Hoy a las 17:00, se realizará un «abrazo a la Ex-ESMA» en repudio a los 600 despidos anunciados en la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, a cargo del ministro Mariano Cúneo Libarona -conocido por su vínculo profesional con la defensa de imputados por crímenes de lesa humanidad-, y de Alberto Baños, secretario de Derechos Humanos.

Los trabajadores, además, denuncian el desmantelamiento de las políticas de derechos humanos, que amenazan con paralizar programas clave y cerrar Sitios de Memoria en todo el país. "Esto recién empieza, vamos a seguir ajustando cada privilegio y cerrando las cajas de la política. Se terminó la joda", expresó Cúneo Libarona en esa línea.

Organismos como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, HIJOS y decenas de organizaciones de la sociedad civil denuncian que estas decisiones buscan debilitar los derechos humanos y favorecer el negacionismo.

Por su parte, ATE redactó una carta donde denuncia que "el gobierno de Milei desmantela la Secretaría de Derechos Humanos", organismo que hasta finales de 2023 contaba con un poco más de 1.000 (mil) puestos de trabajo, mientras que en el actual mes de diciembre se redujo a unas 8.00 personas. En la misma carta, denuncian que Baños dejó áreas enteras sin funcionamiento debido a la falta de designación de cargos y las desvinculaciones.

En septiembre se hicieron los anuncios de las primeras desvinculaciones de quienes tuvieran contratación a través del ente de cooperación ACARA, lo cual implica casi 400 personas -la mitad de la planta. Además, se despidió a otras 20 y se agregaron funciones que provienen de la desarticulación del Inadi y del Ministerio de Mujeres. Y también, informaron sobre el recorte de entre el 50 y el 70 por ciento del salario de casi 200 personas en el organismo.

Estos últimos tres meses han transcurrido bajo muchísima presión: dos compañerxs de la Secretaría han fallecido y hemos detectado un aumento de enfermedades y afecciones psicológicas.

Además, denunciaron que Baños aumentó la presencia de la Policía Federal en la sede de la Secretaría: "Los agentes, algunos de civil y otros uniformados, recorren el edificio permanentemente, observan las asambleas y hasta hemos detectado que las intervenían y, en una ocasión, intentaron desenfundar un arma durante una protesta", recordaron.

En función de este escenario, desde el sindicato de estatales plantean que el ataque del gobierno, es parte de la política "negacionista y reivindicatoria" que hace de los delitos cometidos durante la última dictadura cívico-militar-eclesiástica. E insistieron en el momento "determinante" en que se encuentran las políticas de derechos humanos, muchas de ellas protegidas por normativa nacional e internacional.

"Esta democracia que construimos fue de la mano de la construcción de una conciencia de los derechos humanos, de su ampliación y de la perspectiva de que un país basado en el respeto irrestricto de estos derechos debe universalizarse y no restringirse, algo que se acompañó desde distintas gestiones de gobierno, hasta esta", finalizan.