Tras la aprobación del uso de pistolas taser para miembros de fuerzas policiales, numerosos organismos de Derechos Humanos repudiaron la medida y exigieron al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández que de marcha atrás con la decisión. "Se está institucionalizando la tortura en nuestro país. Somos categóricos, gobierne quien gobierne: las pistolas Taser violan derechos humanos consagrados en nuestra Constitución", enfatizaron.

El comunicado conjunto lo firman las Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo- Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S. Capital, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos- La Matanza y Asociación Buena Memoria entre otros organismos.

A pesar de que el propio ministro Fernández criticara el uso de las pistolas eléctricas cuando era opositor al gobierno de Mauricio Macri, aprobó una licitación de compra directa por valor de USD$ 170.000 dólares. Aunque las pistolas serán destinadas a los grupos especializados de las fuerzas federales, como el Albatros de Prefectura, el Alacrán de Gendarmería, los Grupos Tácticos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, las Unidades tácticas de Intervención Federal y el GEOF de la Policía Federal, no se descarta que también puedan disponer de ellas los miembros de la Policía de la Ciudad.

En un año electoral y con los números generales de la gestión de gobierno en rojo-atravesados por la guerra y la pandemia-, el Frente de Todos parece dejarse arrastrar por el escoramiento a derecha que se dibuja en el panorama político nacional.

Con el 40% de pobreza, sin políticas de redistribución de ingreso a pesar del superávit comercial, con ajustes y despidos en el trabajo formal y en la economía popular, y ahora con el regreso de las Taser -que más que las pistolas es un símbolo- el Frente dinamitó los puentes con su amplio y heterogéneo electorado.