Tras el asesinato de Nahel Merzouk en la comuna parisina de Nanterre, Francia, una ola de protestas violentas arrasó el país y llevó al gobierno de Emmanuel Macron a tomar una serie de medidas ampliamente cuestionadas. El joven de ascendencia norteafricana fue baleado el pasado 27 de junio en un control vehicular por Florient M., un gendarme de 38 años que pertenece a la brigada CSIO 93, reconocida y señalada por sus prácticas violentas y racistas.

A las manifestaciones espontáneas convocadas por familiares y amigos de Nahel, se sumaron rápidamente otras convocatorias en los distritos periféricos de París y que derivaron en protestas violentas. Durante más de una semana se sucedieron ataques a comisarías, escuelas, estaciones de metro y edificios administrativos. Una insurrección contra todo lo institucional. La chispa que incendió los guetos de París, y luego toda Francia tiene su origen en el caso Merzouk pero forma parte de una antigua tradición de racismo, exclusión y colonialidad.

Dos días después de la muerte de Nahel, los disturbios se extendieron por toda Francia. En París fueron detenidas más de 200 personas en la última semana,​ 24 agentes resultaron heridos y más de 50 automóviles fueron incendiados. El ministro del Interior de Francia, desplegó 1.200 policías antidisturbios y gendarmes en París y sus alrededores. El 29 de junio Macron anunció que el gobierno desplegaría 40.000 soldados en todo el país.

Abdelmadjid Benamara, abogado de la familia de Merzouk, declaró a The Independent que los suburbios franceses, donde priva la pobreza y el desempleo, están construidos para que sus pobladores se sientan expulsados del resto del país. “La muerte de Nahel fue la gota que derramó el vaso de ira y resentimiento”, afirmó y aseveró que este año existen otros 13 casos recientes de personas que fueron asesinadas por policías en controles de tránsito y sólo se investigan cinco.

Mientras integrantes de la France Insumise y referentes de organizaciones antirracistas denuncian que la muerte de Merzouk es la última evidencia de brutalidad policial sistemática y discriminación racial no abordada en Francia, el gobierno de Macron culpó a las redes sociales y avanzó en un pedido suspender el acceso a redes soen casos de emergencia nacional.

En ese sentido el portavoz del gobierno Olivier Verán señaló que "Existen por ejemplo, funciones de geolocalización en ciertas plataformas, que permiten a los jóvenes encontrarse en tal o cual lugar, mostrando escenas, cómo provocar incendios, etc..... Son llamadas a la organización del odio en el espacio público, y ustedes tienen autoridad para suspenderlas".