Pasó menos de un mes desde que trascendió que la gestión de Martín Llaryora tiene planeado avanzar en transformar la EPEC en una Sociedad Anónima. Un nuevo intento en la historia de la empresa que, como en el menemismo y en el macrismo, hoy encuentra un contexto nacional idóneo. Según supo este medio, el gobierno provincial pretende enviar el proyecto a la Legislatura a fines de febrero.

Mientras tanto, el sindicato Luz y Fuerza de la capital mantiene una férrea oposición a la reconversión, ya que la deja más cerca de la privatización, e insiste en que la empresa es superavitaria y anda bien (algo que reconoció el propio Gobierno). De paso aprovechan para recordar que su funcionamiento se sostiene en base a recortes en planta -por lo tanto precarización- y la pérdida de poder adquisitivo de sus trabajadores en, al menos, un 30%.

Este miércoles 12, a las 18 horas, se realizará un «Gran acto en defensa de la EPEC estatal e integrada» en el auditorio “Agustín Tosco” de la sede capitalina (Deán Funes 672). El evento, será una demostración de fuerza y una primera acción para reafirmar el rechazo al proyecto antes de su presentación, sin importar la letra que contenga. También será una muestra de unidad, ya que la “Comisión de Lucha” que se conformó para afrontar el proceso, está compuesta por integrantes del oficialismo y la oposición del sindicato.

Para muestra basta un apagón

Con la noticia en agenda, la primera semana fue una foto para visualizar quienes apoyan la SA (o los intereses detrás) y quienes estarán de pie en los momentos más calientes para defender -una vez más- una línea de servicio vinculada a su rol social, más que lucrativo. En esta bifurca, un río de tinta de editoriales justificaron la reconversión. Si ya existen empresas que funcionan bajo la modalidad SA, ¿por qué tanta resistencia?- es un planteo simplificado que salió de algunas redacciones para saldar el amplio debate que aún aguarda.

Otras plumas deslizaron puntas interesantes para tomar: gracias a las abultadas cifras que factura, EPEC es una de las principales empresas de Córdoba y compite en el ranking con empresas privadas de alimentos como Grupo Arcor y Aceitera General Deheza, y automotrices como Fiat y Renault. Por el contexto, lo primero que corre a revisarse es lo económico, y en este punto no hay razones que puedan justificar una reestructuración.

“Epec facturó el año pasado –depende de cómo se tome el tipo de cambio– unos U$S 1.200 millones, lo cual la coloca entre las principales empresas de Córdoba, incluyendo a las privadas y a rubros como la agroindustria y las automotrices”, escribió el periodista especializado en economía, Walter Giannoni, para La Voz del Interior.

También se puede observar que las comparaciones se han hecho con empresas de diferente función a nivel provincial, como Caminos de las Sierras (Red de Accesos viales) y el Banco de Córdoba, mientras que no se hace lo mismo con otras SA prestadoras de servicio energético como la EDET (Tucumán), EDENOR  o EDESUR (AMBA y CABA). Ni siquiera sobre EDEMSA (Mendoza), que en 2024 fue multada con una suma millonaria por los sucesivos cortes en plena ola de calor de febrero, a pesar de emitir la factura más alta de energía del país.

La realidad puso a prueba los datos y las opiniones el lunes de la semana pasada, cuando en medio de la ola de calor hubo un corte por una falla en el Sistema Argentino de Interconexión, que dejó sin energía a unas 5 millones de personas en 9 provincias. A pesar de que el corte fue masivo y el gerente de gerente de Recursos y Energía Formosa S.A. denunció falta de mantenimiento por parte del Gobierno Nacional, los titulares de los principales diarios cordobeses se enfocaron en la responsabilidad de la empresa provincial. Afortunadamente, la respuesta aquí fue rápida y el servicio se restableció en un par de horas.

Correlación de fuerzas

Luego están quienes levantarán las manos para finalmente otorgar o rechazar la iniciativa al gobierno. En la arena legislativa y de las redes sociodigitales, hasta ahora no hubo un movimiento importante de posiciones a favor o en contra del proyecto de SA. Sólo la izquierda se pronunció por su rechazo. La mayoría de la oposición aprovechó el “impuestazo” anunciado por el oficialismo para pegarle a Llaryora y el debate por EPEC quedó a un lado.

Sólo el legislador provincial por La Libertad Avanza, Augustín Spaccesi, en medio del apagón masivo, se sumó al discurso privatizador, pero omitió que había casi una docena de provincias sin luz, en simultáneo, tratándose de una problemática nacional. “Y nos dicen que el Epec es un orgullo para Córdoba”, escribió oportuno el legislador en su cuenta de X.

A favor de la postura de las y los trabajadores de EPEC, sí se se han pronunciado las principales centrales sindicales, CGT Regional Córdoba, CTA-T y CTA-A, la UOM (Unión Obrera Metalúrgica), el SUOEM (Municipales), UEPC Capital (docentes), Aeronáuticos, el Centro Vecinal de Alberdi, organizaciones de derechos humanos como Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas de Córdoba y partidos políticos de izquierda.

