa, expresó al respecto:

“Este tipo de acciones por parte del Gobierno son otra forma de impedir la labor del periodismo, y fueron históricamente rechazadas. Se inscriben en la represión sistemática a fotoreporteros y cronistas en Congreso y a las patotas digitales contra comunicadores con un objetivo claro de disciplinamiento”.

Rial, uno de los perseguidos por los hermanos Milei, denunció ayer que recibió amenazas telefónicas y que un falcón con un hombre no identificado en su interior estuvo todo el día estacionado frente a su casa.

Por otro lado, el gobierno presentó otra denuncia ante la Justicia Federal bajo el argumento de ser víctima de una “operación de inteligencia ilegal con el fin de desestabilizar al país”.

Mariana Mandakovic, secretaria general del Sindicato de Prensa de Córdoba (Cispren), advirtió sobre la gravedad de la situación en una entrevista con Enfant: “Seguimos en un retroceso terrible. No podemos normalizar que se prohíba la difusión de audios, que no se respete el secreto de la fuente y que se pidan allanamientos a las casas de periodistas. Es gravísimo”. Además, la dirigenta gremial hizo un llamado a la acción, instando a que tanto las organizaciones internacionales como también a las unidades académicas se pronuncien ante este retroceso democrático.

Foto de portada: CEDOC.