En diciembre de 2023, el Tribunal Oral Federal de General Roca declaró culpables a los agentes por el "homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego, cometido con exceso en la legítima defensa" contra Rafael Nahuel. Ahora, Casación Federal dictó la ratificación del fallo.

El joven mapuche de 22 años, integrante de la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu, fue asesinado por la espalda durante una represión en Bariloche en 2017, un operativo ordenado en ese entonces por Mauricio Macri y Patricia Bullrich, quienes eran presidente y ministra de seguridad del gobierno de Juntos por el Cambio. También hubo aval de el por entonces gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck.

Responsabilidades policiales e impunidad política

La Cámara Federal de Casación Penal ratificó la sentencia contra los cinco integrantes del grupo Albatros de la Prefectura Naval imputados: Sergio Cavía, Francisco Javier Pinto, Juan Obregón, Carlos Sosa y Sergio García.

Cuatro de los implicados fueron condenados como partícipes necesarios del crimen, mientras que uno fue señalado como el autor del disparo fatal. Aunque todos recibieron la pena máxima permitida para este tipo de delito, ninguna condena excedió los 5 años y 8 meses de prisión, el límite establecido para el homicidio agravado con exceso en la legítima defensa.

Las responsabilidades políticas quedaron, una vez más, excluidas del juicio y su fallo. La impunidad judicial garantizada a la clase política tiene como resultado, por ejemplo,, que hoy sea la misma Bullrich quien reprima a periodistas, jubilados y trabajadores, sin ningún reparo jurídico, más bien con plena legitimidad del poder judicial argentino.

Foto de portada: Colectivo Al Margen.