“Los buenos son los de azul” fue la frase expresada una y otra vez por el gobernador de la provincia de Córdoba, Martin Llaryora, y el ministro de seguridad, Juan Pablo Quinteros, ante cada acto político de respaldo a la fuerza, tras incidentes menores sufridos por algunos de sus agentes en la vía pública. Con los últimos acontecimientos, esas palabras no han sido nuevamente repetidas.

La realidad y la justicia de Córdoba no parecen estar en sintonía con las aseveraciones gubernamentales. Que altos mandos policiales vuelvan a estar involucrados en graves hechos delictivos, sugiere que la problemática va más allá de la dicotomía entre el bien y el mal.

El viernes pasado, un integrante de la Cúpula policial y otros comisarios de la Policía de Córdoba fueron imputados y apresados bajo la sospecha de integrar una red que se dedicaba a cometer delitos graves y hacer abuso de la información confidencial, gracias a los cargos estratégicos que ocupaban.

Este hecho se suma a una serie de importantes denuncias contra agentes de la entidad policial en las últimas semanas, las cuales incluyen: inteligencia ilegal sobre una asamblea LGBT, la detención de una trabajadora de la comunicación en el marco de una protesta ambiental junto con la amenaza a un fotógrafo y periodista de un medio cooperativo, y la mutilación de un ojo a una menor de edad por un oficial que le disparó con un arma de gas pimienta en el marco de una represión ilegal a vecinos de Barrio Zepa.

Preocupantes acontecimientos que el gobierno cordobés presenta como casos aislados, cuando en realidad sugieren una profundización de prácticas históricas arraigadas en la institución policial cordobesa. Acciones delictivas que desnudan fallas estructurales y exponen las legitimidades políticas que las sostienen.

Falta de profesionalismo, crimen organizado dentro de las altas estructuras policiales y su consecuente derrame hacia las filas inferiores; la violencia y persecución policial contra manifestantes, vecinos y últimamente contra periodistas en el ejercicio de su profesión, son algunas de las problemáticas cada vez más frecuentes en las filas de la fuerza.

¿Estado Mayor de corrupción?

El crimen organizado dentro de la Policía de Córdoba sumó un nuevo y preocupante capítulo. Mientras el exsubjefe Alejandro Mercado, quien fuera el número dos de la fuerza, sigue detenido en la causa cuyas ramificaciones políticas y policiales aún no tienen un límite claro, ahora se suma la desarticulación de otra banda azul. Esta última, según el fiscal Guillermo González, estaba liderada por Ochoa Roldán, Jefe de la Policía Caminera y abogado de profesión. Roldán fue imputado y puesto en prisión este fin de semana junto a otros importantes agentes policiales y un civil, profundizando la crisis institucional en la Jefatura de la Policía.

Ochoa Roldán, quien hasta hace poco se desempeñó como secretario del actual Jefe de Policía, Leonardo Gutiérrez –ratificado nuevamente por Llaryora–, también había sido ascendido con el aval del ministro Quinteros, al igual que Mercado.

Los demás implicados en la banda criminal son: Gastón Miguel Ochoa Roldán (abogado), Gabriel Élido Burkhard (un civil), el comisario inspector Leonardo Javier Torres (director de Asesoría Letrada), comisario inspector Martín Darío Heredia, comisario inspector Jorge Gutiérrez (jefe de Custodia y Protección de Testigos) y el Suboficial Dante Villalba.

El excomisario general Ochoa Roldán es señalado como el presunto líder de una banda dedicada a resolver litigios al margen de la ley en Córdoba. La investigación judicial apunta a que este grupo utilizaba recursos y operativos policiales ilegales para intervenir en una amplia gama de conflictos, desde usurpaciones de viviendas y ocupaciones ilegales de terrenos hasta cobros de deudas, juicios laborales y problemas de filiación.

La Justicia ha revelado que en esta red participaban abogados policiales. Además, se detalla que la banda utilizaba bases de datos oficiales, incluyendo las de la Policía Caminera, para obtener información y lucro económico de estas operaciones completamente ilegales, ya que no contaban con ningún aval judicial. Este esquema revela una organización criminal sofisticada dentro de la fuerza, que operaba con total impunidad.

Según el periodista Claudio Glesser, aunque por el momento no se han identificado víctimas de violencia física, privación de libertad o sobornos en Córdoba, ni se han detectado delitos relacionados con la operatoria o el cobro de multas de la Policía Caminera, no se descarta en absoluto que estos casos puedan surgir a medida que avance la investigación.

Foto de portada: Policía.