Ayer, el Gobierno Nacional oficializó, mediante el Decreto 333/2025 (publicado en el Boletín Oficial), la baja de aranceles e impuestos internos para celulares y otros productos electrónicos importados.
Esta medida, según la Unión Obrera Metalúrgica, podría generar la pérdida de más de 6 mil puestos de trabajo directos, y la desaparición de la presencia de connacionales en ciudades claves para la soberanía nacional en el extremo austral del continente americano, un territorio codiciado por potencias mundiales.
Hace una semana, empresas emblemáticas de la región como Newsan, Mirgor, Solnik, BGH y Midea Carrier, ubicadas en Río Grande y Ushuaia, paralizaron sus actividades productivas por tiempo indeterminado, según comunicó la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE).
La decisión del Gobierno contra el régimen de protección y promoción industrial que beneficia a estas empresas podría profundizar una crisis económica al nivel de 1995, según expresó a Agenda Malvinas el periodista y trabajador metalúrgico Pablo Ibáñez. “Constituyen el mayor ataque en 30 años y representa un certificado de defunción para la industria electrónica fueguina”, advirtió.
“Hoy le decimos basta a un plan que solo apunta a la especulación financiera y a la depredación de nuestras riquezas naturales en favor de intereses extranjeros”, expresaron en un comunicado firmado por diversos sindicatos (CGT, UOM, Camioneros, Luz y Fuerza, ATE, ATSA, Asimra, La Bancaria, Judiciales, Remises, Colectivos, entre otros).
El acatamiento al paro por parte de trabajadores no industriales no solo responde a un gesto de unidad y solidaridad con los más afectados, sino también al agravamiento de la crisis social que la medida gubernamental podría generar: desempleo masivo, despidos indirectos, pérdida del consumo local, menor recaudación fiscal y el éxodo de familias enteras a otras provincias, entre otras consecuencias.
“Desde nuestros orígenes hemos enfrentado distintos y reiterados ataques no solo de la patronal, sino que también hemos padecido las consecuencias de enfrentar las políticas nefastas de Gobiernos de corte neoliberal como el actual; hemos sufrido la represión de quienes incapaces de brindar soluciones o tan siquiera escuchar la voz de las mayorías, solo descargan palos y balas para aplicar sus ajustes; hemos enfrentado todo tipo de persecución laboral, gremial, política y judicial. Pero ni en los peores momentos nos han hecho retroceder. Y hoy menos que nunca, porque lo que está en juego no es ni más ni menos que el futuro de miles de familias de Tierra del Fuego AIAS”, advierten las y los trabajadores organizados en el documento publicado.
Entre las principales consecuencias de la medida se trasluce el despoblamiento que generaría el cierre de las más importantes fábricas.
Un gráfico reciente de la consultora fueguina Neodelfos ofrece una prueba contundente del efecto de la promoción industrial en Río Grande, una de las dos ciudades más importantes de la región.
Este material evidencia, por un lado, el desarrollo y el aumento poblacional que generó el estímulo industrial; por el otro, un estancamiento demográfico sin su existencia.
La diferencia es innegable y resalta la magnitud del impacto que la industria fueguina ha tenido en la ciudad situada en la costa atlántica norte de la Isla Grande de Tierra del Fuego. En términos concretos, la consultora calcula que, sin la promoción industrial, y considerando solo el crecimiento natural de la población, Río Grande apenas contaría con 12.772 habitantes en 2025. Esto dista enormemente de los 117.499 residentes proyectados actualmente a partir del censo de 2022.
Lo que también exhibe este gráfico es el factor geopolítico del régimen de promoción industrial. No es meramente económica la discusión, como la plantean desde los escritorios cercanos al puerto de Buenos Aires. Instar al despoblamiento de la Argentina Austral constituye un atentado directo contra la soberanía nacional y contra más de cincuenta años de una política de Estado que ha garantizado -y sigue garantizando- el desarrollo argentino en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Foto de portada: UOM.
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Es contra las seis integrantes de la comunidad mapuche a las que se acusa, otra vez, de “despojo por usurpación” al Estado nacional, en tierras ubicadas a 13 kilómetros de Furilofche-Bariloche. Son entre siete y diez hectáreas que no llegan ni a un dígito de porcentaje comparadas con las 12.520.826 hectáreas de Argentina en manos extranjeras.
Un intento por ordenar el panorama sobre la quita de aranceles y pensar más allá del eco inmediato de las redes. La entrevista a Juan Rattenbach quitada por Newsdigitales, respecto a las implicancias de las medidas tomadas por el gobierno de Milei, en contra de la industria electrónica fueguina
