El hecho sucedió en la noche del sábado pasadas las 10 de la noche, en barrio Cuesta Colorada, sobre la calle Los Pinos 100, en la localidad La Calera, al límite con la ciudad de Córdoba.

Según Fiscalía, el hecho se desencadenó debido a un presunto robo de una garrafa, en el domicilio de un hombre identificado como el sargento de la Policía de Córdoba Mariano Nelson Rossi, quien se encontraba de franco. La persona asesinada fue identificada como Mauro Alejandro Bustos, de 30 años.

La muerte se habría producido en las inmediaciones del domicilio, es decir que Rossi fue a buscar al joven en cuestión. Luego le habría disparado en el estómago con su arma reglamentaria. Por su parte, Bustos estaba desarmado al momento de forcejeo. Según la investigación, el joven tenía antecedentes por robo y resistencia a la autoridad.

En base a estas hechos, el efectivo fue imputado por "homicidio agravado por el uso de arma de fuego". La causa está a cargo de la Fiscalía de Instrucción del Distrito 4, Liliana Copello, que en principio dispuso la detención del policía, mientras avanzan con la investigación sobre lo sucedido.

El episodio se produjo en medio de un incremento de la inseguridad en Córdoba, que encuentra asidero en la situación económica hasta ahora irresversible, que viene haciendo crecer el número de pobres e indigentes, pero también el presupuesto que se destina a Seguridad, mientras se recorta en Salud y Educación, con despidos y bajos salarios.

El propio Ministro de Seguridad de la Provincia, Juan Pablo Quinteros, reconoció hace unos días que la situación “cada vez va a ser más grave y nada hace pensar que los indicadores en este sentido pueden bajar cuando hay más pobreza”. Al mismo tiempo, confirmó que “estamos con un programa intensivo de que todos los policías salgan a la calle”.

Lo preocupante respecto a las declaraciones de Quinteros es que el escenario delictivo no sólo compete a situaciones de robo, sino también a los casos de "gatillo fácil" debido al aval que se le otorga a los efectivos policiales, frente a la escacez de recursos y formación para afrontar los delitos de manera adecuada.