“El San Roque no es joda”, una campaña para sanear el gran lago cordobés
La abogada integrante de Fundeps, Ananda Lavayan, contó que con la junta de firmas buscan abrir un proceso de participación ciudadana que no se incluyó en el plan de saneamiento presentado y ejecutado por el Gobierno de la Provincia de Córdoba
“El San Roque no es joda” es el nombre de la campaña que lleva adelante Fundeps, en el marco de una causa jurídica que tiene como fin que el Estado provincial y los municipios se ocupen de sanear la cuenca del lago San Roque, el espejo de agua de donde beben y utilizan a diario el 70% de las personas que viven en el Gran Córdoba.
Los antecedentes científicos de esta campaña se basan en una serie de estudios diagnósticos que elaboró la propia organización, con el fin de analizar el estado de las principales cuencas de la provincia. Desde Fundeps hacen hincapié en “No es joda”, ya que el lago se encuentra con altos niveles de contaminación, lo que está relacionado directamente a la salud humana.
En diálogo con Enfant, Ananda Lavayan, abogada y encargada de proyectos del área de Ambiente de Fundeps, compartió: “Hay muchas personas en la ciudad de Córdoba que no saben que el agua sale de la canilla es del San Roque, uno de los tanques de agua de la provincia y también atractivo turístico de Punilla. Queremos visibilizar esto y juntar firmas es una manera de formar parte de esta construcción de soluciones”.
Según cuenta Ananda, la junta de firmas tiene que ver con un proceso de demanda y de búsqueda de participación e involucramiento de la ciudadanía en el cuidado y de reparación del lago, como una forma de marcar un precedente, de que se garanticen mecanismos donde se escuchen las voces de más actores en relación a la problemática.
Las algas verdeazuladas en el dique San Roque son producto de la eutrofización del lago por la precencia de cianobacterias. Foto: Carlos Paz Vivo.
“El plan de la Provincia tiene muchas deficiencias”
En el año 2022, Fundeps presentó un amparo ambiental donde demandaron el saneamiento al Gobierno de la Provincia y a los municipios que integran la cuenca: Cosquín, Santa María de Punilla y Bialet Massé (cuenca media); Tanti (cuenca oeste); Estancia Vieja, Parque Siquiman, San Roque, Villa Santa Cruz del Lago, Villa Carlos Paz, Tanti y Cabalango, más la serie de comunas sobre el río San Antonio: Cuesta Blanca, Tala Huasi, Icho Cruz, Mayú Sumaj y San Antonio de Arredondo. (cuenca sur); y La Falda, Villa Giardino, Valle Hermoso y Huerta Grande (cuenca alta).
La demanda de Fundeps apuntaba, en principio, a que se suspendan los vertidos líquidos cloacales; que se adopten medidas de prevención para evitar el agravamiento de la contaminación de la cuenca; y se cree un Comité de Cuenca interdisciplinario e interjurisdiccional, que se encargue de las tareas de fiscalización, control y aplicación de sanciones.
En marzo del 2023, la Cámara en lo Contencioso Administrativa otorga una de las medidas, que obliga a que la Provincia haga un plan de saneamiento y de desarrollo sostenible en la cuenca. “La provincia primero cuestionó esta decisión y apeló, y por otro lado cumplió, porque presentó un plan de saneamiento”, recordó la abogada.
“Pero este plan, que tenía que ser transitorio y provisorio, se lo presentó a 15 años y con muchas deficiencias como falta de asignación presupuestaria, no había plazos de inicio y finalización, no había un sistema de auditorias, no estaban definidos cuáles iban a ser los recursos económicos, materiales y humanos... muchas cosas que nosotras señalamos. Sin embargo, el procedimiento igualmente se ejecutó”, agregó Lavayan.
El plan, además, se elaboró en un lapso breve de 60 días, donde no se involucró a los municipios y comunas, y tampoco hubo participación ciudadana. Aquí es donde ingresa la campaña 'El San Roque no es joda', ya que por un lado la Provincia sigue ejecutando el plan, y por otro lado, el procedimiento jurídico se encamina a tener una sentencia, sin que se hayan abierto instancias como una audiencia pública, instancias donde participa el conjunto de la ciudadanía (vecinos, expertos, funcionarios, etcétera) para dar su opinión y proponer soluciones.
“La junta de firmas es para marcar un antecedente para pedir la participación ciudadana, porque en la construcción de políticas públicas no es algo que se de, entonces acá queremos ser parte de la solución y ver cómo se puede vincular. Tampoco hay antecedentes judiciales donde se haya abierto a la participación ciudadana”, concluyó la integrante de Fundeps.
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