En Córdoba, uno de los espacios que hace años viene siendo señalado por las irregularidades y violaciones sistemáticas a los derechos humanos, es la Unidad de Contención de Aprehendidos (UCA). Por esto, en el marco de las actividades para ir ambientando de cara a la 8va MNCGF, el colectivo y la Coordinadora convocan a mañana jueves a las 10 horas a una concentración UCA, para denunciar dichas irregularidades y la persistente violencia sistemática.

“Apuntamos a la UCA porque vienen pasando supuestos suicidios y falta de atención médica... en junio de este año falleció Ezequiel Castro (21), que lo llevan detenido aún teniendo la libertad firmada por parte de Tribunales y aparece asesinado en el Hospital Misericordia el día lunes, a raíz de golpes que le dieron”, explicó Romina Ludueña, integrante de la Coordinadora, a Enfant Terrible. Además, agregó que Castro había logrado hablar con los médicos del Hospital, a quienes les pidió que no lo dejaran volver a la Unidad, ya que allí era sometido a golpizas y privación de agua durante días.

Como el caso de Ezequiel también están otros, como el de Luis Alberto Santacruz que en febrero de este año tuvo "una crisis nerviosa", por lo que fue aislado para su "contención" y a las 2 horas lo encontraron ahorcado con una cadena. Más atrás en el tiempo, en septiembre de 2021, Maximiliano Miranda ingresó a la UCA con tres heridas de bala. "A pesar del reiterado reclamo y pedido de ayuda de los otros detenidos, no recibió la atención médica necesaria y falleció".

Mucho antes, en 2013 apareció "suicidado" Roberto Agustín Irusta, luego de padecer distintas torturas y tratos inhumanos de parte del servicio penitenciario. Por este episodio, en 2019 el Comité de Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes (CAT) intimó al Estado argentino a llevar adelante todas las acciones necesarias para investigar, juzgar y reparar el asesinato de Irusta. “A pesar de esta condena de la ONU, el servicio penitenciario continúa impune: nadie fue sentado en el banquillo de los acusados. Una muestra la convivencia del poder judicial y policial con las prácticas de tortura”, explicaron desde la Coordinadora.

Por otro lado, Romina calificó de "desapariciones" a las detenciones que se llevan a cabo en la UCA, ya que “cuando ingresan a la UCA, para nosotros los familiares es casi imposible poder rastrearlos, recién a los 3 o 4 días podemos saber algo, nadie nos da respuestas”. “Queremos respuestas, porque nadie dice quien autoriza los traslados al CPA, qué tratamientos se asignan, ni qué doctores están a cargo. En el peor de los casos las personas que han sido trasladadas al CPA terminan muertas en el Hospital Misericordia y creemos que hospital sabe mucho y tampoco se hace responsable”.