Luz y Fuerza busca sumar un apoyo más amplio. Apunta a profundizar el debate y el vínculo con el resto de la sociedad, entendiéndola como usuaria del servicio en su conjunto y a la empresa como un patrimonio común en juego. Por eso la convocatoria para este miércoles apunta “a la comunidad cordobesa”.

Patrimonio y legado histórico

Hablando con Roxana, secretaria de Prensa, en su oficina del segundo piso de Luz y Fuerza, pregunta si había consultado el último Electrum 1782, el diario del sindicato, donde cuenta la historia de cómo nace EPEC. -Vi la historia de los intentos de privatización... -Es todo lo mismo- responde y se ríe. Pero la historia de EPEC es mucho más que especulaciones y reglas de mercado.

Desde fines del siglo XIX, en Córdoba la energía eléctrica era proveída por las empresas extranjeras Compañía de Luz y Fuerza Motriz (de aquí el nombre adoptado por su sindicato) y Compañía General de Electricidad de capital privado, propiedad del holding estadounidense The Electric Bond and Share Company, controlado por General Electric. 

Dichas empresas no contaban con convenios colectivos de trabajo y por lo tanto sus trabajadores carecían de derechos laborales. Las firmas se limitaban más que nada al cobro del servicio, a la vez que no había obra pública, ni mantenimiento, que garantizaran eficiencia y modernización.

Con su llegada a la Secretaría de Trabajo y Previsión, en 1944, el entonces coronel Juan Domingo Perón comenzó a promover la sindicalización, con elección de las primeras autoridades y Convenios Colectivos de Trabajo, a través de un vínculo directo con los trabajadores. De esta manera, a raíz de ganar mayor participación en la toma de decisiones, fueron quienes promovieron la estatización del servicio eléctrico, conquista que alcanzaron dos años después, un 11 de noviembre de 1946, con el ya electo gobierno peronista.

A la par que ganaban terreno los derechos laborales con los Convenios, el 31 de diciembre de 1952, la Dirección General de la Energía Eléctrica y el Servicio Público de Electricidad de Córdoba (SPEC), que proveían el servicio ya estatizado en Córdoba, Villa María y el Sistema Las Sierras, se unificarían y de esta manera surgiría la actual EPEC, a través de la Ley 4.358.

El proceso de nacionalización de la energía en clave de soberanía, se correspondía también con un período de industrialización, en el marco del Plan Quinquenal del gobierno peronista. EPEC no era una mera empresa generadora y proveedora de servicio eléctrico, sino parte estratégica de la producción industrial cordobesa, que estaba en auge con las Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado (IAME) y la Fábrica Militar de Aviones. Luego, esta última finalmente sería privatizada en los 90’s, mientras que la IAME fue disuelta por Martínez de Hoz, en 1980, durante la última dictadura cívico-militar-eclesiástica.

Solo la EPEC resistió todos los procesos de golpes de Estado, dictaduras y democracia parida bajo el orden del nuevo liberalismo económico. Como puede verse, la historia de la empresa no es sólo la historia de su privatización, sino de sus trabajadores y de una visión que trasciende lo meramente financiero, para pasar a discutir soberanía energética, tema que en Argentina está muy por debajo de la alfombra.

A su vez, los intentos de privatización o reconversión en SA coinciden con períodos de gobiernos neoliberales, tanto a nivel nacional como provincial, que responden a intereses corporativos privados. Como suele suceder en estos procesos, no sólo hay un trámite burocrático de por medio, sino también coimas y represión.

En 1998, trabajadores y sindicalistas lucifuercistas fueron detenidos durante cinco días por orden del entonces ministro Aguad del gobierno de Mestre. En el año 2000, De la Sota también llevó a cabo represalias contra cuatro militantes del sindicato, entre ellos el actual secretario general Jorge Molina Herrera. El proyecto de ley enviado por el entonces gobernador de Córdoba recibió el apodo de "Ley Bodega", por la coima que recibió el senador provincial Jorge Bodega, por la suma de $400.000 pesos argentinos. Días después salieron a la luz los detalles del caso de corrupción y el gobierno debió dar marcha atrás con las licitaciones.

¿Por qué estamos discutiendo esto?

La discusión público versus privado es una discusión al revés. Un servicio público, al menos en el caso de EPEC, surge como respuesta ante la deficiencia y la negligencia de los actores privados. El rol de una empresa de este tipo es garantizar un servicio, a la vez un derecho. 

Hasta ahora no hay pruebas fehacientes de que una SA garantice un mejor servicio ni se reduzca el costo de la tarifa, con ejemplos de servicios SA que ya se han concesionado, como el agua, a estas estructuras privadas. Aguas Cordobesas S.A., del Grupo Roggio, es el ejemplo más claro. Da la sensación de que la discusión al final solo es parte del ciclo de redundancias que caracteriza al país.