La audiencia, que estaba prevista para ayer, se reprogramó para el 17 de septiembre a las 10 de la mañana. La resolución, firmada el 26 de agosto de 2025, se tomó porque el informe balístico aún no estaba terminado y fue entregado recién el 1° de septiembre, de modo que la jueza consideró necesario dar tiempo a la fiscalía, la querella y la defensa para analizarlo antes de escuchar al imputado.
La querella, representada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Liga Argentina por los Derechos Humanos, sostiene que el disparo contra la cabeza de Grillo violó protocolos nacionales e internacionales de uso de armas menos letales.
La Gendarmería reconoció que las pistolas lanzagases no deben dispararse directamente a una persona, sino oblicuamente al suelo, para evitar lesiones graves o la muerte. Además, el CELS argumenta que el arma utilizada está prohibida en gran parte del mundo, y fue reintroducida en el ámbito interno mediante el Protocolo Antipiquetes 943/2023, lo que implica una escalada normativa y discursiva que favorece el uso de armamentos más peligrosos en manifestaciones públicas.
Pablo sigue en terapia intensiva después de que le colocaran la prótesis en la cabeza. Según contó la familia, el joven se encuentra “en una meseta, ni bien ni mal, estamos esperando que mejore su estado neurológico, aún no está pasando, pero no significa que hubo un retroceso”.

Foto de portada: Kaloian Santos/El Destape.