El Gobierno Nacional cierra el año con la materialización del modelo de seguridad proyectado ni bien asumió hace un año atrás. La militarización de la seguridad interna avanza a paso redoblado a fin de año. El asesinato de Fernando Martín Gómez en Orán, Salta, el pasado 18 de diciembre, exhibió el teatro de operaciones que el gobierno es capaz de ejecutar con el fin de profundizar el disciplinamiento y el terror social sobre la población argentina.

Semana trágica

La semana pasada estuvo cargada de hechos y anuncios enmarcados en la seguridad nacional. El pasado 17 de diciembre, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció el regreso del Servicio Cívico, por ahora optativo para jóvenes de 18 a 24 años que, según sus declaraciones, no trabajen ni estudien.

"Vamos a sacar a los jóvenes de las calles y alejarlos del delito y la droga. Los vamos a convocar para brindarles formación en disciplina, respeto y valores. De la mano de la Gendarmería Nacional y en colaboración con el Ministerio de Capital Humano, recibirán herramientas y capacitación educativa y laboral", expresó.

Un día después, el 18 de diciembre, con la reciente implementación del Plan Güemes, en la localidad de Orán, Salta, Gendarmería efectuó una mortal represión sobre jóvenes trabajadores de frontera que transportaban hojas de coca entre Bolivia y Argentina, cuyo resultado fue el asesinato de Fernando Martín Gómez, mientras que otros 25 fueron heridos de distinta gravedad. Bullrich justificó y celebró la represión alegando un enfrentamiento entre narcos y gendarmes. "Es claro: el Plan Güemes les está cortando el negocio. Se les terminó.", aseguró la ministra en X.

Gómez, de 27 años, tenía esposa y era padre de tres hijos. Vivía en una precaria vivienda de barrio Libertad, donde convivía con otras 11 personas. Trasportaba coca (amparado por la Ley 23.737) desde Bolivia.

“Los narcos supuestamente viven en un palacio con piletas, nosotros no tenemos nada, solo un suelo, una pieza”, le recriminaron a Bullrich familiares de Gómez.

En Orán las fuentes de trabajo son pocas, entre las cuáles se encuentran las del Ingenio Tabacal, las fincas o la frontera, siendo éste último realizado por menores de 40 años, ya que según los propios trabajadores, es imposible hacerlo después de esa edad. Según declaró a Página 12 la defensora de Derechos Humanos de Orán y ex diputada nacional, Alcira Figueroa, los pasadores ganan entre $30 o $40 mil pesos por día pasando mercadería, y en la finca -también en negro- entre $6 mil y $8 mil pesos por día, trabajo que les lleva la misma cantidad de horas.

Horas después del asesinato, con su primer muerto en el ropero, Javier Milei firmó el Decreto 1107/2024 que establece que, en caso de destrucción, daños o ataques a espacios de "vital importancia para el Estado", las fuerzas policiales o de seguridad federal "podrán solicitar el apoyo de las Fuerzas Armadas". Luego, un 19 de diciembre, en Córdoba la Legislatura aprobó el proyecto de ley presentado por el oficialismo que permite el ingreso de integrantes de las Fuerzas Armadas a la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA).

Ayer Jujuy, hoy Salta, ¿mañana?

En la represión de Gendarmería que se originó en el puesto 28 de Orán, agentes de dicha localidad y Aguas Blancas, empezaron a disparar a los "bagayeros". Ante el asesinato de Gómez, los trabajadores cortaron rutas y opusieron resistencia con barricadas, palos y piedras, ya que el cuerpo del fallecido no era devuelto por las autoridades locales. La Gendarmería respondió con mayor represión sobre las barriadas y seis trabajadores fueron heridos con lesiones oculares.

La represión exhibió una metodología implementada en Chile tras el estallido social, en Jujuy en el marco del alzamiento del "Tercer Malón de la Paz" y en menor medida en la represión en el marco del tratamiento de la Ley Bases: los disparos directos a los ojos. Lo vivido en Orán ya sucedió en Purmamarca, en junio de 2023, a diferencia de que ahora en Salta hubo un muerto.

El asesinato de Gómez ocurrió a tan solo 9 días de la implementación del Plan que lleva el apellido del prócer de las guerras de la independencia. Si algo caracterizó a Güemes fue su empatía y solidaridad con los más oprimidos del sistema colonial realista; resistió a intensos y variados avances en el Norte de la naciente Argentina, no sin la ayuda de su ejército compuesto por negros, criollos, indios y gauchos. A más de dos siglos de sus gestas, el actual gobierno argentino utiliza su historia y memoria para reprimir a los empobrecidos del actual sistema de dominación.

Ensayo general para la farsa actual

Estos hechos que desde el gobierno y los medios se anuncian, publican y difunden por separado -sin aparente conexión entre uno y otro-, exhiben una estrategia comunicacional característica de la actual gestión. El "ajuste más grande de la historia de la humanidad", como suele decir Milei, necesita de la atención mediática selectiva de la población, es decir, el interés especial de ésta sobre determinados hechos, noticias o anuncios que logren opacar en la mayoría de los casos, justificar en otros, hechos que son producto de la misma política de gobierno.

Bajo el argumento de la "lucha contra el narcotráfico" y el peligro del "narcoterrorista", el gobierno busca instalar a nivel federal -al igual que ya hicieron otros gobiernos neoliberales en otras latitudes latinoamericanas- la idea de "guerra interna" contra un enemigo presente, a su entender, en todo el territorio nacional.

De esta manera, se justifica la militarización de la seguridad interna y se planifica la represión hacia quienes se les adjudique dichas categorías.

“El presidente Milei, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y otros funcionarios promueven con entusiasmo el estiramiento de la categoría 'terrorismo' para referirse a fenómenos tan diversos como las redes de ilegalidad, las demandas de comunidades indígenas o las manifestaciones públicas. Corren los límites y habilitan aplicar la categoría a distintas situaciones, banalizándola”, advierten desde el CELS.

“Las 'amenazas terroristas' están presentes de manera constante en la comunicación gubernamental y en los medios afines, generando un clima de urgencia permanente que tiene consecuencias graves sobre las decisiones de gobierno y la sobrecriminalización de determinados grupos: buscan legitimar el uso de la palabra 'terrorista' para disciplinar y limitar la conflictividad social y para justificar la necesidad de reformas legales e institucionales que amplían la capacidad del Estado para ejercer violencia y vigilancia sin controles”.

Los militares, preparados para matar y para combatir a un enemigo externo, ahora también están disponibles para participar de la represión que el Gobierno ordene bajo sus propias condiciones y requisitos. Esto anticipa que el 2025 tendrá a todas las fuerzas, de seguridad y armadas, a disposición del Ejecutivo Nacional.